Por Aurelio Contreras Moreno
25 de febrero de 2015

No hay plazo que no se cumpla. Y menos aún, cuando tiene que ver con la manera como se ha torcido la ley en Veracruz para satisfacer revanchas personales desde el poder.

Lo anterior viene a colación porque este martes apareció publicado en estrados del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, el proyecto de resolución por medio del cual se concede a la columnista María Josefina Gamboa Torales un amparo contra el auto de formal prisión que la mantiene encerrada en el reclusorio de Tuxpan, con lo cual obtendría su libertad condicional.

El proyecto de sentencia 302/2014 del magistrado Hugo Arturo Baizabal Maldonado fue hecho público este martes 24 de febrero y se espera sea votado en los próximos días por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo, por lo que Gamboa Torales estaría a punto de recuperar su libertad para, en esas condiciones, continuar el proceso que se le sigue por haber atropellado y matado de manera accidental al tatuador José Luis Burela en la ciudad Boca del Río, en julio del año pasado.

De confirmarse el amparo y la libertad bajo fianza de María Josefina Gamboa, se corroboraría la manera facciosa, amañada y canalla con que actuó la entonces Procuraduría General de Justicia, hoy Fiscalía General del Estado, que ya encabezaba y en donde permanece Luis Ángel Bravo Contreras, en contra de la columnista del diario porteño Notiver, a quien indebidamente se le negó la fianza a la que tenía derecho desde un principio, con tal de satisfacer los deseos de venganza del gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Gamboa Torales se distinguió desde unos años a la fecha como una férrea crítica de la administración duartista en su espacio en ese periódico del puerto de Veracruz. Ello le valió ser víctima de un flagrante abuso de poder luego de arrollar en una avenida de Boca del Río a José Luis Burela, quien dicho sea de paso, cruzó la rúa de manera imprudente a pesar de estar a unos metros de un puente peatonal.

Duarte de Ochoa ordenó lanzar todo el peso del estado contra la también, en ese momento, funcionaria municipal del Ayuntamiento de Boca del Río, donde gobierna uno de los enemigos políticos del régimen, Miguel Ángel Yunes Márquez. Su caso ha sido una de las muestras más palpables de cómo en Veracruz se tuerce la ley y se pervierte a las instituciones con fines personales, en este caso, de revancha y sometimiento contra quien ejerce el periodismo crítico en esta entidad.

La protección de la justicia federal restablecerá el orden jurídico roto por el propio Gobierno del Estado de Veracruz. Pero no borrará los abusos en los que el duartismo incurrió en contra Gamboa Torales, quien no sólo fue aprisionada indebidamente, sino que en ese inter, fue despojada de su hija menor de edad, que fue alejada del hogar materno como parte de esa demencial sed de venganza del Ejecutivo veracruzano.

El amparo a Maryjose Gamboa pone en ridículo a la procuración de justicia en el estado de Veracruz y a todo el sistema penal local, que dobló la cerviz ante las órdenes del Ejecutivo a sabiendas de que se vulneraban los derechos de la periodista, que tarde que temprano obtendría en la justicia federal una restitución de sus garantías constitucionales.

María Josefina Gamboa Torales debe pagar por la muerte de la persona a la que atropelló accidentalmente, sin lugar a dudas. Pero ¿quién hará pagar a Luis Ángel Bravo y a Javier Duarte por haber torcido la ley y quebrantado deliberadamente el debido proceso con fines aviesos, en su caso y en los de muchísimos veracruzanos más?

Eso todavía es un misterio.

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