Por Danner González
26 de febrero de 2015

Concluida la Revolución Mexicana y fortalecido el partido hegemónico (PNR, PRM, PRI), se concentraron en la figura del Presidente de la República enormes poderes que le permitieron, durante casi siete décadas, poner en marcha un sistema de calculados equilibrios, pesos y contrapesos. Se trató de una solución incluso más eficaz –para sus ambiciones– y desde luego institucional, que la de Porfirio Díaz, a costa de una política de privilegios, estímulos y corrupción entre los miembros de la clase política, para las grandes centrales corporativas y para los empresarios afines al sistema.

Es conveniente hacer este recuento porque los escándalos de la casa de Ixtapan de la Sal de Enrique Peña Nieto; la “Casa Blanca” en las Lomas de Chapultepec de Angélica Rivera; la casa de Malinalco de Luis Videgaray; la cancelación de la licitación del tren rápido México-Querétaro a una empresa china por la poca transparencia con la que se llevó este proceso; sumado a que de los 25 integrantes del gabinete presidencial, 21 tienen en conjunto 102 propiedades de dudosa procedencia[1]; subrayan un hecho rotundo: que la corrupción en las altas esferas del poder revela que el viejo modus operandi del “nuevo” PRI está más vigente que nunca.

Estas reflexiones respecto al tema de la corrupción, son necesarias porque en 2013 nuestro país se ubicó en el lugar 109 de 177 países en el Índice de Percepción de la Corrupción que elabora Transparencia Internacional. El cáncer de la opacidad, los negocios en lo oscurito y las corruptelas al amparo de conflictos de intereses, dañan a la sociedad y la confianza en las instituciones, al tiempo que deterioran la imagen del gobierno. Como consecuencia inmediata de ello, disminuyen los ingresos públicos destinados a bienes y servicios básicos como salud, educación, vivienda y bienestar social. Asimismo, reduce los niveles de crecimiento económico y empleo en el sector privado y en el público, lo que agrava la pobreza, la desigualdad social y daña los procesos de inversión en el país.

Por estos días, en ambas Cámaras del Congreso de la Unión se discute y se votará –después de muchos dimes y diretes, de negociaciones, cambios y concesiones entre los partidos tradicionales (PRI-PAN-PRD) que como en aquella canción de Timbiriche, son uno mismo–, el muy publicitado Sistema Nacional Anticorrupción, que en la más pura teoría, representa una reingeniería institucional, que tiene entre los principales puntos del acuerdo ya consensado, los siguientes: la extinción de dominio en casos de enriquecimiento ilícito, auditorías en tiempo real e informes individuales a cargo de la Auditoría Superior de la Federación, que podrá también conocer de asuntos locales a petición de los Congresos Estatales; los titulares de los órganos internos de control serán designados por la Cámara Baja; los servidores públicos deberán presentar declaración patrimonial y de conflicto de interés; se creará el Tribunal de Justicia Administrativa para sancionar faltas graves; los informes de fiscalización a nivel federal y local serán públicos y finalmente, uno de los puntos más discutidos: el Secretario de la Función Pública deberá ser ratificado por el Senado. ¿Suena bien, no? Pero eso es, le repito, amable y como yo desconfiado lector, en la más pura teoría.

Lo cierto, lo que vemos todos los días es un entramado de acuerdos entre los partidos de siempre para salirse con la suya, para sepultar sus escándalos de corrupción creando comisiones e instituciones con dientes que no muerden, leyes que al paso del tiempo se convierten en letra muerta y carecen de aplicación y eficacia.

Un balance se impone: por un lado, los ciudadanos no deben conformarse con que los legisladores les vendan espejitos, leyes y sistemas curalotodo, deben exigir su aplicación puntual; por otro lado, ya va siendo tiempo de que los servidores públicos de todos los niveles entiendan que su ministerio de ley les obliga a servir, no a servirse, que la función pública es un alto honor otorgado por quienes mandan –los ciudadanos– y no la ruta más corta para alcanzar riquezas y privilegios. Cuando todos en este país entendamos eso, habremos encontrado para la corrupción, el remedio y el trapito.

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@dannerglez

[1] Cisneros Duarte, José Roberto. “La casa de Malinalco de Videgaray y más de 100 propiedades del gabinete”, CNN MÉXICO, 15 de diciembre de 2014. Disponible en: http://mexico.cnn.com/adnpolitico/2014/12/15/la-casa-de-malinalco-de-videgaray-y-las-otras-100-propiedades-del-gabinete [Última consulta: 25 de febrero de 2015]