Por Mario Javier Sánchez de la Torre
09 de febrero de 2015

El pasado martes 3 de febrero, en el Salón Manuel Ávila Camacho de la residencia oficial de Los Pinos, en la capital del país, el priista Enrique Pena Nieto, presentó un programa de ocho acciones ejecutivas para combatir la corrupción. Acciones que por las actividades que las rodean solamente pueden calificarse como: “acciones ejecutivas oníricas para combatir la corrupción”.

A continuación las ocho citadas acciones:

1) A partir del próximo mes de mayo los funcionarios públicos -no especifica si de los tres niveles de gobierno o de cual- entreguen junto con su Declaración Patrimonial un listado de posibles conflictos de intereses o que lo hagan en el momento que consideren sea necesario;

2) La creación por parte de la Secretará de la Función Pública (SFP) de una unidad especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Intereses, que tendrá cobertura en los Comités de Ética de las dependencias públicas ( obviamente en las que exista este Comité);

3) El establecimiento de reglas de integridad para el ejercicio de la función pública, en donde se incluya un Protocolo de Actuación, que cerrará márgenes a la discrecionalidad en la interpretación de las normas;

4) Establecer protocolos para el contacto entre contratistas y servidores públicos que estén encargados de decidir sobre contrataciones, vigencias y permisos otorgados por el gobierno federal;

5) Con plazo de vencimiento al mes de abril del año en curso (no detalla el día, que puede ser el primero y últimos del mes), cada dependencia del gobierno clasifique e identifique el nivel de responsabilidad de cada servidor público que interviene en la toma de decisiones. Y que la SFP hará un directorio con sus datos y los certificará oficialmente;

6) Se implementará una ventanilla única federal (otra más) a nivel nacional, para lo cual en esa fecha (martes 3 de febrero del 2015), se debió haber publicado un decreto que establezca los procedimientos para presentar la documentación en formato digital a través del portal: www.gob.mx Acción con la que se busca eliminar el contacto entre los servidores públicos y los interesados en obtener contratos, cerrando así espacios a la corrupción;

7) Se ampliará el listado público de proveedores del gobierno federal que han sido sancionados por la administración pública, en donde aparecerá la información detallada sobre lo que causó la sanción, así como también la firma de convenios con las cámaras empresariales para combatir la corrupción y

8) La SFP tendrá que investigar su hubo o no conflicto de intereses en la compra de inmuebles a nombre de Enrique Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso.

Siendo que los resultados de todas estas investigaciones serán evaluados por la SFP, la cual después de dos años de estar sin cabeza, el Presidente de México, nombró o designó, como a usted más le guste estimado lector, a Virgilio Andrade Martínez como su nuevo titular, acción presidencial que ha causado todo tipo de opiniones en contra, a nivel nacional e internacional, por la importancia que la decisión tiene para la imagen del país ante el mundo, al grado que The Economist, semanario Inglés, publicó en días pasados lo siguiente: El presidente Enrique Peña Nieto debe limpiar primero su nombre si quiere que funcionen las medidas anticorrupción que anunció el martes pasado (3-febrero-15). Señalando también que los partidos de oposición han estado sospechosamente callados sobre los temas de corrupción en la administración federal debido a que también tienen cola que les pisen. En cuanto a la actuación del nuevo secretario de la Función Pública, cuestiona lo imparcial que puede ser su actuación “ya que le debe su trabajo al señor Peña”.

Así pues las cosas en lo referente a la importante investigación y aclaración de lo sucedido en la compra de inmuebles, tanto de la pareja presidencial, como del secretario de Hacienda y Crédito Público. La que por donde se le analice, solamente por la forma del nombramiento del nuevo secretario de la Función Pública, tiene un panorama nada claro, sino todo lo contrario, muy nebuloso. El cual se obscurece aún más, si nos remontamos al Senado de la República que durante el mes de diciembre del año 2013, aprobó en comisiones -en ese momento la llamada- Reforma Anticorrupción, que creaba o creó – aún no se sabe que paso con ella- un órgano autónomo que sustituiría a la actual Secretaría de la Función Pública, según explicó la senadora del Partido Acción Nacional, Laura Rojas. Proponiendo la presidenta de la Comisión de Gobernación y senadora del Partido Revolucionario Institucional, Cristina Díaz, que el titular del nuevo órgano autónomo, debería ser nombrado a propuesta de las bancadas del Senado con el voto de las dos terceras partes de los miembros asistentes a esa sesión. Todo lo contrario a lo que hizo hace unos días el presidente de México, el priista Enrique Peña Nieto, al nombrar a Virgilio Andrade Martínez, como nuevo titular de la SFP.

Por lo que surgen los cuestionamientos ¿Hasta dónde investigará la SFP el problema de conflicto de intereses que se generó con la “compra de inmuebles” por parte de Enrique Peña Nieto y su esposa Angélica Rivera y el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso? Y ¿si llega al fondo de la investigación, informará el resultado que encuentre a la población mexicana? Hasta el miércoles.

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