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Ciudad de México, 4 de febrero (SinEmbargo).- Virgilio Andrade Martínez, nombrado ayer por el Presidente Enrique Peña Nieto como Secretario de la Función Pública (SFP), es amigo cercano de Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un vínculo que surgió en 1986, en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), mientras uno cursaba la Licenciatura en Derecho y el otro, la de Economía.

Andrade Martínez tiene, desde ayer, el encargo prioritario de investigar si hubo conflicto de interés en la adjudicación directa de contratos de obra pública a Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa y a Roberto San Román Dunne, del grupo que lleva su apellido. El Presidente Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera Hurtado y el Secretario de Hacienda adquirieron propiedades edificadas por las constructoras de estos empresarios a precios más baratos del mercado o con hipotecas blandas.

La remuneración salarial para el Secretario de la Función Pública será en términos brutos de 205 mil 122 pesos con cinco centavos al mes; además de algunos bonos como colectivo de retiro, gastos médicos y gratificación de fin de año, según el perfil de puesto en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT).

Desde que Andrade Martínez y Videgaray Caso se conocieron en el ITAM no han roto los lazos. Ernesto Villanueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien ha atestiguado esa relación añeja, describe: “En términos políticos, Videgaray es el padrino de Andrade. Él lo propuso para la consejería en el Instituto Federal Electoral (IFE) y ya en la administración peñista, también para la titularidad de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer)”.

Para Villanueva, estudioso de los formatos de Declaración Patrimonial, el nombramiento de Andrade Martínez entraña un conflicto de interés en sí mismo: “Se le pide que haga una investigación sobre su jefe, la esposa y su amigo. Más paradójico no pudo ser el anuncio para dirigir una dependencia que ciertamente, ya no podía andar sola, sin cabeza. Pero, definitivamente, no se requería más demagogia”.

Virgilio Andrade Martínez nació en el Distrito Federal en 1967 y hasta ahora, fue titular de la Cofemer. Además de la Licenciatura en Derecho, tiene una maestría de Administración y Políticas Públicas en la Universidad de Columbia. En 2002, fue secretario técnico y director adjunto de Promoción del Banco Nacional de Crédito Rural y Financiera Rural.

El Presidente anunció ayer: “Reafirmando mi absoluto compromiso con la Transparencia y la Rendición de Cuentas he solicitado a la Secretaría de la Función Pública que investigue y resuelva si hubo o no conflictos de interés en las obras públicas o contratos otorgados por dependencias federales a empresas que celebraron compra-venta de inmuebles con mi esposa, con el titular de la SHCP y con un servidor”.

En esta parte, puso énfasis: “… El Presidente no otorga contratos, no adjudica compras, ni obras, tampoco participa en ningún comité de adquisiciones, arrendamientos o servicios… Y no obstante estas aclaraciones, soy consciente de que los señalamientos realizados generaron la apariencia de algo indebido, algo que, en realidad, no ocurrió”.

En general, el anuncio del Presidente fue calificado por luchadores emblemáticos de la transparencia en México como un golpe al combate a la corrupción que acaba por hundir las posibilidades de la creación de una comisión desconcentrada que investigue y penalice las acciones corruptas de la burocracia mexicana. Ahora, hay más dudas que certezas después de que el Primer Mandatario tomara el micrófono para hablar, por primera vez en dos años de gobierno, sobre la corrupción.

“No cambia nada. Ni con las ocho medidas, ni con el nombramiento en la Función Pública. Todo apunta a que este anuncio se desinflará conforme pasa la nota. No implica nada. En Transparencia, lo importante son las acciones y pareciera que el Presidente se resiste a la actuación”, exclamó Ernesto Gómez Magaña quien en la última década ha impulsado la política del Gobierno Abierto desde varias organizaciones civiles y hoy se encuentra en Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas.

Mauricio Merino del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) consideró el anuncio también como una paradoja porque justo en el tema en el que se requiere una respuesta con seriedad, ocurren contradicciones.

Sobre todo, la incógnita es cómo Andrade Martínez, nuevo encargado de la gobernanza nacional, logrará realizar su labor en una dependencia que desde el primer día del gobierno peñista inició un proceso de desmantelamiento de sus órganos internos de control. La razón era la Reforma Constitucional que envió el Ejecutivo al Congreso para sustituir a la Función Pública con una comisión anticorrupción.

En los primeros dos años del Gobierno del Presidente Peña Nieto, el ámbito de la Transparencia no fue sobresaliente. Desde que tomó posesión y hasta el mediodía de ayer, 3 de febrero, la Secretaría de la Función Pública se mantuvo acéfala y operó con un encargado de despacho: Julián Alfonso Olivas cuya facultad, en realidad, era la de subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones.

La Transparencia y la Rendición de Cuentas integran apenas tres párrafos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), el documento en el que los mandatarios mexicanos dejan su impronta al trazar  las rutas críticas de los ámbitos en los que les interesa focalizar el trabajo de su administración.

Y hasta el mediodía de ayer, “corrupción” fue una palabra que el Presidente pronunció muy pocas veces en dos años de gobierno. No lo hizo en su Primer Informe de Gobierno y en el segundo, apenas si la dijo una vez. El Informe es el ejercicio mayor de la Rendición de Cuentas, según marca la Constitución.

El 19 de agosto de 2014, el Presidente expuso lo que piensa de ese cáncer tan crecido que logró colocar a México en el último sitio de los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) según el Índice de Percepción de la Corrupción 2012. En el programa “Conversaciones a Fondo”, organizado por el Fondo de Cultura Económica, Denisse Mearker –una de los seis periodistas convocados- lo cuestionó sobre cuál era la estrategia para combatir ese mal en México. El Presidente sostuvo que la corrupción es un cáncer social que no es exclusivo de México. “Lo es –yo creo– que de todas las naciones, un tema casi humano que ha estado en la historia de la humanidad, y que en México se han hecho esfuerzos porque tengamos instituciones que combatan la corrupción y que además aseguren mayor transparencia”. León Krauze lo increpó con el dicho de que en Estados Unidos los mexicanos pagan multas e impuestos. El Presidente exclamó: “Yo sí creo que hay un tema cultural lamentablemente”.

LA DIFUSA DECLARACIÓN

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La víspera, la Presidencia de la República citó a los reporteros a las 12:00 horas de ayer en el salón Manuel Ávila Camacho de la Residencia Oficial de Los Pinos. El Presidente apareció cuarenta minutos después. Entonces, justo con el dato de que México tiene la puntuación más baja de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en corrupción y de que él piensa que es “un tema cultural”, arrancó el discurso que aterrizaría en el anuncio de la investigación del conflicto de interés.

Expuso la importancia de precisar que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos señala a la letra que habrá intereses en conflicto cuando los intereses personales, familiares o de negocios del servidor público puedan afectar su desempeño.

Admitió, el Presidente, que México carece de instrumentos normativos para determinar con claridad potenciales conflictos de interés y por ello, se pediría el asesoramiento y acompañamiento de la OCDE.

Al momento de sus palabras, la declaración patrimonial de Enrique Peña Nieto se mantenía tal cual en la página de la Presidencia de la República, con las mismas inconsistencias que le señalaron analistas cuando la presentó en noviembre de 2014, poco después de la revelación periodística de Noticias MVS de la llamada “casa blanca”, una mansión en las Lomas de Chapultepec, construida por Juan Armando Hinojosa Cantú, uno de los contratistas del gobierno.

A diferencia de la declaración patrimonial de su homólogo, Barack Obama, Presidente de Estados Unidos, la del Presidente mexicano no muestra escrituras públicas, documentos contractuales ni otros instrumentos que ayudarían a tener claro el origen de su fortuna. Expone que seis de las nueve propiedades suyas fueron donadas por su padre o su madre, mientras una le fue heredada por quien fuera su esposa, Mónica María Pretelini Sáenz. Sólo compró dos inmuebles, uno de ellos cuando tenía 15 años.

Por la casa que adquirió en 1982 –en su adolescencia- pagó 924 viejos pesos. Según el documento, el 19 de marzo de 2001 heredó de su cónyuge un departamento en Acapulco con un valor de 2.6 millones de pesos. El traspaso tuvo que haber ocurrido en vida de Pretelini porque falleció seis años después.

El valor de sus propiedades no está actualizado. En algunas, están expresadas en viejos pesos, lo que genera confusión más que certeza.

Ver esta información de: http://www.sinembargo.mx/04-02-2015/1238934