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Un juez federal de Texas ha ordenado bloquear temporalmente la acción ejecutiva anunciada por el presidente, Barack Obama, a nivel nacional el pasado mes de noviembre, con la que pretendía aplazar la deportación de millones de inmigrantes indocumentados.

La medida anunciada por el mandatario estadounidense pretendía postergar las deportaciones de inmigrantes en situación irregular que llegaron al país siendo niños, así como de los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales. En total, cerca de cinco millones de personas podrían beneficiarse de esta medida.

Sin embargo, el juez federal Andrew S. Hanen, de la corte de distrito federal en Brownsville, ha dictado una medida cautelar de bloqueo al entender que el Gobierno no ha cumplido con las leyes de procedimiento administrativo, dando así la razón a los 26 estados gobernados por los republicanos, incluido Texas, que habían recurrido la acción ejecutiva de Obama.

“El tribunal considera que la incapacidad del Gobierno de garantizar la seguridad en la frontera ha exarcebado la inmigración ilegal a este país”, ha afirmado el juez en su resolución. Asimismo, ha considerado, tal y como argumentaban los estados, que esta falta de actuación, “unida a la alta tasa de inmigración ilegal del país, consume significativamente los recursos de los estados”.

En un memorándum que acompaña su orden de paralizar la aplicación de la acción ejecutiva, el juez Hanen ha defendido que el recurso debe seguir adelante y que si no se suspendía temporalmente la puesta en práctica de la medida los estados “sufrirían un daño irreparable en este caso”.

“Sería imposible volver a meter al genio de nuevo en la botella”, ha subrayado y ha coindicido con los demandantes de que la legalización de millones de inmigrantes indocumentados es una acción “virtualmente irreversible”.

El juez Hanen, un abierto crítico de la política migratoria de la Administración Obama, no se ha pronunciado sobre los méritos del recurso formulado por los 26 estados o ha ofrecido una opinión formal sobre la constitucionalidad de las medidas anunciadas por Obama, sino que ha aceptado la suspensión temporal hasta que toma una decisión sobre el recurso formulado.

La Casa Blanca apelará

Desde la Casa Blanca, se ha defendido la potestad de Obama para adoptar las medidas anunciadas en noviembre “para ayudar a arreglar nuestro sistema roto de inmigración” y que son conformes “con las leyes aprobadas por el Congreso y las decisiones del Tribunal Supremo”

“La decisión del tribunal de distrito impide equivocadamente que estas políticas legales y de sentido común tengan efecto” por lo que el Departamento de Justicia “apelará esa decisión”. Asimismo, ha animado a los inmigrantes a los que iba a beneficiar la medida que entraba en vigor este miércoles a que vayan reuniendo los documentos necesarios ya que esta moratoria “es solo temporal después de todo”.

Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha celebrado la decisión del juez, que no ha dudado en calificar de “victoria para el estado de derecho” y de “un primer paso crucial para controlar la ilegalidad del presidente Obama”. La resolución deja claro que el presidente “debe trabajar con nuestros líderes electos en el Congreso y satisfacer a los tribunales”, ha añadido en un comunicado.

Desde las organizaciones de apoyo a los inmigrantes se ha lamentado la decisión del juez Hanen, que han calificado de “bache en el camino”. “La resolución del juez Hanen no es permanente y confiamos en que será rechazada por un tribunal superior”, ha afirmado la directora de United We Dream, Cristina Jimenez, en un comunicado.

Acción ejecutiva

El pasado 20 de diciembre, Obama había anunciado dos acciones ejecutivas con las que pretendían frenar la deportación de millones de inmigrantes que se encuentran en situación irregular en Estados Unidos. La primera de ellas supone la modificación de los requisitos para acogerse a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).

Así, estaba previsto que a partir del 18 de febrero pudieran acogerse a esta opción, que permite legalizar la residencia durante el plazo de tres años y poder solicitar un permiso de trabajo durante este tiempo, que será prorrogable por otros tres años.

A ello podrán acogerse todos aquellos inmigrantes que llegaron a Estados Unidos antes de cumplir 16 años de edad, han residido en el país desde el 1 de enero de 2010 hasta la actualidad; estaban físicamente en el país el 15 de junio de 2012 y cuando presenten su solicitud, y no ha tenido nunca un estatus migratorio legal antes de esa fecha; está asistiendo a la escuela, se graduó u obtuvo un certificado de finalización de escuela secundaria, entre otros; y no ha sido condenado por un delito grave o tres o más delitos menores ni representa una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.

Por otra parte, Obama decidió permitir que los padres de ciudadanos estadounidenses y de residentes permanentes legales soliciten acción diferida y autorización de empleo por un periodo de tres años, a través de un nuevo programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA), siempre y cuando hayan residido en Estados Unidos desde el 1 de enero de 2010 o antes, y no tengan antecedentes penales.

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