Qué bien que el órgano de control actúe en consecuencia cuando haya motivos para inhabilitar a un servidor público cuando se comprueban anomalías en su desempeño; tal es el caso de Álvaro Capetillo, ex director del Instituto Veracruzano de Educación, señalado por la contraloría por malos manejos y no puco comprobar el gasto de 36 millones de pesos. La cantidad es elevada y mereció la inhabilitación y, además, debe resarcir el daño, de lo contrario habrá procedimientos de  otro carácter, así se entiende en lo declarado por el Contralor. Este caso no es el único, ojala no sea selectivo el procedimiento, por aquello de la justicia a secas.