Cientos de trabajadores que prestaron sus servicios en el desarrollo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe siguen penando porque se les pague lo que en derecho les corresponde por los servicios que prestaron; tres meses de promesas incumplidas sobre su pago, de manifestaciones frente a un gobierno que está en las mismas condiciones de ellos porque no tiene dinero siquiera para completar la nómina. Son cerca de tres mil personas, ciudadanos de carne y hueso que contaban con el fruto de su trabajo pero no se les ha cumplido y hablan de un fraude pues su contrato carece del nombre de la empresa y su propietario. ¡Qué drama!