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Por Carlos Loret de Mola
Columna Historias de Reportero El Universal

Miércoles 18 de febrero de 2015

Para ‘Chitó’, en su cumple

Un gobernador en la cárcel por desviar recursos, un financiero prófugo por defraudar a sus clientes, una caja de ahorro sospechosa de lavar dinero, un gobernador acusado de embolsarse 300 millones de pesos, un par de candidatos bajo sospecha de favorecer a empresarios irregulares, un presidente en jaque por conflicto de interés.

¿Es bueno que estén saliendo al fin estas cosas porque gana la transparencia? ¿Desalienta constatarlo porque sucede a todos los niveles, en todos los partidos, por todos los lugares? Ha llovido. Y la tormenta está lejos de irse.

En unas horas, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, le pondrá número a la sospecha de desvío de recursos del presupuesto durante el año 2013. Presentará ante el Congreso sus observaciones a la cuenta pública correspondiente a ese año.

Según la información que tengo, su exposición desatará una reflexión automática: si en México no hubiera malversación de fondos, la secretaría de Hacienda no hubiera tenido que realizar un recorte de tal tamaño al presupuesto por la caída de los precios del petróleo. Con ahorrarse la corrupción alcanzaría para amortiguar el golpe.

De acuerdo con fuentes de primera fila, el grueso de los presuntos desvíos se detectaron en los rubros de Seguro Popular y Educación (la nómina de maestros, como principal fuente de gasto discrecional para los gobernadores).

Entre los estados señalados por la Auditoría Superior de la Federación como los más sospechosos figurarán Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua. Una pesadilla para los gobernadores priístas Javier Duarte, Egidio Torre Cantú y César Duarte, respectivamente.

El mecanismo que pone en situación de vulnerabilidad al manejo de recursos y abre la puerta para supuestas transas tiene apodo. Le dicen la licuadora. Consiste en que una Secretaría de Finanzas estatal deposita en una misma cuenta concentradora todos los recursos federales y locales a su alcance; en esa cuenta se diluyen los orígenes y destinos planeados para ese dinero, y sencillamente se va retirando lo que se va necesitando: lo mismo pagar los sueldos de los doctores y maestros que adquirir nuevas camionetas para el “jefe” o comprar votos.

La discrecionalidad es peligrosa y los contrapesos son endebles: Hasta ahora hemos mencionado al dinero federal. Pero en la mayoría de los casos, el dinero estatal no es supervisado seriamente por nadie. Como sucedía con muchos Institutos Electorales de los estados, las Auditorías Superiores estatales suelen estar al servicio del gobernador. Quizá haga falta una reforma constitucional para nombrar fiscalizaciones reales donde no las haya y hasta permitir que las auditorías —federal y estatales— no tengan que esperar todo un año para emitir sus resultados, sino que los divulguen conforme estén concluidos.

Nos ahorraríamos mucho dinero. Se lo quitaríamos a los rateros disfrazados de políticos.

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