No cayó bien en la opinión pública mexicana el nombramiento de Virgilio Andrade como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, y no precisamente por su perfil personal o se ponga en tela de duda su honorabilidad, sino porque será difícil que en su desempeño pueda contar con la objetividad necesaria para “investigar” a quien lo nombra. Ese nombramiento adolece del mismo defecto en otros órganos de control y vigilancia, como en Veracruz, por ejemplo, en donde el Contralor depende del gobernador y está comprobado, porque ya ha ocurrido, que sólo ve, oye y dictamina lo que mejor convenga, y no necesariamente al interés público.