Qué bien que la Procuraduría Federal del Consumidor se decidió a actuar contra las gasolineras que venden litros incompletos de gasolina, algunas de ellas ubicadas en Coatzacoalcos, Orizaba, Córdoba, Veracruz y Boca del Río. Debiera imponer un severo escarmiento, conforme lo marca la normatividad, que en este caso sería la única forma de impedir que los propietarios de gasolineras prosigan robando impunemente al consumidor. Si efectivamente la pena por este delito es cárcel de 10 a 60 años, bueno sería empezar por cerrar las gasolineras en las que se cometa ese delito y en reincidencia aplicar la severa pena. Para empezar no estaría de más publicar la ubicación de esos expendios y de ser posible el nombre de sus propietarios y, por otro lado, darle seguimiento a los verificadores que con frecuencia entran en connivencia con esos negocios.