Por Alfredo Bielma V.
23 de marzo de 2015

Aunque tardía, la “reingeniería” en el aparato administrativo del gobierno veracruzano no está demás, por cuanto a que es indispensable una cirugía mayor que adelgace en lo que se pueda el pesado aparato con el que dificultosamente se mueve la administración pública veracruzana. No es esto último un fenómeno exclusivo de nuestro defectuoso crecimiento burocrático, también en el gobierno federal es manifiesto y de igual manera en la mayor parte de las entidades federativas se sufre de obesidad administrativa.

El 15 del mes en curso, en el editorial del periódico El Universal se publicó: “el Congreso de la Unión podría funcionar sin problemas con la mitad de las comisiones ordinarias con las que hoy cuenta… Esto repercutiría en un ahorro de gastos muy probablemente excesivos que poco reflejo tienen en el desempeño de las legislaturas…”.

El aserto refleja una realidad que se advierte en la abultada nómina de ese ente público; los antecedentes demuestran una realidad contrastante reflejada en la acentuada macrocefalia administrativa. Para entenderla basta un antecedente:

En la Cámara de senadores 1964-1970, cuando los senadores sesionaban en la vieja casona de Xicotencatl, cuando aún no llegaba la fiebre de la “pluralidad” y de la representación proporcional había sólo 60 senadores, dos por cada entidad federativa y el Distrito Federal, electos de acuerdo a la ortodoxia federalista. En aquellas legislaturas (XLVI-XLVII) integradas durante el mandato presidencial de Gustavo Díaz Ordaz el senado se movía con aproximadamente 120 empleados, correspondía una secretaria por cada senador, todos cabían en el emblemático edificio, una cafetería y un salón de sesiones bastaban para la cómoda dignidad de los representantes de las entidades federativas. Los empleados del Poder Legislativo cubrían un horario de 10 a 14.30 horas, eran la aristocracia de la burocracia en aquellos tiempos.

Para el registro de las sesiones había cuatro estenógrafos parlamentarios, que con sus máquinas “de avanzada” lograban reseñar las sesiones ordinarias, extraordinarias y solemnes para que en la siguiente sesión- martes y jueves- se contara con el ejemplar impreso del Diario de los Debates. La estructura administrativa de la Cámara de senadores de aquel entonces se componía de una Oficialía Mayor, de la que dependían Recursos Humanos y la Jefatura del Registro de los Debates, por supuesto la Tesorería, una Jefatura de vigilancia con seis elementos, incluido el jefe, un servicio médico a cargo de un médico, ex senador, y un archivo a cargo de tres personas. Párele de contar.

La República Mexicana se dividía para su organización interna en 29 estados, dos territorios y un Distrito Federal, cada cual aportaba dos senadores, excepto los territorios. El Presidente de la Gran Comisión, Manuel Bernardo Aguirre, no contaba con cuerpo de seguridad que lo resguardara, su automóvil lo estacionaba frente al edificio en un espacio abierto entre el majestuoso edificio de Telégrafos y la Casona de Xicotencatl, que servía de estacionamiento a los senadores.

Las leyes que se iniciaban o revisaban en ese recinto llevaban la garantía de formularse a conciencia y con plena certidumbre de una legislación adecuada a la realidad, la capacidad profesional y experiencia de los componentes de aquella legislatura lo garantizaba: tres senadores habían participado en el constituyente de 1917 (Juan de Dios Bojórquez (Sonora), Jesús Romero Flores (Michoacán) y Alberto Terrones Benítez (Durango); también Luis León (Chihuahua), uno de los fundadores de número del PNR en 1929; Ezequiel Padilla Peñaloza (Secretario de Relaciones Exteriores con Ávila Camacho); Manuel Tello Barraud (Secretario de Relaciones Exteriores con Alemán Valdés y con López Mateos), dos mujeres habían arribado por vez primera al senado: la jurista María Lavalle Urbina, por Campeche, y Alicia Arellano Tapia, por Sonora, por cierto, madre de la actual candidata del PRI al gobierno de ese estado. Andrés Serra Rojas, catedrático de la facultad de Derecho de la UNAM, maestro de generaciones, había sido Secretario del Trabajo en el gobierno de Miguel Alemán Valdés; Juan José González Bustamante y Rafael Matos Escobedo, ambos ex magistrados de la Corte Suprema, juristas de abolengo los dos; y políticos de la talla de Manuel Bernardo Aguirre, Rafael Murillo Vidal, Arturo Llorente González, Carlos Sansores Pérez, Gonzalo Bautista O´Farril, Carlos Loret de Mola, Manuel Sánchez Vite, Manuel Moreno Moreno, Alfredo, “El Tigre” Ruiseco Avellaneda, y líderes obreros como Jesús Yuren, Rafael Galván, Luis Gómez Zepeda, Napoleón Gómez Sada, Jesús Robles Martínez de la FSTSE, etcétera, un senado de lujo que no costaba a los mexicanos ni la centésima parte de lo que gasta el actual, y sin aquellas luces. Con estos antecedentes, que cada quien concluya lo conducente.

Si traslapamos el análisis hacia el Poder Legislativo de Veracruz encontraremos típicas singularidades, lo cual sería positivo si la transformación hubiera conducido a mayor calidad y eficiencia en ese Poder de gobierno. En 1970 en Veracruz había 203 municipios, sus cuentas eran glosadas por un grupo de 10 empleados pertenecientes al Departamento de Glosa del Poder Legislativo; no usaban computadoras, la calculadora aún no llegaba a Veracruz, se auxiliaban con aparatos de ábacos, papel y lápiz, ¡claro! los alcaldes se iban frecuentemente al monte con los recursos, como ahora; la diferencia es que no existía el Orfis cuyo presupuesto asciende a cientos de millones de pesos, tampoco la Comisión de Vigilancia del Congreso, cuyo personal excede en número al que componía el departamento de glosa. Además, la Cámara legisladora contaba con una Oficialía Mayor para el despacho de los asuntos administrativos y todo el personal del Poder Legislativo no llegaba a 50 empleados (ninguna comparación con los 600 que ahora tiene). Los 16 diputados, no 50 como ahora, sesionaban en su digno recinto de Palacio de Gobierno y las leyes que se deliberaron, se dictaminaron, aprobaron y decretaron conformaron el marco jurídico de su tiempo, todo con un pírrico presupuesto que no ascendía al medio millón de pesos. ¿Se nota la diferencia?

No es, no debiera ser sólo simple comparación, pues es obvio que existe una muy acentuada diferencia entre lo que fue y el complicado y dramático ser de la actualidad. No se trata de un nostálgico y romántico recuerdo, sino de circunstancias de cuyo análisis resultarían explicaciones congruentes sobre el porqué estamos como estamos en Veracruz. Queda en el tintero señalar que casi todo el gobierno cabía en el Palacio de la calle de Enríquez y que el presupuesto del Poder Ejecutivo frisaba en los 500 millones de pesos, de cuya aplicación hubo constancia fehaciente. ¿De qué dimensiones tendría que ser una verdadera reingeniería administrativa para volver al camino del orden? Lo demás es puro cuento.

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