Por Danner González
24 de marzo de 2015

A partir de la década de los 40´s del siglo pasado se afianzó el fenómeno político denominado “Presidencialismo”, cuyos rasgos característicos eran bien conocidos por el enorme avasallamiento que el titular del Ejecutivo Federal ejercía no sólo en la vida económica, sino política e institucional del país, lo que propició un control sobre los otros dos poderes (Legislativo y Judicial), a tal grado de que era práctica aceptada que “el poder de los poderes” era el Ejecutivo.

El proceso de democratización que vivió el país a partir de 1977, la pluralidad de la sociedad, el desmantelamiento del partido hegemónico, el resquebrajamiento del corporativismo, la competencia electoral, la pluralidad y fortaleza en las instituciones públicas, así como la propia dinámica del sistema político y del entramado social influenciado por las crisis económicas y por el proceso de apertura de la globalización y las nuevas tecnologías de la información, hacían suponer que la división de los poderes y los pesos y contrapesos en México tenían una evolución progresiva.

Sin embargo, con el regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) al poder presidencial, no sólo el proceso de consolidación democrática sufrió un revés, sino que hay claros síntomas de regresión y autoritarismo que recuerdan los momentos más oscuros de un régimen que se resiste a morir.

Las consecuencias de ello se ven reflejadas en los poderes Judicial y Legislativo. Con la designación de Arely Gómez González al frente de la Procuraduría General de la República y con el nombramiento de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el sistema de procuración y administración de justicia están a merced de los intereses políticos de Los Pinos.

Es sorprendente además, que la dinámica del Congreso durante los últimos años haya estado sujeta a la línea política que el Presidente delineó a través de ese acuerdo político perverso denominado “Pacto por México”, que hizo posible las mal llamadas reformas estructurales como la hacendaria, la educativa y la energética, que lejos de mover a México hacia el progreso, lo han orientado por el camino del desgobierno y la desesperanza.

La importancia del Congreso en la vida política de cualquier Nación es ampliamente conocida. Se trata de un poder público que tiene la alta tarea de hacer leyes justas para la convivencia social armónica entre los individuos, pero también cuando funciona de manera efectiva evita los abusos del poder Ejecutivo y funge como portavoz e intermediario entre la sociedad –que es a quien se debe- y el resto de las instituciones.

¿Qué sucede hoy en el Congreso? Los partidos tradicionales evitan a toda costa debatir sobre los grandes problemas nacionales, como si la crítica del gobierno federal fuera cosa prohibida. Resulta irónico que un Poder que debiera asumir su rol de contrapeso al Ejecutivo acabe convirtiéndose en quien le cuida las espaldas, un Congreso plegado a los designios presidenciales, un Congreso doblegado.

Es entendible, en consecuencia, por qué menos del 20% de los mexicanos confían en los diputados, tal como señala el “Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México 2014”, elaborado por el otrora Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE).

El país necesita un Poder Legislativo que revierta la sensación generada en la ciudadanía de que los legisladores no trabajan o que trabajan muy poco, en el mejor de los casos, y en el peor de que la mayoría parlamentaria sólo es un fiel portavoz de los mandatos del “señor Presidente”. El Congreso de la Unión debe trabajar con más intensidad, con más tiempo y en apego estricto a las demandas de los ciudadanos, pues éstos exigen y merecen legisladores de tiempo completo y profesionalismo, para poder cumplir celosamente con el mandato popular para el que fueron electos.

Basta asomarse por estos días a las sesiones de la Cámara de Diputados para toparse con una tierra baldía, de curules vacías y de legisladores –con honrosas excepciones– que oyen pero no escuchan lo que se dice en tribuna. En medio del fragor del proceso electoral, hay diputados que ya sólo esperan que llegue el 30 de abril para que se acabe el período ordinario y puedan hacer sus maletas.

Esos no son los legisladores que el país requiere, urgido de un rediseño institucional. Por eso, en breve presentaré una Iniciativa para ampliar el tiempo de los períodos ordinarios de sesiones, para buscar desterrar el control político hacia ambas Cámaras, para que los diputados trabajen más y buscando contribuir a abatir el rezago legislativo que no permite un análisis serio y profundo de proposiciones o reformas legales necesarias para el país.

 

*El autor es Diputado Federal a la LXII Legislatura de la Unión y Vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.