Por Rafael Arias Hernández
27 de marzo de 2015

Los recuerdos hacen presentes viejas demandas, irrealizados sueños. Más, cuando las fechas recuerdan a personajes victimas del sacrificio extremo, como Luis Donaldo Colosio.

El eco de todos los días, las voces de los sacrificados en aumento insisten en lo que bien se sabe, está y sigue pendiente:

“Es hora de cerrarle el paso al influyentismo, la corrupción y la impunidad…”

 

DE INTERMINABLES COMBATES

Y ahí está vigente el señalamiento: “Veo un México con hambre y sed de justicia…”

Larga y penosa historia de intentos y contados logros y avances. Innumerables documentos hechos y aprobados, supuestamente con el propósito de combatir  corrupción y  delincuencia electoral en las actividades oficiales.

Historias de nunca acabar,  del eterno combate a ineficiencia y delincuencia dentro de los gobiernos  que, según la temporada, se da en mayor o menor importancia, se olvida o usa.

En época de procesos electorales, adquieren mayor relevancia; más,  sobre la marcha  e intensidad de la contienda entre participantes para obtener el voto, apoyo y favor de los ciudadanos.

Bien lo saben responsables y culpables, presuntos y comprobados, reales y potenciales prófugos de innumerables delitos. Todos ellos mas los cómplices y encubridores van por toda clase de impunidad, si es la que otorga el fuero electoral mejor. Total ya electos…

En pleno transcurso de acciones y elecciones que brindan legalidad y legitimidad a quienes resultan electos, sobresalen algunos esfuerzos que hay que citar y tener en cuenta, para el éxito o fracaso de algún intento; y, porque su aplicación o evasión, su cumplimiento estricto o su inaplicabilidad, se manifiesta repetidamente, como característica de letra muerta, que es, a fin de cuentas,  en lo que se convierten o intentan convertir, los indebidamente beneficiados.

 

CUMPLIR Y HACER CUMPLIR

De entre ese mundo de documentos e intentos institucionales, permítaseme en esta ocasión citar algunos que adquieren especial relevancia, ya que (según los responsables) están diseñados y destinados a apoyar la canalización de  recursos públicos y a garantizar acciones gubernamentales oportunas y eficientes, a la creciente población de miserables y marginados, de pobres y hambrientos, de frágiles y en desventajas grupos sociales.

Tal es el caso de la Guía Anticorrupción; el Programa de Blindaje electoral;   y el Código de Conducta. Los tres elaborados y puestos en práctica, según la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno federal (SEDESOL). Disponibles en: http://www.sedesol.gob.mx/

Por obvias razones es altamente recomendable, tanto la lectura como la aplicación puntual de estas normas. Viaje sin retorno del dicho al hecho.

Pero sobre todo, porque la exigencia, vigilancia y control de esa efectiva aplicación puntual y general, contribuiría seriamente al combate a la corrupción y a la delincuencia electoral; y lo que es más importante, garantizaría la entrega puntual y sin condicionamientos, de recursos y apoyos a los más necesitados.

Razones sobran, sobre todo si tenemos presentes inconformidades, protestas y denuncias vinculadas al escandaloso y notorio índice de manipulación, condicionamiento y clientelismo  que realizan, operadores de todos colores y sabores, pero más los del partido a cargo o en el poder, para aprovecharse de actividades gubernamentales y, en particular, de los programas asistenciales y de desarrollo   y, claro, de los cuantiosos públicos que se manejan.

 

DEL DICHO AL HECHO

Sólo como un adelanto de los alcances a que puede llegar, por un lado la buena intención, o por el otro la simulación. Incluso, como un ejemplo del alcance que puede tener su probable aplicación. He aquí algunas y rápidas ideas y conceptos obtenidos de la presentación de la citada,  Guía Anticorrupción de SEDESOL federal.

“La corrupción es, en un sentido amplio, distraer a algo de sus fines. Corromper el Estado  es alejarlo de su función transformadora, de su obligación de llevar beneficios a las personas, de su responsabilidad por hacer efectivos derechos y libertades.

Las estimaciones disponibles sobre corrupción y cultura cívica muestran el déficit que  tiene la democracia mexicana para ofrecer resultados palpables a la población y confirman que en México es urgente desmantelar la corrupción, sus prácticas, así como los valores sociales que la sustentan…

La corrupción merma la capacidad del Estado para ofrecer bienes y servicios públicos, para atender derechos y libertades fundamentales como la seguridad, como el debido proceso, la igualdad entre los sexos, la alimentación, el trabajo, la educación o la salud…

El enfoque de derechos de la nueva política social no puede desvincularse del combate a la corrupción, del esfuerzo constante por rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad lo que hacemos los servidores públicos. Alcanzar los fines de nuestra función pública tiene un impacto directo en la calidad de vida de millones de mujeres y hombres. Y eso no lo podemos trastocar, corromper o poner en riesgo…”

Después de todo, según la referida dependencia del gobierno federal, sostiene que de lo que se trata es de asegurar legalidad, honradez, lealtad, eficiencia y respeto a los derechos humanos en el servicio público. Nada más y nada menos.

En todo caso, es imprescindible saber de derechos y libertades, de obligaciones y limitaciones.

Y por cierto, respecto a todo esto y más:

¿Qué documentos, acciones e intenciones similares hay vigentes y en operación por parte del Gobierno del Estado y de los Gobiernos Municipales?  ¿Qué de los recursos y apoyos, de metas y resultados, de la transparencia y rendición de cuentas de los programas asistenciales y de desarrollo social, estatales y municipales?

Sorpréndase, investigue o pregunte y confirme lo que ya se sabe…

 

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