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Por Hilario Barcelata Chávez
 Columna Economía y Sociedad

23 de marzo de 2015

El plan de ajuste del gasto público anunciado por el gobernador de Veracruz Javier Duarte, es una aceptación implícita de la comisión de graves fallas administrativas, aún impunes y lesivas al patrimonio y bienestar de los veracruzanos.

Hoy ante la imposibilidad de mantener el autoengaño de que todo está bien, se implementa un “decálogo de la austeridad” en el que se reconoce la existencia de problemas específicos que se pretenden resolver. Si cada medida corresponde a un problema identificado, podemos imaginar entonces que el diagnóstico del que partió dicho decálogo es el siguiente:

  1. Entidades administrativas que operaban injustificadamente bajo la figura legal de Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) cuando deberían ser organismos desconcentrados, lo cual incrementó el costo de su funcionamiento y por tanto el despilfarro de recursos.
  1. Falta de un control estricto de nómina en todo el gobierno, lo que generó un problema de dispersión, propiciando incertidumbre y descontrol en el pago de los servidores públicos al margen de los tabuladores aprobados. Más despilfarro de recursos.
  1. Cobro indebido del personal del servicio público en dos o más dependencias del gobierno, es decir, fuerte presencia de “aviadores”.
  1. Incumplimiento del pago oportuno a los pensionados, y del pago de cuotas y aportaciones al Instituto de Pensiones del estado.
  1. Uso excesivo de inmuebles para el funcionamiento del gobierno, en donde además se pagan rentas por encima de lo razonable financieramente.
  1. Exceso de asesores y de personal de apoyo adscrito a mandos medios y superiores.
  1. Uso indebido de servicios de seguridad personal por parte de mandos medios y superiores.
  1. Injustificada contratación de servicios de asesoría y estudios públicos.
  1. Otorgamiento excesivo de apoyos mediante subsidios.
  1. Duplicidades en el uso de las infraestructuras administrativas.

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Cualquiera que sepa sobre administración pública hubiera podido advertir la existencia de estos problemas desde hace mucho tiempo. ¿Por qué esperó tanto tiempo el gobernador para actuar? ¿Por qué se permitió el despilfarro de recursos derivado de estas anomalías? Si existen órganos de control interno dedicados precisamente a vigilar el uso eficiente de los recursos públicos, ¿Por qué no lo detectaron? Y si lo detectaron, ¿por qué no lo informaron? Y si lo informaron ¿Por qué no se actuó de inmediato para remediar los problemas?

¿Quiénes son los responsables de la existencia de tantas anomalías que no debieron existir porque algunas de ellas constituyen verdaderos actos de ilegalidad? Anomalías que están relacionadas con las múltiples observaciones que realizó la Auditoría Superior de la Federación por el manejo de los recursos federales y que representan un quebranto muy grande para el estado de Veracruz.

¿Sabremos los nombres de esos culpables? ¿Se les aplicará la ley a esos culpables?

El futuro de Veracruz depende de un manejo eficiente y honesto de los recursos públicos. Para ello se requiere transparencia que permita observar lo que hace y como lo hace cada funcionario público, se requiere que a los responsables del desastre financiero se les aplique la ley y se les castigue conforme a derecho. Aquí esperamos.

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