Salud

 Involucrados, Lorenzo Antonio Portilla, Manuel Lila de Arce y Carlos Aguirre Morales

Por JAIME RÍOS OTERO

La Auditoría Superior de la Federación presentó al menos tres denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios y ex funcionarios del Estado de Veracruz, por el delito de peculado y los que resulten en el manejo de más de 2 mil millones de pesos en los recursos destinados a la salud de los veracruzanos, informan fuentes enteradas, que aportan datos y números de investigaciones.

Se trata de las averiguaciones previas identificadas con la referencia UEIDCSPCAJ  y los números 379/2014,  385/2014 y 371/2014, correspondientes a los ejercicios 2009, 2010 y 2011. En todos los casos, el denunciante es el director general jurídico de la Auditoría Superior, Ruperto Narváez Bellazetin.

Las denuncias presentadas revelan anomalías importantes, entre ellas que el entonces secretario de Salud, Daby Manuel Lila de Arce manejaba personalmente las cuentas del órgano público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud (coloquialmente Seguro Popular); y que el hoy Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, incumplió sus funciones de Control y Evaluación cuando estuvo a cargo de esa dirección en la Contraloría del Estado.

Por lo que corresponde a la averiguación 379, el monto del posible peculado es de 96 millones 789 mil 860 pesos y 43 centavos, y corresponde a la auditoría 684 realizada por la ASF a recursos que debieron ser ejercidos durante el régimen del gobernador Fidel Herrera Beltrán.

En la averiguación 385, el monto es por 405 millones 911 mil 99 pesos y 51 centavos, corresponde a la auditoría 224 del año 2010, y es contra un gran número de personas, entre ellas el actual Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, y el hoy ex secretario de Salud, Manuel Lila de Arce.

Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, director general de Control y Evaluación de la Contraloría del Estado; Rocío Hernández Ríos, subdirectora administrativa del Régimen Estatal de Protección Social en Salud;  Daby Manuel Lila de Arce, apoderado de la cuenta bancaria número 0631579397 de Banorte, a nombre del órgano público descentralizado Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Jorge Jaramillo Méndez, director general de Contabilidad Gubernamental; Hugo Odón Flores Lira, director administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud; Enrique Roberto Méndez Exzacarías, subdirector de Recursos Financieros;.

Por lo que corresponde a la denunciada registrada bajo el número 371, ésta involucra el indebido manejo de  1,602 millones 185 mil 792 pesos, y es relativa a la auditoría 785. En ésta, los denunciados son Carlos Aguirre Morales, subsecretario de Egresos; Jorge Jaramillo Méndez, director general de Contabilidad Gubernamental; Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, quien era director general de Control y Evaluación de la Contraloría General del Estado; y Hugo Odón Flores Lira, director administrativo del Régimen Estatal de Protección Social en Salud.

El monto global de los recursos dentro de las tres denuncias es de 2 mil 104 millones 886 mil 751 pesos.

 

Peculado y los que resulten

El  Código Penal Federal establece que para el peculado, “Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente exceda de quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Un delito asociado podría ser el de enriquecimiento ilícito, en cuyo caso, el mismo ordenamiento prevé como sanciones: Decomiso en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Y: “cuando el monto a que ascienda el enriquecimiento ilícito exceda del equivalente de cinco mil veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, se impondrán de dos años a catorce años de prisión, multa de trescientas a quinientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal al momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos años a catorce años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

Fotos cortesía de:

Diario Marcha:

http://marcha.com.mx/fotos/2013-11-11/36571_e.jpg

Veracruz en la Noticia:

http://www.veracruzenlanoticia.com/wp-content/uploads/2011/11/manuel-lila-de-arce.png