Aduarte
Corporativo Jurídico  “Viades, Llanes y Asociados” Abogados. Lic. Luis Alberto Viades Blanco. Lic. Juan José Llanes Gil Del Ángel

En relación con las reformas a la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, contenidas en el Decretero número 544 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de este ordenamiento, publicado en el número 083 de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de 27 de febrero de 2015, y que entraron en vigor el pasado lunes 2 de marzo, nuestro Corporativo Jurídico se permite llamar la atención de los medios de comunicación, de las organizaciones sindicales, de los burócratas en lo individual, y de la sociedad veracruzana, en torno de dichas modificaciones, dado que estimamos que lesionan gravemente los derechos de los trabajadores de la entidad.

Al tenor de la Ley Estatal del Servicio Civil, previo a la reforma, cuando un trabajador era despedido, si el gobierno patrón (estatal o municipal), no probaba la justificación del cese, el trabajador tenía derecho, a su elección, a que se le indemnizara con el importe de tres meses de salario o que se le reinstalara en el puesto que desempeñaba y, en ambos casos, tenía derecho al pago de los salarios vencidos desde la fecha de la separación hasta que se cumplimentase en definitiva el laudo pronunciado.

Al modificarse el Artículo 43 por parte del Congreso del Estado, ahora el trabajador injustamente despedido “tendrá derecho al pago de salarios vencidos computados desde la fecha del despido HASTA POR UN PERIODO MÁXIMO DE DOCE MESES”. Esta reforma, que pretende copiar la que en el 2012 se hizo a la Ley Federal del Trabajo, que limitó también el pago de los salarios caídos en caso de despido, es aún más lesiva: en el régimen general, los salarios caídos se generan sólo por un año A PARTIR DE QUE INICIA EL PROCESO y, si éste no concluye en doce meses, “SE PAGARÁN TAMBIÉN al trabajador LOS INTERESES que se generen sobre el importe de quince meses de salario, a razón del dos por ciento mensual, capitalizable al momento del pago”.

La reforma de 27 de febrero pasado, FULMINA la estabilidad en el empleo de los trabajadores municipales: rompe violentamente con el principio de que las relaciones laborales se deben fincar por tiempo INDETERMINADO y, EXCEPCIONALMENTE, de manera EVENTUAL; también prevé que los Ayuntamientos ARBITRARIAMENTE decidan qué trabajadores serán “DE CONFIANZA” (cuyos derechos están LIMITADOS), a partir de la formulación de “catálogos de puestos” ANUALES. Con vista en la reforma, nos permitimos concluir:

1.- La experiencia nos permite sostener tajantemente: NINGÚN JUICIO LABORAL en el Estado de Veracruz concluye en un año. Debe considerarse, además, que en la mayoría de los casos la fase de ejecución de un laudo TARDA MÁS QUE EL JUICIO MISMO. Ello, porque las Entidades Públicas se resisten a cumplir los mandatos judiciales, y no pueden ser forzadas a acatarlos. Y no pueden serlo, gracias A OTRA REFORMA, que también el impulsó el Gobierno de Javier Duarte, en abril de 2011, a la Ley de Bienes del Estado y al Código Hacendario Municipal.

2.- Si bien es cierto se estableció como obligación de las entidades públicas la de “Fijar en sus presupuestos de egresos las cantidades destinadas para el pago de indemnizaciones laborales” (Artículo 30, fracción XVI), también lo es que ello configura UNA TRAMPA: se pretende que las entidades públicas puedan alegar INSUFICIENCIA PRESUPUESTAL para evadir el cumplimiento de los laudos. Se intenta también que, con base en ello, EL GOBERNADOR EVADA su responsabilidad de hacer cumplir los fallos judiciales.

3.- El Tribunal de Conciliación y Arbitraje es notoriamente INSUFICIENTE, en cuanto a su estructura material y humana, para instruir, fallar juicios laborales, y EJECUTAR SUS LAUDOS, en el lapso de un año. Teniendo los ciudadanos el derecho a recibir justicia pronta y expedita, en los plazos que indica la Ley (de acuerdo con la garantía individual prevista en el Artículo 17 constitucional), en Veracruz, dicha garantía se vulnera cotidianamente. El costo de la ineficiencia judicial lo trasladó el gobierno a los trabajadores.

4.- NADA, en la reforma, pune o sanciona de alguna manera EL DESACATO a los fallos judiciales. El Gobierno de Javier Duarte, en consecuencia, ALIENTA el incumplimiento de la Ley: para los gobernantes será más cómodo despedir trabajadores, sabiendo que –en cualquier caso- pueden tardarse cuanto deseen en cumplir una resolución judicial, porque el trabajador no tendrá derecho al pago de los salarios caídos más que por un lapso notoriamente insuficiente para que se le administre justicia de manera completa.

5.- Ante la notoria quiebra del Estado que le impide a los candidatos a las presidencias municipales ofrecer obra pública, el Gobierno de Veracruz encontró una salida con tintes electoreros: que los que pretenden ser Alcalde OFREZCAN TRABAJO TEMPORAL en los Ayuntamientos, sabedores de que, gracias a la reforma, podrán decidir arbitrariamente quiénes son trabajadores “de confianza” y la eventualidad de la contratación. Ello, no puede interpretarse sino como la legalización del lucro político con la necesidad de los ciudadanos de trabajar.

6.- Tenemos claro que la reforma a la ley burocrática del Estado, prepara el escenario para DESPIDOS MASIVOS DE TRABAJADORES, a un bajo costo financiero para el Gobierno. Insistimos en el peligro social que representa la decisión de privar de sustento a familias veracruzanas que, en un Estado que no genera empleo, sobreviven con los minúsculos salarios que devengan los servidores públicos.

7.- Nuestro Corporativo ratifica su compromiso de analizar con puntualidad y detenimiento la reforma y, de ser el caso, confrontarla con el marco constitucional. De igual forma, consideramos indispensable que se abran espacios de reflexión y crítica en relación con la situación que prevalece en el ámbito laboral de Veracruz, particularmente en el área burocrática, más ahora, ante la reforma que hemos descrito. Como siempre, reiteramos nuestra disposición a debatir estos temas, públicamente, de cara a la sociedad.