Por Tomás R. Domínguez Sánchez
17 de marzo de 2015

La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, concretamente de los artículos 16 al 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en junio de 2008 marcó la entrada de los juicios orales al país pasando de un sistema de justicia penal inquisitivo a un sistema acusatorio, estableciendo que su implementación sería de forma gradual, teniendo como fecha límite el 18 de junio de 2016 para que rija al cien por ciento en toda la República. El motivo principal de la entrada en vigor de este nuevo proceso es el ahorro procesal que implica, porque la idea es llevar a la etapa de juicio oral sólo aquellos casos que involucren algún delito grave y para los delitos menores se privilegia la mediación y la conciliación como los medios alternativos de excelencia para resolverlos, sin duda que los juicios orales en México son una copia del modelo norteamericano de impartición de justicia, únicamente que allá nos llevan muchos años de adelanto en la materia, es decir, nos tardamos muchos, pero muchos años en copiarnos.

Todo cambio siempre trae consigo muchos tropiezos porque es algo nuevo y todos estamos aprendiendo y sí que se debe aprender aún más porque estamos ante un proceso penal que se basa en el principio de presunción de inocencia, es decir, quien debe presentar las pruebas para que se declare culpable a una persona, corre a cargo del estado y es éste quien tendrá que aportar todos los hechos que constituyan algún delito. Sin embargo son varios los estados que han demostrado mucha capacidad y sobre todo inteligencia legal para cumplir con todos los requerimientos del nuevo sistema, los pioneros son el Distrito Federal y Chihuahua que aparte de toda la infraestructura física que se necesita, han hecho la adecuación a las leyes para que exista certeza jurídica y han capacitado de forma sobresaliente a todo su personal.

Y como siempre Veracruz es la excepción, resulta que a diferencia de aquellos estados aquí no contamos con el respaldo legal para la implementación del nuevo proceso penal, hace unos días la destacada y especializada revista en materia de leyes “Jurista” publicó el atraso legal en el que vivimos, porque el nuevo sistema contempla durante todo el proceso a tres tipos de jueces, el de control, el de juicio y el de ejecución de sentencias y sí, existen de hecho, pero no de derecho, es decir que los nombramientos de los jueces existen pero no están en la ley, porque no está regulada su actuación ni tampoco sus alcances porque los legisladores han estado tan preocupados en sus asuntos de continuidad política, de enriquecimiento, o de cualquier otro asunto menos el de mantener a Veracruz actualizado en sus leyes.

El panorama legal en el estado es desolador; por ahí del año 2012 el jefe del ejecutivo, Javier Duarte de Ochoa, hizo una declaración en la que afirmaba que Veracruz se encontraba a la vanguardia legal y que estaba preparado para enfrentar los juicios orales y también anunciaba que se cumplía mucho antes de lo establecido con las exigencias de la reforma constitucional, la cosa es que a poco más de tres años de aquella afirmación estamos en las mismas, no hemos avanzado nada porque no hay ninguna actualización a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y esto es muy malo, en cuanto empiecen a tumbar todos los juicios que se han celebrado por falta de personalidad de los jueces, entonces se desatará una catástrofe en la impartición de justicia.

Resulta inconcebible que contemos con una ley tan atrasada y que necesitemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita criterios que pongan en evidencia la falta de inteligencia de nuestros legisladores, el más reciente lo dictó en febrero de este año que establece que en Veracruz deben desaparecer las causales del divorcio necesario porque son violatorias al derecho de la libre personalidad contemplado en la Constitución Federal, dicho esto, los jueces del estado no pueden obligar a la parte que demanda el divorcio necesario a que compruebe alguna causal de divorcio; así que tenemos leyes que violan a la máxima federal, el descuido del Poder Legislativo nos va a costar muy muy caro, pero ya me lo decía mi compadre: –mira compadrito la bronca de las leyes es que están hechas por políticos, de acuerdo a la conveniencia de ellos mismos, y no están hechas por profesionales del derecho– y sí que tiene mucha razón mi compadre.

 

 

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