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SENADO DE LA REPÚBLICA

P R E S E N T E

El pasado 17 de febrero del 2015, el presidente Enrique Peña Nieto presentó la terna de candidatos a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ocupar la vacante disponible con motivo del reciente fallecimiento del ministro Sergio Valls.

En ella se incluyó a Eduardo Medina Mora, lo que resulta preocupante para los firmantes de esta carta. Consideramos que su perfil es del todo inadecuado para ocupar el cargo de Ministro de la Corte, por las razones que se exponen. En la encrucijada en la que se encuentra el país, en medio de una severa crisis de legitimidad en la que una parte importante de la ciudadanía percibe que las autoridades encargadas de mantener el orden, procurar y administrar justicia se caracterizan por su incapacidad o su arbitrariedad en el ejercicio del mandato que les es otorgado, el perfil de quien ocupará la más alta magistratura judicial del país debería ser tal que no solo resultara destacado e intachable en su trayectoria previa, sino sobre todo debería abonar a reconstruir la confianza que, para amplios sectores de la población, las instituciones de justicia y la clase política han perdido en años recientes. La postulación de Eduardo Medina Mora, lejos de contribuir a reconstruir la confianza, confirma la percepción de que la clase política prefiere nombrar a funcionarios que, aun siendo poco eficaces en el desempeño de su cargo, son propensos a inclinar su proceder por razones políticas.

Eduardo Medina Mora se ha desempeñado en diversos cargos públicos del más alto nivel en nuestro país. Entre diciembre del 2000 y septiembre del 2005 Eduardo Medina Mora fungió como Director General del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); entre septiembre de 2005 y noviembre del 2006 fungió como Secretario de Seguridad Pública; entre diciembre del 2006 y septiembre del 2009 fue Procurador General de la República. Su desempeño coincidió precisamente con el periodo en que la seguridad y la justicia sufrieron procesos de descomposición acelerados y notables. Existen, por tanto, elementos para concluir que la trayectoria del Lic. Medina Mora se ha caracterizado por la parcialidad y la incompetencia. Para muestra, algunos ejemplos:

Jacinta, Teresa y Alberta. Como Procurador General de la República fue responsable de la violación grave de los derechos de Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial, tres mujeres indígenas ñhä-ñhú (otomíes), detenidas en 2006 y encarceladas por más de tres años acusadas de secuestrar a seis agentes de la entonces Agencia Federal de Investigación (AFI). La irregular integración de la Averiguación Previa por la institución que él encabezaba resultó en la recomendación 47/2009 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En dicha recomendación se afirmó que servidores públicos de la PGR violaron los derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica y procuración de justicia de Alberta, Teresa y Jacinta. Jacinta salió libre en septiembre de 2009 cuando la PGR se desistió de la acusación en su contra, poco después de que el Lic. Medina Mora abandonara la Procuraduría. Alberta y Teresa, por su parte, no fueron liberadas hasta abril de 2010 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) —de la cual se pretende que el entonces procurador ahora forme parte— revocó la sentencia y las declaró inocentes.

El Michoacanazo. En mayo de 2009, también siendo procurador Medina Mora, fueron detenidos 38 funcionarios públicos estatales y municipales de Michoacán, por presuntos vínculos con el crimen organizado. El operativo, después conocido como el “Michoacanazo”, sucedió escasas semanas antes de las elecciones federales intermedias. La enorme mayoría de los detenidos y procesados pertenecían a partidos políticos distintos al partido al que pertenecía el jefe inmediato del procurador Medina Mora, en un estado en el que era a todas luces previsible que la hermana del entonces Presidente competiría por la gubernatura poco tiempo después. La detención se realizó a través de la figura del arraigo, esto es, sin fincar cargos a los detenidos en el momento de la detención. El arraigo, en teoría, es una figura excepcional que debe usarse con el fin de avanzar una investigación y sólo en casos en que las personas arraigadas estén en riesgo de darse a la fuga o estando su integridad física en peligro debe usarse. Es difícil creer que los funcionarios públicos arraigados, quienes ejercían cargos públicos en ese momento, estuvieran próximos a fugarse o hubiesen manifestado estar en peligro. En otras palabras, todo indica que en el tristemente célebre “Michoacanazo”, la Procuraduría encabezada por Eduardo Medina Mora abusó de una figura por demás controvertida en un momento evidentemente político. Un año y medio más tarde, 37 de los 38 detenidos fueron puestos en libertad debido a que las pruebas aportadas por la PGR fueron desechadas. Al cabo de 18 meses fue liberado el último detenido por falta de pruebas. En el mejor caso, el “Michoacanazo” -del que Medina Mora es el responsable en última instancia- es el ejemplo más emblemático de la incompetencia inaceptable de funcionarios cuya responsabilidad es la procuración de justicia en un país sediento de ella; en el peor de los casos es un ejemplo claro del uso partidista de la justicia. Ambas son características inadmisibles en un Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

 

Activismo desde la PGR. Pero no sólo los botones de muestra son importantes. También los son los números. Como Procurador General de la República, Medina Mora hizo un uso desmedido de la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad principalmente con el objetivo de socavar los procesos democráticos en el ámbito local. Medina Mora presentó 236 acciones de inconstitucionalidad siendo Procurador. Esto quiere decir que, mientras estuvo en el cargo, Medina Mora presentó más de 7 acciones de inconstitucionalidad al mes en promedio (7.15 para ser exactos), casi 2 a la semana. El contraste con su antecesor, Daniel Cabeza de Vaca, quien presentó 41 acciones de inconstitucionalidad o el equivalente a 2.15 acciones mensuales es notable. Aún más notable es el contraste con su sucesor, Arturo Chávez Chávez, quien presentó 22 acciones de inconstitucionalidad o el equivalente a 1.2 acciones por mes en promedio. El exacerbado activismo del procurador Medina Mora ante la Suprema Corte de Justicia tuvo una orientación marcada: todas se presentaron en contra de los congresos locales de las entidades federativas. Sólo en una ocasión impugnó una norma emitida por el Congreso federal y se trató de una multa establecida en la Ley General de Sanidad Vegetal. Estos números parecen indicar una propensión a restringir, por la vía judicial y desde el Gobierno Federal, los procesos democráticos locales a lo largo y ancho del país. En una época en que el federalismo mexicano está siendo socavado, preocupa que uno de nuestros garantes constitucionales tenga un precedente antifederalista así de marcado.

Interrupción legal del embarazo. Sin contar con tiempo para hacer una revisión substantiva de las más de 200 acciones e inconstitucionalidad presentadas por el procurador Medina Mora (nos preguntamos si alguien en el Senado las revisó), conviene recordar una, especialmente notoria: la impugnación de la despenalización de la interrupción del embarazo por parte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En mayo del 2007, la PGR a cargo de Medina Mora promovió la inconstitucionalidad 146/2007 ante la SCJN, solicitando fueran declaradas inconstitucionales las reformas al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley de Salud para el Distrito Federal, que despenalizaban la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación y regulaban la prestación del servicio de salud en las instituciones públicas del Distrito Federal. Sin entrar en detalles, vale la pena señalar que, lejos de reunir los votos suficientes para que la norma que el Procurador impugnaba fuera declarada inconstitucional, el procurador Medina Mora reunió una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte en su contra. Además, la Corte consideró que, lejos de ser inconstitucional, la medida utilizada por el legislador era idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres.

Por lo anterior, quienes suscribimos esta carta solicitamos al Senado de la República quedescarte la postulación de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia. Su trayectoria profesional lo ubica como un funcionario que, cuando ha trabajado en el ámbito de la procuración de justicia, ha resultado incompetente y parcial. Siendo la incompetencia y la parcialidad los dos males mayores que aquejan hoy al sistema de procuración e impartición de justicia en el país, y que nos tienen en una crisis política y social de proporciones históricas, es un error hacer Ministro al Lic. Medina Mora.

 

Responsables:

Alejandro Madrazo Lajous

Catalina Pérez Correa González

Jorge Javier Romero Vadillo

 

Firman:

Rodolfo D. Vázquez Cardozo

Raúl Trejo Delabre

Mauricio Merino Huerta

Ricardo Tapia Ibargüengoitia

Vidal Llerenas Morales

Fernando Belaunzarán Méndez

Luis González Placencia

Eduardo Guerrero Gutiérrez

Ricardo Raphael

Enrique Provencio

Federico Novelo

Anamari Gomís

Arnoldo Kraus

Asunción Álvarez del Río

Héctor Mendoza

Alejandro Anaya Muñoz

Aram Barra Ramírez

Luz Lajous Vargas

Juan Antonio Cruz Parcero

Adolfo Sánchez Rebolledo

Rosa Elena Montes de Oca Luján

Antonio Franco

Ricardo Becerra Laguna

María de Jesús Medina Arellano

Pepe Merino

Maite Azuela

Marcela Azuela

Mara Hernández

Javier Treviño Rangel

Lisa Sánchez Ortega

Estefanía Vela Barba

Claudia Torres

Genaro Lozano

Sarah Aguilar Flaschka

Diego López Rivera

Rodolfo Vergara Blanco

Joaquín Barrios Zamudio

Alma Luz Beltrán y Puga

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