Por Alfredo Bielma B.
02 de marzo de 2015

Ya pasó mucha agua bajo el puente desde aquella etapa en la vida democrático-electoral de nuestro país en la que el robo de urnas y los disparos al aire eran un lugar común en cada jornada electoral, cuando uno de los antídotos consistió en promulgar la famosa “Ley Seca”, en vez de concientizar a la población para que su voto sirviera como motor del cambio. También es un recuerdo en lontananza la obligación forzada de votar, bajo el riesgo que de no hacerlo seríamos dados de baja en nuestros empleos; de igual manera aquel conteo de votos en las urnas, que por falta de representantes de partidos ajenos al PRI, los de este partido contabilizaban siempre a su favor porque aquellos no habían conseguido representantes en todas las casillas. O de la urna en la que se consignaba una derrota priista, pero con todo y actas llegaba a la oficina electoral con resultado totalmente distinto dando el triunfo al PRI.

Tiempos electorales sin lista de electores, sin credencial de elector, con urnas “herméticas” y, sin embargo, el PRI, por azares de la votación de vez en cuando sufría derrotas electorales y, también de vez en cuando, el gobierno las reconocía.

Como país, el nuestro no ha caminado en tránsito rápido ni fácil hacia la democracia electoral, mucho menos en la participación ciudadana; y los partidos políticos de la llamada “oposición” han navegado contra la corriente, más fuerte mientras más oposición se mostrara. Por este motivo son bien recordados y figuran como registros históricos en nuestro devenir político los movimientos cívicos como el potosino, encabezado por el doctor Salvador Nava contra las imposiciones del sanguinario cacicazgo de Gonzalo N. Santos, el “Alazán Tostado”. El siguiente es un episodio protagonizado por la ciudadanía potosina en 1958, que bien vale recordar porque es paradigmático de la lucha ciudadana por la democracia:

El 7 de diciembre de 1958, en el estado de San Luis Potosí se llevaría a cabo la jornada electoral para la renovación de los ayuntamientos. Cansados de los atropellos e imposiciones de autoridades por parte del cacique Gonzalo N Santos, desde el gobernador hasta regidores y tesoreros municipales, en la capital potosina se formó una Coalición tripartita entre panistas, comunistas y sinarquistas (“plural” la llamaríamos ahora), a la que denominaron Unión Cívica Potosina, que postuló al doctor Salvador Nava Martínez para alcalde de la capital. Fuertemente unidos, resistieron la represión y las intimidaciones ordenadas por el cacique a través del gobernador, y el resultado electoral fue contundente: 26 319 votos para Nava Martínez, contra sólo 1 683 del candidato priísta (más bien santista).

La diferencia en el número de votos fue concluyente y el gobierno se vio obligado a reconocer la derrota priísta. La voz popular había expresado su rechazo a las autoridades, al grado que el gobernador, Manuel Álvarez, solicitó licencia para abandonar su cargo (gobernaba al país López Mateos), entrando en su relevo Francisco Martínez de la Vega, a quien le tocó en suerte lidiar y contemporizar con el aguerrido alcalde opositor durante el trienio 1959-1961. Casi para concluir su gestión municipal, paradójicamente el Dr. Nava buscó ser el abanderado del PRI al gobierno estatal, pero le fue negada esa oportunidad; y ante el lógico rechazo no tuvo otro camino que el de lanzarse una vez más por la vía opositora, y obviamente esta vez no ganó porque perder un municipio para nada era equiparable a perder un Estado.

Sobre este episodio, Alejandro Caballero, en su Serie Disidencias publicadas por La Jornada, relata un interesante cuanto ilustrativo dialogo entre Salvador Nava y el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, el General Alfonso Corona del Rosal: “-Doctor usted no va ser candidato del PRI para la candidatura del Estado, “-general usted se ha de estar equivocando de estado, porque en San Luís Potosí, todavía no se realizan las convenciones del Partido. “-pues, no, doctor, con convenciones o sin ellas usted no será el candidato del partido, aunque las ganara… porque además de tener el voto de las personas se necesita otra cosa…” Por supuesto, el Dr. Nava no logró este propósito, pero encabezó un movimiento ciudadano cuya lección compendia un interesante capítulo de resistencia cívica alentada por el hartazgo de imposiciones políticas, fue un reflejo fiel del rechazo ciudadano al cacicazgo, uno de los vestigios más negativos que la Revolución Mexicana no había podido desarraigar del contexto político nacional.

Otro caso electoral, que debe registrarse entre los antecedentes de valor histórico por cuanto se refiere a reacción ciudadana, ocurrió en 1959 en Baja California auspiciada por la gran convocatoria popular de Salvador Rosas Magallón a quien el PAN lo hizo su candidato al gobierno estatal. La ciudadanía se había volcado significativamente a su favor en los comicios pero no fue reconocido su triunfo y la protesta ciudadana llegó a tal encono que el gobernador Braulio Maldonado decidió encarcelar al candidato panista junto con algunos de sus partidarios. Sin embargo, este es un caso que delata significativamente cuan petrificado sigue estando el discurso oficial cuyo contenido discrepa con la realidad, así lo expresa el hecho de que en la capital de la república el Secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, aseguraba a la prensa que en México no había presos políticos.

Un caso acentuadamente contemporáneo, representativo de que “el valiente vive hasta que el cobarde quiere”, en el que la ciudadanía responde con valentía al hartazgo que la atosiga es el protagonizado en Michoacán por el doctor José Manuel Mireles y Humberto Mora que, cansados de las extorsiones, secuestros, robos, asaltos, ofensas personales y familiares, organizaron a un grupo de civiles y, armados, emprendieron una lucha desigual contra los grupos delincuenciales que los oprimían; una titánica querella para llenar el vacío de un gobierno omiso y fallido y recuperar el poder y el territorio perdidos. Una vez encarcelado Servando Chávez, alias “La Tuta”, fundador de los Caballeros Templarios, en el estado de Michoacán se cierra un círculo de significativa lección histórica digno de incorporarse al acervo de las reacciones sociales frente a la injusticia y la opresión. Muchos muertos en las refriegas, más de los habituales en un “Estado de Derecho” inexistente, pero tras la renuncia de un gobernador, el encarcelamiento de otro, finalmente el episodio termina con un final en el que los malos son derrotados y se abre un portal de esperanza a la comunidad michoacana.

Ahora nos encontramos inmersos en un proceso electoral al que la transición y la alternancia han impreso características acentuadas: diez partidos con registro compiten por ganar el voto ciudadano; es de presumir que la creación de algunos partidos cuentan con el impulso del gobierno para distraer y difuminar el voto opositor, una estrategia que no es ilegal y para efectos políticos es hasta válida. La idea es retener el poder, lo cual también está dentro de los cauces de la lucha política. El problema de fondo radica en que en uno de los frentes milita la clase política, reacia a perder sus canonjías, y en el otro está la ciudadanía, la sociedad en general, a la que se regatea un avance político sustancial en el que prevalezca el interés público sobre los de la clase empoderada. ¿Cómo desbaratar ese nudo gordiano a través del voto razonado? He allí el dilema, o como dijera el vate That is the question.

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