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Acapulco, Gro. Policías de Acapulco se fueron nuevamente a paro de labores, luego del asesinato por impactos de arma de fuego de dos de sus compañeros en las últimas 48 horas, sin que el seguro de gastos funerarios y de vida les haya sido aplicado al 100 por ciento, pues las familias únicamente recibieron 15 mil pesos, y la cantidad restante, una cifra igual, no ha sido aportada.

Apenas el pasado 19 de marzo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) municipal pactaron con el alcalde interino Luir Uruñuela Fey regresar a trabajar, luego de permanecer en plantón desde el pasado 28 de julio, en exigencia de un trato laboral digno en el contexto de la transición al mando único policial.

Este viernes, en conferencia de prensa en las instalaciones de la SSSPC municipal, el representante legal de los uniformados, Jesús Lemus Beltrán, señaló que los más de mil 200 elementos que se mantienen en paro exigen la destitución del secretario de Seguridad Pública, Marcos Estaban Juárez Escalera, a quien los policías acusaron de confrontarlos y pretenderlos obligar a trabajar, no obstante que los acuerdos firmados en la minuta del pasado 19 de marzo no han sido cumplidos por la autoridad.

Expresó que “el secretario de Seguridad se vino a confrontar con toda la base, dijo de manera grosera que no va a repetir, que no era necesario tener seguro de vida para salir a trabajar, eso es ilógico e incongruente. Por ello ahora al movimiento se integraron los administrativos y pedimos la remoción del secretario de Seguridad”.

Por separado, Uruñuela Fey expresó que “el ayuntamiento ha hecho su mejor esfuerzo, al igual que la SSSPC municipal, la premisa sobre la que giraba la relación era jerárquica; si hubiera autogobierno estaría sujeto a que las personas que deben obedecer fijaran las reglas”.

Recalcó que “mientras no se suscribiera el convenio con la compañía de seguros el ayuntamiento asumiría esa responsabilidad”, y advirtió a los uniformados que “si no trabajan no se va a pagar”.

Puntualizó que “si fuera un paro legal, incluso, en materia laboral no se paga hasta que al final de un juicio se decida si el paro es legal, si la huelga es lícita, entonces se pagaría”.

Sostuvo que “no hay planteamiento jurídico como para que se diga que el ayuntamiento incumplió en algo para fincarle responsabilidad”.

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