Por Danner González
21 de abril de 2015

El pasado 8 de abril de 2015, compareció ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, y el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé. La comparecencia fue una importante oportunidad para conocer la situación actual y perspectivas de la política monetaria del país, a través de una institución que, genérica y extensivamente, desde la crisis financiera del sudeste asiático, ocurrida hace ya casi veinte años (1997), ha estado sometida al debate público, académico y político; especialmente en el contexto de su autonomía o independencia, transparencia y rendición de cuentas e, indiscutiblemente, resultados.

Entre los principales temas que abordó el titular del Banco central destacaron la consolidación del sistema financiero, el “hecho histórico” de que la depreciación del peso frente al dólar no se haya traducido en mayor inflación, la cual, a decir de él, se ha mantenido dentro de los objetivos del Banco de México (3%), entre otros. Su visión de futuro fue optimista, por no decir ilusa, en consideración a las acciones que ha tomado el Banco Central y las que tomaría de ser necesarias, que pregona una y otra vez como evangelio gastado.

Como el futuro no nos pertenece, la referencia del pasado puede ilustrarnos mejor para juzgar el presente y vislumbrar con mayor certeza el futuro monetario del país. En primer lugar, cuando Carstens se desempeñó como Secretario de Hacienda urgió, junto con el entonces Presidente Calderón, la necesidad y conveniencia de que el Banco de México bajara la tasa de interés para enfrentar la crisis internacional y mantener el crecimiento del país, cuestión ampliamente conocida que Guillermo Ortiz, entonces gobernador de Banxico, se negó a bajar la tasa de interés, contraviniendo la posible coordinación de la política monetaria con la política fiscal en plena crisis nacional, que desembocó en una caída del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor del 6%, una contracción del empleo y una profundización de la pobreza y miseria del país.

En segundo lugar, aún cuando constitucionalmente el Banco de México no debería financiar al gobierno federal la compra de Bonos del IPAB para inyectar liquidez realizada por el Banco Central, esto ha significado su financiamiento. Toda vez que tales obligaciones constituyen parte del saldo de los requerimientos financieros del gobierno federal, que es esencialmente la verdadera deuda pública, tal como lo admitió la SHCP en 2013 en la exposición de motivos de la reforma financiera del gobierno del Presidente Peña Nieto. Así, parece que la independencia política del Banco de México le permite aún contravenir aún la propia Constitución.

Todo indica que la estabilidad financiera no corre en paralelo con la realidad económica y las finanzas de los agentes económicos, del interés público y de la ciudadanía. Al respecto, baste tener presente el hecho y las consecuencias económicas y financieras que la conducta de la empresa Oceanografía han generado. Agréguese el caso de FICREA, que tanto ruido y daño patrimonial generó a los cuentahabientes, incluidas algunas instituciones oficiales. Sabemos que formalmente esa responsabilidad se centra en otras instituciones, pero sin duda deben ser parte de la estabilidad financiera que debería ser atribución del Banco de México.

Quisiéramos que los dichos del Doctor Carstens dieran frutos positivos para el país, pero la historia y su pasado lo condenan. Cuando Estados Unidos de América se debatía en la Gran Recesión que derivó en la crisis internacional de 2008-2009, Carstens dijo que a México sólo le iba a dar un “catarrito”. Lo que le dio realmente al país fue una pulmonía que evidenció plenamente el estancamiento secular que ha vivido desde hace casi seis lustros. Estancamiento que se ha dado en plena abundancia de ingresos petroleros, elevado gasto y mayor deuda pública; asuntos que directamente fueron responsabilidad de él.

En cuanto al rescate bancario, el país no ha pagado un sólo peso de capital desde 1998, tal como lo manifiesta actualmente el pasivo financiero del IPAB. En la explicación que dio literalmente él respecto de la crisis bancaria como funcionario del Banco de México a un investigador Norteamericano fue: “nosotros tomamos una apuesta calculada y perdimos”.[1] Obviamente apostaron entonces el país como en un juego o gambling, pero no le apostaron al país, y al final los que perdieron y siguen perdiendo realmente han sido casi todos los mexicanos.

Por lo demás, lo deseable es que el Banco de México deje en los hechos de ser un ente político independiente de los poderes instituidos y asuma una conducta de servicio a los ciudadanos, que son los que democráticamente dan el mandato de ley al gobierno.

Contacto:

@dannerglez

[1] Sidney (SIDNEY) Weintraub, galardonado en 2006 con el Águila Azteca, en su libro (2000) denominado Toma de Decisiones Financieras en México: Apostar una Nación (Financial Decision-Making in Mexico: To bet a Nation) concluye sobre la política económica de 1994 que el grupo que tomó las decisiones fue deliberadamente limitado. Dice el autor, textualmente, que ese grupo fue el “Club de Toby”.