Por José Luis Ortega Vidal
17 de abril de 2015

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Poco, casi nada, se ha ventilado sobre la vinculación Crimen Organizado-Campaña Electoral 2015 en México.

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Los aparatos de inteligencia del Estado mexicano, empero, conocen los detalles del fenómeno que ha permeado históricamente la vida política nacional pero que en la coyuntura actual –la lucha gubernamental abierta contra la delincuencia- ha incrementado su peso específico en torno al Poder.

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Desde Coatzacoalcos, Armando Rotter Maldonado decidió “cambiar” de domicilio y salir de Veracruz – incluso se afirma que del país- bajo el argumento de haber sufrido un intento de secuestro apenas el jueves 22 de enero del 2015.
Cuando hizo la denuncia pública el ex alcalde perredista de la antigua población de Puerto México, era precandidato del Partido del Trabajo a legislador por el distrito XI.

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Juan Carlos Charleston Salinas, miembro de una prominente familia de abogados y políticos porteños –su sobrino Fernando Charleston Hernández es diputado federal y fue Secretario de Finanzas en el actual gobierno de Veracruz, mientras que su tío Fernando Charleston Salinas es Magistrado en el Tribunal Superior de Justicia de la entidad- denunció ante la PGR, el pasado lunes 13 de abril, a quien o quienes resulten responsables por el delito de extorsión y amenazas; lo que le llevó a pedir protección al INE y a la Procuraduría Federal.
Charleston fue durante muchos años Agente del Ministerio Público en su natal Coatzacoalcos y hoy es abanderado del Partido Humanista.

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A estos hechos se suma el incendio de la casa de campaña del partido MORENA en Ciudad Isla, inscrito en el Distrito Electoral XX con cabecera en Acayucan.
Su candidata, Liliana Janix Castro Muñoz dormía junto a su familia cuando fue despertada por el humo y el calor de la construcción que decidió emplear para su tarea proselitista, junto a su domicilio.
Los hechos se suscitaron la madrugada del lunes 13 de abril y ese mismo día se presentó la denuncia respectiva ante la Fiscalía veracruzana a cargo de Luis Angel Bravo.

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En ninguno de estos casos se ha hecho pública la información sobre las medidas cautelares implementadas por autoridades de todos los niveles para evitar mayores problemas a los participantes del proceso electoral que –a diferencia de Rotter- permanecen activos y –aún- no escapan.
Tampoco hay datos sobre las investigaciones respectivas, de haberlas.

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No es un tema privativo de Veracruz y la zona Sur; aunque en esta región es donde han ocurrido los ejemplos aquí expuestos.
Tampoco es un tema sin importancia; mucho menos en el grave contexto de incremento de muertes violentas que sufre la región en el día con día del 2015.

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¿Y los financiamientos del narco a los candidatos?
Los hay, entre otras razones, porque siempre los ha habido.
Los hay, también, porque en casos extremos la consigna para los abanderados en zonas de alto riesgo –Michoacán, Guerrero, Tamaulipas y la huasteca veracruzana son ejemplos- el mensaje es: “lo aceptas o lo aceptas. Elije: plata o plomo”.

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Hasta ahora, las campañas se reportan grises.
Los tonos de beligerancia política se mantienen en los medios masivos electrónicos a nivel nacional y con un alto grado de censura del INE; lo que, por cierto, constituye un tema espinoso aparte.

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Sobre los factores de presión referidos el reportero ha recogido comentarios de candidatos que sólo hablan del tema en privado y externan una coincidencia y preocupación: en las campañas no se ven, nomás se sienten. En el ámbito social generalizado sí, se ven, se sienten, influyen, determinan…