Por Danner González
09 de abril de 2015

El artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que para hacer adiciones o reformas al texto jurídico fundamental de los mexicanos, se necesita el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión al momento de votarse dichos proyectos, y que éstos sean aprobados por la mayoría de las legislaturas de los Estados.

Hago mención de lo anterior porque el proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución federal en materia de disciplina financiera de las Entidades Federativas y Municipios, que el Congreso de la Unión aprobó en diciembre pasado, se ha estancado en las legislaturas locales.

¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo: que los Estados y Municipios están mostrando un gran recelo por transparentar el manejo de los recursos públicos. ¿Por qué?, porque muchos Gobernadores y Alcaldes hacen de este dinero su caja chica para financiar intereses personales, políticos y electorales, aun cuando este dinero debiera destinarse única y prioritariamente a educación, salud, vivienda, obra pública, generación de empleos o bienestar social.

Precisamente por eso el día 7 de abril del año en curso, en la Cámara de Diputados aprobamos un acuerdo en el que se exhorta a las Legislaturas de los Estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, Jalisco Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, para que discutan y, en su caso, aprueben el Proyecto referido.

Lo dije en tribuna y aquí refrendo mi posición. En este tema no pueden ni deben escatimarse recursos, ni andar con medias tintas, máxime cuando la corrupción y el endeudamiento de las Entidades Federativas y de los Municipios constituye una bomba de tiempo que si no se atiende hoy, el día de mañana puede ser el detonante de una crisis económica, social y de gobernabilidad.

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público señalan que la deuda de Estados y Municipios sumó 509 mil 690 millones de pesos al cierre de 2014, lo que representa un incremento anual de 1.4% en términos reales, pero tan sólo en lo que va de la presente administración federal, la deuda interna de las Entidades Federativas y los Municipios se incrementó 75 mil millones de pesos.

Además, para el ejercicio fiscal 2013, los Estados y Municipios del país recibieron transferencias de recursos federales por 1 billón 474 mil 137.4 millones de pesos, cifra superior en 7.4% en términos reales a la registrada en el ejercicio fiscal 2012.

Lo más dramático es que estas exorbitantes cantidades están en el limbo económico, en el mejor de los casos, y en el peor, en el caño de la corrupción, toda vez que son inversamente proporcional a la calidad de vida de los habitantes, como muestra tenemos el caso de Veracruz, que es un Estado al cual se le inyectan año con año carretadas de millones de pesos pero año con año los indicadores señalan que la pobreza y la marginación social y educativa aumentan.

Y esto mismo lo reafirman los análisis de los informes de las cuentas públicas que realiza la Auditoria Superior de la Federación, que aparte de señalar la  gran dependencia de los gobiernos locales respecto de las transferencias federales, también puntualiza que hay irregularidades en el manejo de estos recursos públicos, uso excesivo de discrecionalidad, fallas en los resultados de los programas, así como ausencia de elementos suficientes y efectivos de supervisión y control.

En este contexto cabe la pregunta, amable lector, ¿hasta cuándo habrá disciplina financiera en los Estados y en los Municipios?

 

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