“El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”. Vigila y sanciona a todos…menos al presidente de la república, a quien seguramente los legisladores siguen considerando el Gran Tlatoani, a quien o se toca ni con el pétalo de una rosa a pesar que en las redes sociales se le tunde conforme está el ánimo de la sociedad. De cualquier manera es un avance en la lucha contra la corrupción porque será posible fiscalizar a gobiernos estatales con nuevas normas que eviten la impunidad, así como aplicar la extinción de dominio a bienes conseguidos por enriquecimiento ilícito. El Poder Legislativo nombrará a los titulares de los Órganos de Control en la administración pública y otorga a la Auditoría Superior de la Federación facultades que refuerzan su trabajo. Se elimina el principio de anualidad, lo que significa auditar en tiempo real fondos y fideicomisos; habrá una Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Se amplía a siete años el plazo para aplicar las sanciones administrativas.