En La Jornada, el periodista Julio Hernández López, escribe que: “la documentada investigación de Laura Castellanos sobre las ejecuciones de personas desarmadas y rendidas en Apatzingán confirma la existencia de una virtual política de gobierno que alienta y protege el asesinato masivo y crudo de quienes a faccioso juicio discrecional de fuerzas federales les resultan o parecen susceptibles de exterminio. No sólo una limpieza social de presuntos miembros de bandos del narcotráfico -a los que se acribilla sin mayores preámbulos y a los que el Estado ni siquiera concede una burocrática averiguación previa para tratar de dilucidar una verdad jurídica de los hechos-, sino incluso la matanza de ciudadanos habilitados como guardianes locales del orden a consecuencia de tretas, mezcolanzas, rehabilitaciones y ensayos del propio gobierno federal -las autodefensas y su institucionalización michoacana, la policía rural, en el caso de Apatzingán, todo con el ex Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán Alfredo Castillo como ejecutor de esa guerra sucia, ahora premiado con la Comisión Nacional del Deporte (Conade) para demostrar que sus andanzas corresponden a la voluntad de Los Pinos-”.