Circula un correo del senador Fernando Yunes Márquez en el que da cuenta del Punto de Acuerdo que presentó ante el Senado de la república “fue aprobado por unanimidad”. Allí asevera que algunos funcionarios “son responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el Estado de Veracruz”, por lo que “se exhorta a la Procuraduría General de la República a ejercitar acción penal en contra de los responsables del desvío de recursos públicos federales destinados a la educación y a la salud en el estado de Veracruz y sean sancionados con todo el rigor de la ley”. De acuerdo al comunicado del senador Yunes Márquez, la propuesta “fue apoyada por todos los partidos políticos, de parte del PRI hablaron a favor el diputado Alejandro Montano Guzmán, de Veracruz, y el senador David Penchyna Grub, de Hidalgo; y por el PRD la diputada Lizbeth Rosas Montero, del Distrito Federal”. Andan bailando 2 mil 500 millones de pesos provenientes de fondos federales destinados a salud y educación presuntamente desviados por servidores públicos del gobierno de la entidad. Pero “Hasta el día de hoy, la PGR no ha respondido a nuestro exhorto de apegar sus actos a la Constitución y proceder en contra de los responsables de este desvío multimillonario; hoy damos a conocer 6 nuevas denuncias presentadas también por la ASF ante la PGR en noviembre del año pasado”. En otra denuncia se acusa como presuntos responsables señalados por la Auditoría Superior de la Federación a “2 ex funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz que actualmente son candidatos del PRI a Diputados Federales: Antonio Tarek Abadalá Saad, por el Distrito de Cosamaloapan y Edgar Spinoso Carrera, por el Distrito de Martínez de la Torre”. La PGR tiene la palabra.