cusaem-440x293Sólo en lo que va del sexenio, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) han firmado decenas de contratos con dependencias federales por alrededor de 2 mil millones de pesos. Estas fuerzas policiacas operan en el limbo legal, no pagan impuestos, reciben por asignación directa la inmensa mayoría de convenios y les encargan desde la seguridad de instalaciones nucleares hasta surtir de tepetate a Fonatur. Además, tienen en sus manos el cuidado de sectores estratégicos del país, pero opera en la opacidad y el gobierno no muestra la menor intención de regularizarlo.

Sin control y sin ley, los Cuerpos de Seguridad Auxiliar y Urbana del Estado de México (Cusaem) asumieron desde el inicio de la actual administración la vigilancia de inmuebles como la sede de la Secretaría de Gobernación, instalaciones estratégicas de agua, electricidad y manejo nuclear, e inclusive la custodia personal de al menos una secretaria de Estado.

No pagan impuestos ni ofrecen seguridad social a muchos de sus elementos que, portadores de armas largas y vehículos blindados, se encargan de cuidar casetas de cobro –contratados por el gobierno– en carreteras que desembocan en cruces fronterizos de entidades militarizadas donde la violencia campea.

De norte a sur, los diferentes grupos de los Cusaem vigilan casetas en Coahuila, Durango, Sinaloa, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Y ya desde hace años resguardan las garitas de varias autopistas en el Estado de México.

Custodian, entre otros inmuebles, los principales centros hospitalarios de la Ciudad de México y el centro del país, las oficinas de la banca nacional y los medios de comunicación electrónicos del Estado. En total, cuidan las puertas de unas 50 dependencias federales.

Los montos contratados con las diferentes instituciones del gobierno federal ascienden a 2 mil millones de pesos aproximadamente sólo en los dos años y cinco meses que lleva la administración de Enrique Peña Nieto.

Su presencia en oficinas federales está documentada desde las postrimerías del gobierno de Vicente Fox. Sin embargo, comparando los ingresos que logró durante los últimos dos años del calderonismo (300 millones) con los conseguidos en los dos primeros del actual sexenio, se ve que los dividendos de los Cusaem se multiplicaron casi siete veces, según se pudo cuantificar en los diferentes portales de información pública.

Esto es un problema, porque los Cusaem no tienen un régimen jurídico claro. La Ley de Seguridad Pública del Estado de México no los menciona y los mandos de dicho grupo jamás han sido llamados a comparecer al Congreso local donde, además, se ha rechazado toda iniciativa para normarlos.

Hasta hace unas semanas, el perredista Octavio Martínez Vargas presidió la Comisión de Seguridad Pública en la Cámara de Diputados mexiquense. Desde que asumió dicho cargo solicitó –mediante posicionamientos, puntos de acuerdo y peticiones formales– que se organizaran reuniones, se rindieran informes y se reformara la Ley de Seguridad Pública, a fin de incluir un capítulo que regule los Cusaem.

El legislador argumenta que ese organismo “está embozado” en la ley y opera como empresa de seguridad privada, pero con carácter público, por lo que obtiene armas de alto poder. Sumado a ello no paga impuestos sobre los millonarios recursos que ingresa –cuyo destino es incierto.

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