apatzingan-justicia-l-pueblod-440x293APATZINGÁN, Mich. (Proceso).-Los dos ataques ocurridos la mañana del pasado 6 de enero en Apatzingán, con saldo de 16 muertos y de los cuales dio cuenta este semanario en su edición 2007, no fueron obra sólo de la Policía Federal, como se creía. Al menos en una de las agresiones participaron soldados de la XLIII Zona Militar, según se desprende de testimonios incluidos en averiguaciones previas y declaraciones ministeriales recabadas para el presente reportaje por la periodista Laura Castellanos. La información es divulgada de manera simultánea por Proceso y el portal Aristegui Noticias.

En la matanza del pasado 6 de enero en esta ciudad, donde habrían muerto al menos 16 civiles, no sólo participaron policías federales; también intervinieron militares, según se desprende del “parte informativo y de puesta a disposición” contenido en la causa penal 3/2015-I del fuero federal.

De acuerdo con este documento así como con declaraciones ministeriales de soldados y policías que aparecen en la averiguación previa AP/PGR/MICH/M-III/008/2015, entre 100 y 110 efectivos del 30 Batallón de Infantería de la XLIII Zona Militar (correspondiente a Michoacán) acudieron a las inmediaciones del Palacio Municipal de Apatzingán tras recibir un “reporte ciudadano” que alertaba sobre la presencia de personas armadas en el lugar.

En dicho parte oficial los militares refieren que al llegar a la Casa Constitución, frente al jardín central, encontraron que civiles disparaban contra agentes federales, por lo cual “de inmediato intervinimos”.

Según el documento, soldados y agentes detuvieron y consignaron a 44 personas y aseguraron seis armas cortas, 13 armas largas y una granada de fragmentación. La versión oficial es contradicha por declaraciones ministeriales de civiles detenidos o heridos durante los hechos, contenidas en el mismo expediente judicial.

De acuerdo con estas declaraciones, a las 02:30 horas de ese día, un convoy de la Policía Federal irrumpió por el costado sur del Palacio Municipal. Momentos después un destacamento militar lo secundó por el costado norte. Dichos testimonios describen una operación de pinza en la cual federales y militares dispararon al plantón de 70 rurales y autodefensas que, armados sólo con palos, pernoctaban en el sitio.

Según estas declaraciones ministeriales, algunos militares o agentes iban encapuchados y otros vestidos de negro, y participaron en el tiroteo, las golpizas, las detenciones y la consignación de los 44 civiles desarmados, entre ellos dos mujeres, a quienes acusaron de portación ilegal de armas de fuego y asociación delictuosa.

Algunos de los manifestantes pidieron auxilio por radiocomunicadores. Al llamado acudieron varios “guardias civiles” que viajaban en una camioneta. Uno de ellos fue Eugenio Flores Argueta, quien ante el Ministerio Público relató: “Al momento de identificarnos como autodefensas, la Policía Federal y la militar nos dispararon con sus armas de cargo. Nosotros caímos de nuestro vehículo y al momento de que nos dieron la orden de pararnos me percaté de que un compañero de los que iba conmigo ya estaba muerto por causa de los disparos de la Policía Federal y de la militar”.

Los manifestantes pertenecían al G-250, grupo creado por Alfredo Castillo, excomisionado federal de Seguridad en Michoacán y actual titular de la Comisión Nacional del Deporte, a fin de combatir a Los Caballeros Templarios.

Desde el 15 de diciembre tenían un plantón permanente en protesta por la intención de Castillo de desarmarlos justo cuando, según ellos, enfrentaban nuevas incursiones del cártel en sus comunidades. Los inconformes también eran parte del grupo de Los Viagra, cuyos dirigentes han sido acusados de cometer abusos y de formar un cártel, lo cual ellos han negado.

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