Hilario Barcelata Chávez
11 de mayo de 2015

En los últimos tres años el gobierno de Veracruz ha causado un daño patrimonial a 107 municipios, equivalente a un monto de 2,944 millones de pesos (md). Esto se debe a que durante estos años no ha aplicado la fórmula establecida en la Ley de Coordinación para el reparto del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM). En su lugar ha aplicado de manera ilegal e indebidamente una fórmula que no debería utilizarse porque ya fue derogada al haber sido reformada esa ley por el Congreso de la Unión. De este modo durante 2013 los 107 municipios afectados dejaron de recibir 1,001 mdp, durante 2014 fueron 972 mdp y durante 2015 serán 971 mdp los que no se recibirán.1

Esta ilegalidad ha sido observada por la Auditoría Superior de la Federación quien en su Informe de la Cuenta Pública 2013 indica que como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-A-30000-02-0905 GF-453 aplicada al gobierno de Veracruz, encontró esta anomalía e indica los montos que en ese año no se entregaron a estos 107 municipios como puede verse en la imagen tomada de dicho informe2

Los montos individuales que los municipios dejaron de recibir son en la mayoría muy elevados, pero en algunos casos son escandalosamente altos, como es el caso de cinco municipios que dejaron de recibir más de 100 mdp en estos tres años siendo el caso más dramático el de Sotepan que no recibió 170 mdp que le correspondían, Las Choapas 163 mdp, Coscomatepec 153 y Uxpanapa 105 mdp. Todos ellos con profundas carencias y una elevada proporción de su población en situación de pobreza extrema.3

Otros 14 municipios dejaron de recibir entre 50 y 99 millones de pesos, entre los que destacan algunos de los municipios más pobres del estado y del país como es el caso de Chicontepec que no recibió 97 mdp, Altotonga 93 mdp, Ayahualulco 80, Álamo-Temapache 76, Tehuipango 76 y Filomeno Mata 68 mdp.4

Otros 49 municipios dejaron de recibir entre 20 y 49 mdp, destacando en este grupo municipios como MIxtla de Altamirano, el municipio más pobre del estado el cual no recibió recursos que por ley le correspondían por un monto de 19 mdp. Otros casos que destacan son Hidalgotitlán que no recibió 48 mdp, Tepatlaxco 40 mdp, Soledad Atzompa 39 mdp y San Andrés Tuxtla 34 mdp.5

Finalmente hay que señalar que otros 35 municipios no recibieron entre uno y 10 millones de pesos mientras que 4 municipios más dejaron de recibir un monto inferior a un millón de pesos.

Según se ve, las consecuencias de que el gobierno de Veracruz no cumpla con lo señalado en la Ley de Coordinación Fiscal están causando un severo daño a las finanzas municipales que ya de por si son bastante precarias. Este daño patrimonial representa una reducción de la capacidad de los ayuntamientos afectados para atender las demandas sociales, particularmente porque los recursos del FISM tienen como propósito la reducción de la pobreza, entonces encontramos un panorama lleno de dramatismo en el que los gobiernos municipales no pueden combatir la pobreza e impedir que su población se siga empobreciendo, porque, además estos recursos representan el monto más importante con que cuentan los municipios para realizar su gasto anual y lo que han dejado de recibir en estos tres años representa un porcentaje muy elevado de sus ingresos totales.

Falta calcular el daño patrimonial en términos del tamaño del presupuesto de cada municipio y el efecto que este daño causa en función al nivel de pobreza que existe en cada uno de ellos. Esos dos aspectos serán el tema de mi próxima colaboración.

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