Opinión
Por Mario Javier Sánchez de la Torre
29 de mayo de 2015

Desgraciadamente para todos los que habitamos en esta entidad, todo parece indicar que las acciones corruptas que han permeado a la actual administración estatal, continuaran durante los pocos meses que quedan de gobierno. Situación que llama la atención, pues durante las últimas semanas el actual Gobierno del Estado de Veracruz ha sido objeto a nivel nacional de noticias en las que se le acusa de haber cometido faltas graves en cuanto a la administración de los dineros de los veracruzanos, así como también de los recursos federales que le llegan a través de las participaciones que manda el Gobierno de la Federación, por lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF), ha tenido que tramitar ante la ahora Fiscalía Superior de la Federación (FSF), antes Procuraduría General de la República (PGR), las denuncias correspondientes.

Esta situación, de ser información mediática, pasó a ser totalmente seria, pues de no poder solventar las acusaciones que se les hacen a gran parte de los servidores públicos de la actual administración estatal veracruzana, en el momento que se giren las órdenes de aprensión, aquellos que no lleguen a obtener el tan anhelado fuero que proporcionan las diputaciones federales, que actualmente están en proceso de renovación, corren el riesgo de llagar al final del sexenio siendo habitantes de algunos de los penales que hay en el Estado o en el país.

Para sumar a lo citado, la nueva política de transparencia que está tratando de poner en funcionamiento a nivel nacional el presidente de la República Enrique Peña Nieto, al haber promulgado el pasado miércoles 27 del mes en curso la Reforma Constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, que es como lo expresó durante el importante evento: “un paso histórico en favor de una nueva cultura de la legalidad”. Pero que aquí, en la tierra “donde no pasa nada”, como lo ha dicho infinidad de veces desde el inicio del actual sexenio el Gobernador, todo parece indicar que no les interesa e intimida en lo más mínimo.

Desde hace varios meses se han dado a la tarea de llevar a cabo la Ley Estatal de Protección al Ambiente, la cual, desde sus inicios fue cuestionada por las irregularidades que ya presentaba, en especial por lo que toca al tema de la verificación vehicular, al quitar a los actuales concesionarios que prestan el servicio, su concesión, sin motivo alguno  y que han venido trabajando desde hace varios años, para ahora en forma totalmente sospechosa dar la concesión a nivel estatal a una sola empresa que no es veracruzana , pero que todo indica es de uno de los servidores públicos de más alto nivel de la administración estatal actual.

La aberrante y corrupta acción que pretenden poner en práctica, es de tal magnitud, que de 220 centros de verificación que funcionan en la actualidad para dar servicio a un total de aproximadamente de un millón 600 mil automóviles, pretenden hacerlo con centros de verificación instalados en solamente 16 municipios, de los 212 que hay en la entidad. Situación que por donde se le analice resulta de ineficiencia, no operativa, nada funcional para los usuarios, pero eso sí, que para el nuevo concesionario la inversión sea poca, pues ha cuanto puede ascender el instalar 16 o 32 centros, en el caso de que pongan dos por cada municipio. Por lo que ante tan inoperante acción surge el cuestionamiento ¿Quién es el nuevo concesionario? ¿Por qué se le permite tan poca inversión que todas luces indica que no funcionará? ¿Cómo podrá proporcionar  el servicio con tan pocos centros de verificación?  O será que ya desde ahora se está pensando el permitir los arreglos por fuera al no contar con los equipos necesarios.

Realmente el Gobierno del Estado debe dar una explicación a los ciudadanos del porque esta aberrante acción, pues a todas luces se observa tan en favor de alguien y en perjuicio de todos, que su aplicación de darse podrá con facilidad ser derogada. Al tiempo. Hasta el lunes.

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