IMG_9935-e1431267541830En Jalisco, 46 empresas y personas acusadas por el  Departamento del Tesoro  (Tesoro) de “lavar  dinero” para el Cártel de Sinaloa, mantienen activo el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en cuatro casos, las concesiones y permisos que otorgan las autoridades mexicanas para su operación.

El RFC es la llave que permite a cualquier empresa o persona física mantener una serie de beneficios ante el SAT y las instituciones financieras mexicanas. Desde solicitar facturas por concepto de gastos o compra de bienes; recuperar impuestos; tener acceso a financiamientos públicos o  privados, además de ser uno de los requisitos obligatorios para abrir una cuenta bancaria o acceder a una línea de crédito.

Una búsqueda avanzada hecha por Animal Político al portal del SAT, arrojó que de 62 empresas vinculadas por el Tesoro al Cártel de Sinaloa en Jalisco, 24 mantiene su RFC activo, ocho más lo dieron de baja y en 30 casos se desconoce, por lo que resulta  imposible determinar si éstos continúan operando. En tanto de las 24 personas físicas señaladas, 20 mantienen su RFC activo y en cuatro casos ha sido invalidado.

Entre los grupos ubicados por el Tesoro de “lavar” los activos del Cártel de Sinaloa, se encuentran dos de las estructuras vinculadas a Rafael Caro Quintero, líder fundador del Cártel de Guadalajara y que actualmente es un  bastión de la organización sinaloense.

“Con un RFC activo puedes realizar operaciones reales, ficticias o ambas y con ello, ayudar a lavar dinero proveniente de actividades ilícitas… Y para el fisco se trata de contribuyentes cumplidos”, aseguró Juan Manuel González Navarro, Contador Público (C.P) e integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores Públicos de México, entrevistado por Animal Político.

No son investigados por el Fisco

En los 46 casos detectados, se trata de contribuyentes activos que no son investigados por la autoridad fiscal mexicana.“Las cuestiones de lavado de dinero son ajenas a las cuestiones del orden fiscal”, reconoció Alberto Elías Beltrán, director de la Unidad de Implementación de la Ley Anti-lavado  de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), instancia de la cual se desprende el SAT.

Entrevistado por Animal Político, reconoció que aun cuando existen personas y empresas que mantienen activo su RFC ante el fisco y que son investigadas por el Tesoro de EU, “no necesariamente significa que tiene que haber una suspensión de sus obligaciones de carácter fiscal” en México, pues se trata de líneas que “no están relacionadas”.

El Funcionario no descartó, sin embargo, que muchas de estas personas señaladas por el Tesoro, se encuentren incluidas en una “lista de personas bloqueadas” de las instituciones financieras mexicanas, a solicitud de la SHCP.

Informó que actualmente esa lista, que emitió la SHCP por primera vez en abril de 2014 y que es “confidencial”, está conformada por poco más de 700 nombres o razones sociales. “Son personas que ha incluido el Consejo de Seguridad como vinculadas a terrorismo y su financiamiento, así como al tema de proliferación de armas de destrucción masiva y lavado de dinero… pero también aquellas que han sido señaladas por instituciones (como el Tesoro) y gobiernos internacionales”.

Elías Beltrán explicó que una vez que la SHCP ingresa el nombre de la persona a esta lista, se le pide a las instituciones bancarias bloquearlas de toda actividad, por lo que se encuentran impedidos  para realizar operaciones financieras. “Aunque tengan su RFC activo”.

Permisos y concesiones vigentes

Además de mantener sus RFC’s activos, cuatro empresas jaliscienses señaladas por el Tesoro de pertenecer a la red de lavado de Caro Quintero, mantienen vigentes los permisos y concesiones otorgados por  instancias como PEMEX y el Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.

En los cuatro casos, se buscó tener una versión de los dueños o encargados de las compañías, pero sólo con la gasolinera “Petro Londón S.de R.L de C.V” se pudo hacer contacto telefónico. Allí un empleado del establecimiento, quien no proporcionó su nombre, informó que no están presentando servicio, pero que están por reanudar sus operaciones, en un par de semanas, con “nuevo dueño”. De acuerdo con el Portal de Obligaciones de Transparencia Federal de PEMEX,su concesión tiene vigencia hasta el  8 de enero de 2023.

Las gasolineras Energéticos Vago y ECA Energéticos también cuentan con concesiones vigentes por PEMEX, que vencen el  28 de abril de 2003 y el 11 de julio de 2021, respectivamente.

El Grupo Constructor Segundo Milenio, es otra de las compañías que mantiene vigente su licencia comercial de operaciones ante el Ayuntamiento de Zapopan. Una investigación periodística hecha por Reporte Índigo, publicada el 8 de julio de 2013, reveló que dicho Grupo Constructor, cuyo presidente era Luis Cortés Villaseñor, fue el encargado de construir el Fraccionamiento Zotogrande en Zapopan, un complejo habitacional de lujo, cuyas casas y condominios cuestan más de 3 millones de dólares, según se puede consultar en páginas dedicadas a la venta de bienes raíces.

La información difundida por el Tesoro en 2013, es que Cortes Villaseñor era uno de los “prestanombres” de la familia Sánchez Garza, vinculados a su vez con el líder fundador del Cartel de Guadalajara.

Cortes Villaseñor, cuyo RFC se encuentra inactivo ante el SAT, fue asesinado en Zacatecas el pasado 26 de abril de 2015, junto al reconocido abogado jalisciense Antonio de Jesús Diocleciano Molina de la Puente, presidente del despacho jurídico Grupo Molina y quien de acuerdo con la revista Proceso “solía ostentar” su amistad con gobernadores y ex gobernadores de Jalisco.

¿Venden las empresas?

Sin investigaciones o señalamientos en su contra del lado mexicano, hay empresas de las señaladas por el Tesoro que aparentemente han vendido sus activos y los nuevos propietarios continúan con una actividad parecida o similar a la denunciada por las autoridades de EU.

La gasolinera Servicio y Operadora Santa Ana S.A de C.V, en Zapopan, Jalisco, fue hasta hace un par de años una de las empresas proveedoras de combustible de la entonces Secretaría de Viabilidad del Estado, hoy Secretaría de Movilidad. Actualmente se llama “Multiservicios 511 S.A de C.V”, tiene nuevo dueño, opera en la misma dirección que la razón social anterior y su concesión, ante PEMEX, tiene vigencia hasta el 20 de mayo de 2022.

No es la única empresa jalisciense en esa situación. La información recabada por ANIMAL POLITICO, revela que una de las direcciones donde presuntamente operaban las  sociedades (anónimas) Minerales Nueva Era y Minerales Nueva Generación, es una de las utilizadas actualmente por la empresa Basei S.A de C.V, dedicada la renta de plantas dosificadoras de concreto.

En los tres casos detectados, se tuvo contacto telefónico con empleados de dichas compañías, quienes confirmaron el cambio de dueño y razón social, pero negaron vínculos con las empresas denunciadas por el Tesoro.

 “Es una estrategia legal, más que fiscal, para tratar de que las autoridades les pierdan la pista y puedan continuar con sus actividades ilícitas”, sostuvo el C.P Juan Manuel González.

Jalisco es un claro ejemplo de cómo el Gobierno Mexicano combate con sangre y plomo a los grupos del narcotráfico, pero omite investigar sus ganancias. Mientras en EU se decomisan los bienes y las cuentas de testaferros y empresas ligadas al narco mexicano, además de que se castiga con hasta 10 años de cárcel a las personas que hagan negocios con ellos, en México estos personajes continúan abiertamente sus actividades financieras, lo que les permite armarse para asesinar policías, tomar carreteras, incendiar negocios y autos y derribar un helicóptero militar.

Si no se ve voluntad política para actuar estratégicamente contra estos grupos criminales, el gobierno debe ser consciente de que seguirán operando con el poder mostrado en Jalisco.

VER ESTA INFORMACIÓN EN:

http://www.animalpolitico.com/2015/05/46-empresas-y-personas-acusadas-por-eu-de-ligas-con-el-narco-en-jalisco-siguen-operando-en-mexico/