Por Rafael Arias Hernández
14 de mayo de 2015

En Veracruz, el agua es fuente de conflictos sociales en aumento; también, objetivo central de saqueadores y privatizadores en los gobiernos. Ineludible enfrentar el problema.

Permítaseme, reproducir resumen de un texto propio, vinculado con la imperiosa necesidad de ejercer derechos y libertades ciudadanas, plena y puntualmente.

A MANERA DE PRESENTACIÓN

En los interminables territorios de las injusticias, abusos y sacrificios. En los desolados desiertos de la desesperación, la frustración y la inanición, es reconfortante y alentador encontrar un oasis en donde abrevar, con seguridad y confianza, para renovar el esfuerzo de vida cotidiana.

Con mayor razón cuando racionamiento, tandeo, limitación, restricción, encarecimiento y cobros indebidos se han vuelto práctica común de innumerables organismos y dependencias gubernamentales que dicen administrar y garantizar el agua, vital líquido para la vida; y que, además, para desgracia de la población, muchos se han convertido en refugios de ineficientes y delincuentes, que no sólo las mal administran e injustificadamente endeudan hasta literalmente, hacer que “hagan agua”, quiebren y , como siempre, extiendan su privilegiada situación y beneficios, exigiendo subsidios extras, obteniendo utilidades o, de plano, promoviendo su mercantilización, privatizando o concesionando parcial o totalmente la ineludible obligación institucional y gubernamental.

La necesidad imprescindible del agua, es y ha sido siempre, causa y motivo de preocupación y atención general; y, sin duda, de ocupación de académicos y estudiosos dedicados al análisis, estudio, investigación y difusión de estos temas.

Sobre todo ahora que claramente se pueden identificar, una y mil formas de despojo, apropiación, privatización, concesión y mercantilización del agua, que abierta o encubiertamente se apoyan desde los ámbitos de gobierno federal, estatales y municipales.

El trabajo “El régimen democrático y el derecho social de Acceso al Agua y al Saneamiento”, que hoy nos ofrece el Dr. José Álvarez Montero, catedrático e investigador, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, puede ser considerado como uno de esos lugares para refrescar y obtener información y conocimiento; es una oportuna contribución, una profesional aportación que nos prepara y dispone, a que lo leído y aprendido, puede pasar a ser parte de ese imprescindible líquido esencial para la sociedad, que es el derecho en su más amplia y significativa concepción.

Texto, ideas y reflexiones pueden ser consideradas como una fuente que el autor pone a disposición pública para abrevar del conocimiento del derecho, también considerado piedra angular de toda organización social que pretenda funcionar y desarrollarse en forma civilizada y pacífica.

Invitados todos a su lectura y análisis, a su aplicación y crítica esenciales para avanzar en estos temas de gran importancia individual y colectiva. Y, en particular, convocados a actualizar y fortalecer la legislación que garantice los derechos de acceso al agua, vital para innumerables formas de vida, y para su puntual y obligado saneamiento.

Pero además, podría decirse que es un texto provocador, que no sólo plantea interrogantes académicas y teóricas. Y hay que insistir y respaldar, también introduce una convocatoria, al urgente cumplimiento de la responsabilidad ciudadana y social, así como a la gubernamental en sus diversos ámbitos y formas. Sugiriendo incluso, algunas posibles acciones o rutas a seguir, sobre todo a través de una razonada conclusión y una sensibilizadora propuesta, que invitan a reflexionar y actuar.

Desde otra perspectiva ayuda a entender y asumir como práctica cotidiana, la concientización y trascendencia, del derecho social de acceso al agua y al saneamiento. También propone posibles obras y acciones a seguir, en el interminable esfuerzo por actualizar y fortalecer la vigencia y efectividad de la legalidad, en temas fundamentales para la sobrevivencia y desarrollo de los seres humanos y hasta de otras formas de vida.

Derecho, líquido esencial para la convivencia civilizada y la solución pacífica de los problemas. Derecho, piedra angular de las instituciones gubernamentales y organizaciones públicas sobre las que descansan las estructuras y funciones de la procuración y administración de justicia en todos sus aspectos.

Sistema jurídico que también determina en muchas formas la operación y evolución de la democracia, método de representación y participación ciudadana, de elección y renovación de mandato, de gobierno de, para y por el pueblo. A partir de la fórmula esencial de legalidad y legitimidad, orden y consenso, así como efectividad en la atención de las necesidades y prioridades sociales se construye y reproduce la forma de gobierno.

El derecho al agua es, de principio a fin el centro de atención del trabajo que hoy presenta el maestro Álvarez Montero. Para quien, una rápida y breve consideración de los diferentes aspectos que hoy llaman la atención sobre el derecho al líquido vital, lo llevan finalmente a algunas conclusiones y una propuesta que, hay que insistir por todos los medios y en toda oportunidad posible, vale la pena tomar en cuenta como la continuación obligada del tratamiento de estos temas y los asuntos públicos que origina, modifica y complica la vida, en todas sus formas.

¿Cómo hacer que la intención se convierta en acción? ¿Cómo pasar del dicho al hecho y hacer que la norma no sea obsoleta, o letra muerta?

He aquí una propuesta que se suma a las existentes. El reto es hacer que la palabra y la ley, que el Derecho al agua y saneamiento se materialice en hechos, se convierta en flujo creciente, en torrente que irrigue nuestros comportamientos, nuestra conducta cotidiana, hasta transformarse en una Cultura que haga realidad, a todos todo el tiempo y en todas partes, el contenido constitucional y las disposiciones internacionales vigentes. Ese es el reto.

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines…”

Que, en verdad, así sea.

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