Por Aurelio Contreras Moreno
06 de mayo de 2015

¿Podría a estas alturas sorprender a alguien la inmensa mezquindad del gobierno de Javier Duarte? Realmente no. Su manera de reaccionar, elusiva, falaz y desquiciante ante cualquier asunto que tenga que ver con su responsabilidad se ha vuelto antológica.

Así que a nadie extraña que ante el más reciente asesinato de un periodista veracruzano, a como dé lugar el gobierno duartista busque darle la vuelta y cargarle a otros lo que le competería a sí mismo como una obligación de primer orden, que es garantizar el ejercicio libre del periodismo y proteger las libertades de expresión e información en el territorio que dice gobernar.

Nada de eso está ya no digamos entre sus prioridades. Ni siquiera les importa. Tras el asesinato de Armando Saldaña Morales, soltaron a su jauría mediática para negarle hasta su vecindad veracruzana. Que el muerto lo cargue Oaxaca es la consigna.

Pero no tienen manera de esconder la realidad. Armando Saldaña Morales, reportero de la estación de radio Ke Buena y del diario Crónica de Tierra Blanca, entre varios otros medios con los que colaboraba, es la nueva víctima de la violencia asesina que se desborda contra los periodistas en Veracruz desde hace casi cinco años.

Y su caso es como el de la mayoría de los reporteros asesinados en este sexenio: lo mataron por su labor informativa. Armando Saldaña llevaba tiempo denunciando a las bandas de ladrones de combustible que operan con absoluta impunidad en la Cuenca del Papaloapan y en todo el sur de Veracruz, “negocio” que se combina con el del narcotráfico y los secuestros.

Armando, pues, trabajaba temas veracruzanos, en medios veracruzanos, desde suelo veracruzano, pues tenía su residencia en Tezonapa, Veracruz, ciudad donde su cuerpo fue velado este martes 5 de mayo. Pretender desentenderse del crimen que le arrebató la vida sólo porque su cuerpo apareció en Cosolapa, Oaxaca, es una vileza. Máxime porque a ambos municipios, el veracruzano y el oaxaqueño, lo único que los separa, su frontera, es una calle. Y las autoridades de ambos estados lo saben.

Pero prefieren “tirarse la bolita”. Como lo hicieron también con Octavio Rojas Hernández, quien fuera corresponsal del diario El Buen Tono y vocero del Ayuntamiento de Cosolapa, asesinado el 11 de agosto de 2014 y a quien por esa razón, la de desempeñar un cargo público al momento de su homicidio, no se le incluye en el conteo de periodistas ultimados en Veracruz.

Pero la numeralia, si bien es un macabro aunque eficaz indicador de los niveles de violencia en contra de los periodistas en Veracruz es, a fin de cuentas, lo de menos. Lo verdaderamente importante es que los muertos aumentan y la situación no cambia un ápice. El gobierno duartista permanece inmóvil, indiferente y hasta complaciente con el hecho de que se masacre lentamente a los reporteros veracruzanos.

La mejor muestra de ello es que mientras varios comunicadores salieron a protestar en Xalapa en repudio al homicidio de Armando Saldaña, para la Comisión Estatal de Protección y Atención a Periodistas fue más importante emitir un boletín no condenando este crimen, sino convocando a su segundo concurso estatal de reportaje. Y mientras eso sucedía, la secretaria ejecutiva de ese organismo, Namiko Matzumoto, se llenaba la boca hablando de derechos humanos y ensalzando a quien en realidad rinde cuentas, en uno de los medios de comunicación de su propiedad.

Veracruz es el más grande cementerio de periodistas de México y América. Y el de Armando Saldaña es el nuevo cadáver con el que deberá cargar Javier Duarte el resto de sus días.

 

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