imagesIsrael Hernández / Veracruz- 2015-07-0209:20:56

Plagada de prácticas de corrupción y opacidad en el manejo de los recursos financieros, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) sólo está agravando los problemas que atraviesa la entidad en materia de educación superior.  De acuerdo a la investigación de Jaqueline Jongitud Zamora, titulada “La Hidra en la educación superior: un caso de estudio”, la institución que actualmente es dirigida por Andrés Blancas Portilla tras la muerte del rector Guillermo Zúñiga Martínez, está muy lejos de ofrecer educación de calidad a los más de 30 mil estudiantes inscritos en las licenciaturas.

Para la investigadora de la Universidad Veracruzana y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México, la corrupción al interior de la UPAV vulnera el derecho a la educación superior. La tesis contenida en más de 170 páginas da cuenta del turbio nacimiento de la institución con raíces en el Instituto Veracruzano para la Educación de los Adultos, cuyas facultades para operar como Institución de Educación Superior fueron otorgadas por encima de las normas vigentes.

Derivada de la investigación, la especialista en derecho recomienda la creación de una Ley General de Educación Superior que establezca obligaciones generales para garantizar el derecho a la educación superior, y evitar casos como el documentado. Jongitud Zamora expone que si bien la operación de la UPAV es deficiente en todos sus niveles, el origen del ‘cáncer’ se encuentra en la parte más alta, donde han persistido conductas de corrupción de las autoridades estatales.

Con ejemplos precisos, describe la existencia de tráfico de influencias, abusos de autoridad, falta de rendición de cuentas, encubrimiento, ejercicio indebido de un deber público, entre otras prácticas que menoscaban la tarea educativa para la que fue creada la universidad.

Para la también doctora en Derecho Público por la UNAM, en su momento el gobernador Fidel Herrera Beltrán violó los acuerdos educativos para las instituciones de educación superior, práctica que fue complementada con la creación por decreto de la UPAV, decisión impulsada por el actual gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Plagada de problemas

“En lugar de sentar una actuación que abone en una educación en y para los derechos humanos, se está coadyuvando con la profundización de los problemas que aquejan a la educación superior en su conjunto, y de los egresados de educación superior de la entidad veracruzana en lo particular”, señala.

Incluso cuestiona la designación de Guillermo Zúñiga como rector de la Universidad, cuyo nombramiento se debió a favores políticos que datan desde la administración de Herrera Beltrán y se mantuvieron en el actual gobierno, sin que se conformara un grupo de académicos para elegir al mejor aspirante a ocupar el puesto.

Aunque uno de los motivos para fundar la UPAV se centró en incrementar la cobertura de educación superior y dar cabida a los miles de jóvenes rechazados de la UV, Jaqueline Jongitud demuestra que matricularse en una carrera no es para todos. Si bien existe un presupuesto gubernamental que oscila entre los 19 y los 22 millones de pesos anuales, los diferentes campus localizados en 150 municipios de Veracruz subsisten de las cuotas impuestas a los estudiantes.

Dependiendo de la carrera y del lugar donde se oferta, las colegiaturas cuatrimestrales van desde los 3 mil hasta los 5 mil pesos, reduciéndose las oportunidades para los jóvenes que habitan o provienen de comunidades indígenas o donde la economía apenas y alcanza para el sustento diario. “Los cobros indebidos de matriculación, el soborno y el tráfico de influencias pueden afectar la accesibilidad y el principio de igualdad y no discriminación, pues representan un impedimento ilegal e ilegítimo para el acceso a la educación superior, y el trato desigual y discriminatorio en razón de la condición económica o social de las personas”, dice.

Mientras desarrollaba la investigación, la autora buscó la manera de conocer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en los diferentes planteles, sin embargo descubrió que ni siquiera la Contraloría General del Estado había auditado a la dependencia, con el pretexto de que era un organismo de reciente creación. Además los directivos sólo están obligados a transparentar el uso de los recursos públicos, sin embargo el dinero recaudado mediante cuotas (en modalidad privada), valuado en 140 millones de pesos por ciclo escolar, alcanza un rango inalcanzable para la Ley.

Trabajo de campo

El minucioso análisis y la sustentación teórica de Jongitud Zamora se complementó con el trabajo de campo, el cual consistió en conocer las condiciones reales en las que opera la UPAV.

La metodología del trabajo científico requirió un total de 604 cuestionarios a estudiantes, de los cuales el 43 por ciento dijeron estar insatisfechos respecto a las instalaciones donde toman clases. Asimismo, el 62 por ciento de los encuestados se mostraron decepcionados por los servicios tecnológicos de sus respectivos planteles, mientras que el 52 por ciento expresaron su descontento por las condiciones de los talleres y laboratorios.

De entrada, la institución carece de aulas propias, situación que complica el aprendizaje y evidencia el fracaso de la UPAV como una alternativa que satisfaga la demanda de educación superior en una entidad donde anualmente son rechazados 21 mil jóvenes. A excepción de las unidades de Tihuatlán, San Andrés Tuxtla y Las Choapas, en el resto de los municipios la universidad opera en aulas de escuelas primarias, secundarias o inmuebles rentados, los cuales no cuentan con espacios que cumplan con estándares nacionales e internacionales.

El estudio tomó en cuenta 89 instalaciones de 35 municipios, donde la investigadora constató que los alumnos deben pagar cuotas extraordinarias para poder pagar el mantenimiento, acceso a baños, internet inalámbrico, entre otros servicios. “A pesar de que la mayoría de las unidades observadas cuentan con servicios básicos, ocho carecen de agua potable, dos de drenaje, una de alumbrado público y tres cuentan sólo con baños mixtos. Tales datos exhiben condiciones inapropiadas para cualquier proceso educativo”.

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