tlatlayaAPA través de un comunicado oficial difundido este domingo, 5 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional negó haber ordenado a los soldados de la Base de Operaciones de San Antonio del Rosario, Estado de México, el asesinato nocturno de personas, tal como denunció la semana pasada el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Con base en un documento militar obtenido por el Centro Prodh, esta organización civil denunció que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares el 30 de julio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, fueron derivadas de una orden directa y escrita, que literalmente mandaba a los soldados apostados en la región a “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.

Para el Centro Prodh, la orden de “abatir delincuentes” es “unívocamente” entendible como una orden de asesinar. 

Sin embargo, aseguró la Sedena, dicho documento incluye en realidad “38 indicaciones (y) busca proteger la vida de las personas, la seguridad de las tropas y privilegiar el respeto a los derechos humanos, lo que se acredita en varios párrafos del documento”.

Para la Sedena, en el mismo documento que el Centro Prodh presenta como prueba también se establece que “la prioridad durante las operaciones será garantizar la seguridad de las personas inocentes, evitándose generar víctimas colaterales”.

Además, el documento dado a conocer por el Centro Prodh subraya que “las operaciones deben realizarse con estricto respeto a los derechos humanos, evitando cateos sin orden de la autoridad judicial, así como el traslado de detenidos al interior de instalaciones militares”.

Para la Sedena, “del análisis de la totalidad del documento, se desprende que su propósito es que las operaciones del personal castrense se ajusten al marco jurídico vigente, que contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos”, y no instruir a la tropa para que cometa delitos.

Cabe destacar que luego de que el Centro Prodh diera a conocer este documento interno de la Sedena, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, demandó profundizar la investigación sobre la matanza de Tlatlaya, ya que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir a matar criminales”.

En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto

Detrás de la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, instruida al comandante del grupo militar que hace un año accionó sus armas contra 22 personas en Tlatlaya, está la convicción de Enrique Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Así se estipula en el documento clasificado “confidencial” integrado en la Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario, fechado el 11 de junio de 2014, que forma parte de la causa penal que se sigue a un oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado Sexto Militar, obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.

El Centro Prodh obtuvo parte del expediente, después de una pelea legal que aún no termina, para que en la jurisdicción militar y en la Procuraduría General de la República (PGR) se reconozca a Gómez González su calidad de víctima de los hechos de Tlatlaya.

A través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados tuvieron acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, el sargento Roberto Acevedo López y los soldados Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Fernando Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama, Leobardo Hernández Leónides y Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el operativo del 30 de junio de 2014.

De esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que Rodríguez Martínez sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, y la instrucción del “alto mando” a realizar actividades “en horas de la oscuridad, sobre objetivos específicos” y “abatir delincuentes”, indicaciones que para el Centro Prodh constituyen “verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, según su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.

Las órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un reporte clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el que se hace referencia directa al “presidente de la República”, aunque no se le nombra, para contextualizar las indicaciones de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.

Ver esta información en:

http://www.animalpolitico.com/2015/07/la-sedena-niega-haber-ordenado-el-asesinato-de-victimas-en-tlatlaya/

http://www.proceso.com.mx/?p=409727