En papel de defensor de la tesis de que el subsidio universitario no constituye una obligación para el gobierno del estado, el titular de la SEFIPLAN resbala y se equivoca rotundamente, Antonio Gómez Pelegrín alega: “El hecho de que el subsidio esté incluido en el Presupuesto de Egresos del Estado no obliga al Gobierno de otorgarlo, simplemente lo legitima para poderlo hacer en caso de contar con los recursos”. Olvida o ignora que el hecho de estar incluido en la Ley de Egresos constituye una obligación per se, aunque su monto y cumplimiento efectivamente lo fijan “las disponibilidades financieras de Veracruz”. Si el subsidio está en le ley, “por definición” es una obligación y debe cumplirse. A Arredondo le responde que “la Constitución Política del Estado “incluye” las aportaciones del Gobierno del Estado a la Universidad Veracruzana, pero se le olvida una cosa, no determina ni montos ni porcentajes de esas aportaciones…”. Tampoco acierta, porque no está en la Constitución por técnica legislativa porque corresponde a la Ley secundaria “incluir” el detalle, en este caso es la de egresos. Así, ni para defensoría de oficio.