Familiares de personas desaparecidas, cuyos casos son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR), denunciaron que esta institución suspendió –desde febrero pasado– el mecanismo de seguimiento a las indagatorias pendientes a dar con el paradero de sus seres queridos.

Desde entonces, subrayaron, dichas pesquisas están detenidas.

El mecanismo de seguimiento, explicó Guadalupe Fernández –mamá del ingeniero José Antonio Robledo Fernández, desaparecido en Coahuila desde 2009– permitía a cada familia celebrar reuniones periódicas con el responsable en turno de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), así como con los agentes del Ministerio Público y con los fiscales que llevaban cada caso.

Este mecanismo de vigilancia a las investigaciones, señaló Fernández, se instauró en 2012, tras detectarse que no había coordinación en el trabajo de cada área de la SEIDO, por lo que se acordó que cada una de dichas áreas presentara un informe mensual de sus avances ante las familias de las víctimas, y ante el titular de la Subprocuraduría.

A partir del análisis conjunto de dichos informes, las familias y el titular de la SEIDO establecían las nuevas acciones que debían emprenderse en cada investigación, y se llamaba a cuentas a los agentes y fiscales que fueran responsables de eventuales retrasos u omisiones.

Sin embargo, este septiembre se cumplieron siete meses sin que el titular de la Subprocuraduría reciba a las familias con las que se había entablado esta interlocución desde 2012.

“(Los familiares) nos hemos quedado callados todo este tiempo –señaló la señora Fernández–, porque teníamos la esperanza de que sería algo temporal, todo este tiempo hemos estado pensando ‘mañana ya nos van a recibir’… pero no es así, y ya me cansé. Somos muchas familias a las que la SEIDO nos ha cerrado las puertas”.

Con el objetivo de que se retome este mecanismo de seguimiento, explicó la señora Guadalupe Fernández, “les hemos llamado por teléfono innumerables veces, y en todas las ocasiones la secretaria nos anuncia que nos devolverán la llamada, sin cumplirlo; luego solicitamos audiencia con el titular de SEIDO a través de una petición formal entregada a la Oficialía de Partes de PGR, y nuevamente nos volvieron a prometer una cita en junio, que tampoco fue cumplida, nos dejaron plantados.

“El 9 mayo, se le notificó de esta situación directamente la actual procuradora General de la República, Arely Gómez, pero tampoco hizo absolutamente nada, y por último se pidió la intervención de Roberto Campa (subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación), quien personalmente nos había ofrecido todo su apoyo en lo que fuera necesario, pero él tampoco cumplió su palabra: la interlocución se cerró completamente”.

Según los registros del gobierno mexicano, al menos 662 casos de desaparición forzada son investigados desde el fuero federal, por la Procuraduría General de la República.

Sin este proceso de vigilancia a las investigaciones, subrayó la señora Fernández, éstas quedan prácticamente congeladas, y con ello queda también suspendido el seguimiento al proceso penal que se sigue contra los presuntos responsables de desaparición forzada, que han sido detenidos.

“Este gobierno ha sido totalmente insensible, y está provocando retrocesos en todo lo conseguido en el pasado: en el caso de mi hijo, hay varios detenidos que participaron en su secuestro, y que ya están tramitando amparos en contra del auto de formal prisión. Y mientras ellos se están moviendo legalmente para salir libres, la PGR no está haciendo prácticamente nada.”

Para conocer la postura de esta institución pública ante estas denuncias, Animal Político solicitó desde principios de septiembre una entrevista con un representante oficial, sin que se obtuviera respuesta favorable.

Ver esta información en:

http://www.animalpolitico.com/2015/09/la-pgr-suspende-contacto-con-familias-de-desaparecidos/