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MÉXICO, D.F. (apro).- A dos años de las represiones masivas de manifestantes, perpetradas por policías capitalinos durante las movilizaciones conmemorativas del 10 de junio y el 2 de octubre, la ‘ombudsperson’ capitalina, Perla Gómez Gallardo, concluyó lo que las víctimas de las redadas habían denunciado desde el primer día de su detención:

Que las detenciones fueron arbitrarias; que se excedió el uso de los delitos “ultrajes a la autoridad” y “ataques a la paz pública”; que los detenidos en la mayoría de los casos no correspondían a quienes presuntamente habían incurrido en ilicitudes, y que en los diferentes procesos judiciales que se siguió a los detenidos hubo violaciones a garantías, entre otras, al debido proceso.

Aún más: una observación concreta de Gómez Gallardo es debida a que los despliegues policiacos en marchas y concentraciones no se apegan a sus funciones de seguridad pública conforme a normas y criterios nacionales e internacionales, por lo que sus diferentes actuaciones violan derechos fundamentales como las libertades de manifestación, expresión y asociación.

Además, se vulneraron los derechos a la libertad personal, a la integridad y, aparte de que en los operativos policiacos se obstaculizó la labor de visores y defensores de derechos humanos, también se incurrió en violación del derecho a ser defensor.

Las recomendaciones emitidas hoy por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) son las 9, 10 y 11, correspondientes a los operativos del 10 de junio y el 2 de octubre de 2013, así como a la del 22 de abril de 2014, respectivamente. Las primeras se desarrollaron en marchas conmemorativas de las represiones de 1968 y 1971, mientras que la de 2014 fue contra la Ley de Telecomunicaciones.

El saldo de esos operativos, documentado por la CDHDF, fue de 90 personas agraviadas, entre ellas 23 mujeres, 61 hombres y seis adolescentes.

Las conductas irregulares de los policías capitalinos consistieron lo mismo en la dilación de entrega al MP de los detenidos que en explicarles los motivos de la detención, con lo que se violó la garantía de libertad personal.

Además, la Procuraduría local habría incurrido por su parte en otras violaciones a derechos humanos, por ejemplo, en al menos en un caso ordenó la retención de una persona sin que constara la declaración del policía que la detuvo y en cuyo testimonio se basaría el proceso.

También los jueces incurrieron en diferentes irregularidades, como el hecho de no haber valorado pruebas que se ofrecieron, o el asentar confesiones que no se habían obtenido.

Las recomendaciones de la CDHDF se dirigen no sólo a la Secretaría de Seguridad Pública y la PGJDF, también alcanzan al Poder Judicial capitalino y a la Asamblea Legislativa, pues esta última debería revocar los delitos mencionados de ataques a la paz pública y ultrajes a la autoridad.

En rueda de prensa, Gómez Gallardo recordó que aun cuando el gobierno de Miguel Ángel Mancera había aceptado la recomendación 7 /2013, relacionada con los hechos del 1 de diciembre de 2012, y se había comprometido a una reforma policial, ello no se llevó a cabo, razón por la que urgió a la ALDF a considerar recursos para generar el proceso en la materia.

Asimismo, se refirió a la necesidad de imponer sanciones a quienes han faltado a la ley y que se investigue si el juez 40 de lo Penal del Distrito Federal incurrió en irregularidades al no aceptar pruebas que desahogaba la defensa de uno de los inculpados.

Entre otros aspectos se refirió a la anulación del Protocolo de Control de Multitudes, empleado para la disuasión de marchas y que prevé mecanismos no acordes con la perspectiva de derechos humanos.

Recomendación “insuficiente”

Desde el 1 de diciembre de 2012, Apro ha dado cuenta de numerosos casos irregulares de quienes, detenidos en marchas y concentraciones ciudadanas, son acusados de diferentes delitos del fuero común, entre éstos los derivados del 10 de junio y del 2 de octubre de 2013.

En el primer caso, se trata de la detención y proceso de Diego Mora, Freddy Rosete, Diego Jacob Rodríguez, Carlos Esteban Jiménez, Jorge Alejandro Velázquez, Carlos Vázquez y Luis Barrera, quienes fueron detenidos en el Zócalo capitalino bajo cargos de ultrajes a la autoridad y ataques a la paz pública, a los que se refiere, reservando sus nombres, la titular de la CDHDF.

En esos casos, el juez de la causa no aceptó material probatorio y, aunque funcionarios del gobierno capitalino admitieron que no eran ellos quienes incurrieron en agresiones, lo cual se constató también con los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad, el jueves 3 se les confirmó la sentencia de cuatro años, tres meses y un día de prisión, así como suspensión de derechos políticos por un año.

Carlos Esteban Jiménez, uno de los sentenciados, consideró esta tarde que la recomendación es insuficiente, pues sostiene que, aparentemente es una buena recomendación, pero no se dirige al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aunque la propia CDHDF admite que se trata de un mecanismo de contención político-policiaco.

Añadió que, de ser cierto, como dijo el jefe de Gobierno, que las dependencias deben aceptar todas las recomendaciones, a partir de hoy deberían generarse los desistimientos y la libertad para quienes continúan presos.

A diferencia de los sentenciados por el 10 de junio, los detenidos del 2 de octubre ya están en libertad, excepto Abraham Cortez, un joven artesano procedente de Oaxaca.

El resto de los detenidos salió a las pocas horas de las capturas y los que quedaron recluidos obtuvieron su libertad mediante amparos y procedimientos de apelación que les dieron la razón.

Sin embargo, debido a la lentitud con que se procesó la recomendación, uno de los detenidos y liberados, Alejandro Bautista, también promotor de la queja ante la CDHDF, murió de causas naturales el pasado 28 de octubre, por lo que no vio resuelto su caso.

En tanto Gabriela Hernández Arriola, conocida por su alias de redes sociales, “Luna Flores”, no fue incluida en la recomendación por el 2 de octubre, aun cuando fue también muy activa en la promoción de la queja que hoy se concreta en la recomendación 10/2013.

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