CAMALEÓN

Son inéditas las circunstancias que estamos viviendo en el estado de Veracruz en cuanto se refiere a las relaciones sociedad-gobierno, a la percepción ciudadana respecto de lo que hace o no hace el sector público, en lo que tiene que ver con el enorme problema financiero auspiciado por una deuda pública convertida en pesado lastre para el gobierno estatal. Adicionalmente, la expectativa de un periodo gubernamental de dos años, sin precedente en Veracruz, al menos desde principios de la segunda mitad del siglo XX (periodo del gobernador Marco Antonio Muñoz 1950-1956), ya que quien asuma el poder se enfrentará a una problemática política y social cuyos orígenes más cercanos podemos ubicar fundadamente a partir de 2004. Todo debido al desorden administrativo y la acentuada anarquía en la implementación de las políticas públicas, junto al atropellado manejo del recurso público durante el gobierno de Fidel Herrera, trasladando efectos nocivos hacia la gestión que encabeza Duarte de Ochoa, acaso incapacitado ya para enderezar la brújula en el frente financiero.

De entrada, es posible señalar que de los tres principales fines que justifican la existencia del Estado, la Salud, la Educación y la Seguridad Pública ninguno se ha cumplido a cabalidad en términos de satisfacer la demanda ciudadana; no es apriorístico asegurar que esta conclusión riñe sustancialmente con los parámetros del discurso oficial, y no es caprichosa porque al menos en lo que concierne a Salud y Seguridad los índices de satisfacción son manifiestamente reducidos. Y en cuanto a Estado de Derecho, como aseguró en una intervención pública el doctor Francisco Berlín Valenzuela: “cabría preguntarnos ¿qué opinan los habitantes de nuestro Estado de Veracruz respecto al estado de derecho? ¿Piensan que realmente las autoridades –en general, lo respetan y se conducen de acuerdo a sus postulados?”.

Por si no bastara, una deuda pública exorbitante, elevado porcentaje de participaciones  comprometidas como garantía de los débitos, inseguridad pública fuera del alcance de las corporaciones locales, compromisos sociales incumplidos, configuran un complicado escenario con un margen de maniobra muy estrecho para el gobierno bianual próximo.

No obstante ese escenario, se observa a actores políticos en intensa actividad de proselitismo para obtener la candidatura al gobierno veracruzano, tres militan en el Partido Revolucionario Institucional, también tres en el Partido Acción Nacional, uno del Partido del Movimiento de Regeneración Nacional y uno o dos más la buscan por la vía independiente. ¿Qué los impulsa a luchar por obtener tan grave responsabilidad? ¿Resolver la problemática veracruzana atendiendo a un llamado de compromiso social y vocación de servicio, o hacerse del poder para usufructo personal y de grupo en aras de un proyecto transexenal?

¿Quiénes de los pretendientes encajan en una u otra hipótesis? Obviamente, la respuesta requiere de mayores elementos de información, pero de entrada, el nombre, el discurso y la trayectoria de los aspirantes lo empieza a explicar: Por el PRI: José Yunes Zorrilla, Héctor Yunes Landa, Alejandro Montano Guzmán; por el PAN: Miguel Ángel Yunes Linares, Fernando Yunes Márquez, Juan Bueno Torio; por MORENA, Cuitláhuac García; por la vía independiente Gerardo Buganza, Renato Tronco y acaso Moreno Brizuela, más los que aparezcan. Aventuraríamos una respuesta en falso si pretendiéramos encasillar a cada uno de estos actores en la respuesta a las interrogantes formuladas, eso finalmente le corresponde definirlo a la ciudadanía veracruzana. No pocos de los aquí nombrados, con sus respectivos matices, manejan en su discurso político la necesidad de combinar la ética y la política, para privilegiar la honradez contra el imperio de la corrupción y la impunidad.

No erramos si suponemos una necesaria relación entre ética y política cuando el propósito sustancial de esta radica en participar en la cosa pública para resolver los problemas colectivos, al margen de beneficios personales; aserto que sirve para ratificar que el ambiente actual es turbio y requiere limpieza, porque demasiada corrupción e impunidad han dañado a la función pública y el descrédito de la clase política es fenomenal.

Incurriríamos en omisión si olvidáramos que la opinión pública está cansada de lo que observa y que por lo mismo está ávida de cambios substanciales. No agrada saber que un gobernador se sube al ring olvidando su condición de gobernante, solo para salir vapuleado, y no precisamente por el contrincante sino por la opinión pública que desea resultados desde el gobierno, no pleitos callejeros. Tampoco el espectáculo de un Congreso local que abdicó de sus facultades a favor del Poder Ejecutivo, al servirle obsecuentemente en todo lo que éste le instruye, dejando sin efecto la saludable separación de poderes; esto aclara meridianamente lo nocivo que ha sido para el país la partidocracia, un fenómeno a través del cual se manifiesta la subordinación de los actores políticos a los intereses partidistas y personales, al margen y hasta en contra del interés general.

En esa Caja de Pandora también se anida la irritación social que observa cómo un servidor público construye un edificio con costo millonario sin que al parecer su superior muestre extrañeza y le exija cuentas, en vista de la incompatibilidad entre la bonanza actual y la estrechez económica en que se debatía no hace mucho tiempo. En otro de los muchos expedientes que incitan el reclamo de la opinión pública se encuentra la súbita bonanza inmobiliaria de una señora, antaño dedicada al reportaje periodístico con modestos ingresos económicos pero que, tras desempeñarse en un cargo público de mediana categoría aunque con presupuesto suculento, ahora luce convertida en próspera empresaria, sin que haya reparos de parte de quien la promovió para investigar las fuentes de esa por lo menos extraña “prosperidad”. En otro renglón, encontramos que, apenas tomó posesión de su encargo como titular de una dependencia federal encargada de proteger al consumidor del exceso de comerciantes voraces, su titular tiene que salir a explicar que no es propietaria de un antro en el que se ejercitaba sexo explícito con la participación de la clientela. Estos casos nos permiten medir el nivel en el que se debate la administración pública veracruzana; como estos, existe un extenso relicario de similitudes que explican la urgente necesidad de establecer en México y en esta aldea jarocha vínculos más estrechos entre la ética y la política, pues está visto el categórico rechazo de la ciudadanía a la anacrónica manera en que hacemos “política”.

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1-Otubre-2015.