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Informe Rojo
Por Mussio Cárdenas
08 de septiembre de 2015

* Cinco casos para opacar el crimen de Rubén * “Asesino”, el grito que desquició al gober * Yunes y las otras denuncias * Que lo investigue la procuradora * Fidel y Zhenli Ye Gon * Mil trabajadoras de Sedesol, a la calle * Fallo contra SCT: a pagar 94 millones * Sentencias clonadas de los Quintanilla

14 muertos, y periodistas todos, nadie los tiene. Javier Duarte sí. Y de ahí que eche a andar el distractor: acusen a Yunes, reactiven la agresión a universitarios, exoneren a las ratas de palacio, enloden a los adultos mayores, amenacen a los que difaman. Lo que sea pero que no se hable más de Rubén Espinosa, del exilio y el crimen, del clima de hostilidad y el asedio, de la responsabilidad moral del gobernador. Y que nadie lo llame “asesino”.

Es variada la Caja China de Javier Duarte. Con ella entretiene y distrae, justo cuando toca fondo su credibilidad, cuando se le fustiga a nivel mundial como el peor entre lo peor, cuando se le etiqueta como un represor, perseguidor de periodistas, acosador sin freno, gobernador del bajo mundo, alfombra del crimen organizado. Y por ello es absoluta y totalmente indigna en sus labios la frase “Pórtense bien”.

Quien se porta mal es él. Agravia a quien sea con tal de salvar el pelaje y salvaguardar el pellejo, mientras Veracruz es un caos en todos los órdenes, las finanzas desechas, la corrupción a todo vapor, la impunidad en su mayor nivel, libres por autoexculpación los miembros del gang, los traficantes de recursos públicos que usaron para el robo de elecciones, porque para eso sirve el contubernio con la PGR y para eso inventó al fiscal Culín, alias Luis Ángel Bravo Contreras.

Arremete ahora contra los adultos mayores, el “oro molido” del que hablaba Salvador Manzur, su delfín, pillado en aquel video y en aquellos audios que evidenciaron la inagotable capacidad del priísmo para sacar votos de debajo de las piedras, de los beneficiarios de los programas sociales, de los necesitados. Primer distractor.

Va por ellos el titular de Sefiplan, Antonio Gómez Pelegrín. Se les trata ahora como viejos defraudadores, que han cobrado sin derecho alguno, que teniendo pensión o estando inscritos en otros programas federales, han venido disponiendo de recursos de manera ilegal.

Difunde Sefiplan que no son los 40 mil ancianitos que refleja el padrón ni los 100 mil de los que hablaban Javier Duarte y Karime Macías, su señora y titular del DIF, en un alarde por cooptarlos, por insertarlos en el ejército de votantes cautivos, para hacer de ellos y sus familias voto efectivo a favor del PRI. Son, si acaso, 34 mil.

Y de esos 34 mil sólo 6 mil son legales. Los otros 28 mil son, según el criterio desmedido de la Sefiplan, un sonoro y descarado fraude. Esos 28 mil ancianos no tienen derecho a nada por ser pensionados, por ser beneficiarios de programas federales, por depender de familiares con solvencia económica.

De noviembre de 2014 a la fecha el duartismo escamotea las pensiones vitalicias, y en ese lapso, presa del disimulo, no advirtió que la afiliación de adultos mayores estaba plagada de irregularidades. Lo sabía Sefiplan, los antecesores del titular Gómez Pelegrín y el mismo Javier Duarte, pero decidieron callar. Y máxime cuando venía la elección federal y sus votos eran “oro molido”, parafraseando al mapache mayor Salvador Manzur. A eso se le llama omisión cómplice.

Se deshace el gobierno de Javier Duarte de los adultos mayores, los tilda de falsos, etiquetados como fraudulentos como si funcionarios de gobierno, diputados, alcaldes, personal operativo no supieran que esos 28 mil abuelitos eran beneficiarios de otros programas sociales o pensionados. O sea, fue un fraude consentido o un fraude del que el gobernador es actor.

Sus bufones embisten en todos los frentes. Arman circo los diputados priístas y las rémoras del Partido Verde en el Congreso federal, no por la democracia, no por consolidar o corregir las reformas estructurales, no por frenar la caída del peso, no por responderle a Trump, no por acabar con la desigualdad social, sino porque el demonio azul anda suelto y hay que acabar con él. Segundo distractor.

Desatados, los bufones legislativos de Javier Duarte hacen su show. Instan a la PGR que encause legalmente a Miguel Ángel Yunes Linares porque siendo director del ISSSTE en tiempos de Felipe Calderón, le metía millones a sus cuentas bancarias, se construía una mansión en Alvarado, crecía su consorcio de gasolineras y fundaba restaurantes.

Qué desfiguros provoca el miedo. Javier Duarte y su pandilla, coucheados desde las sombras por Fidel Herrera, lanzan al mentado Alberto Silva, El Cisne, a encabezar la embestida, como si el ex alcalde de Tuxpan no cargara con su propio lodo y con su propia fama, como si no fuera la liga directa al empresario Francisco Colorado Cessa, financiador confeso de la campaña de Javier Duarte, dueño de ADT Petroservicios, preso en Estados Unidos y condenado a 20 años de cárcel por lavar dinero de Los Zetas, vía la compra de caballos cuarto de milla, sentencia en suspenso por una apelación, que dio inicio a un nuevo juicio.

Que se sepa, ninguna otra fracción parlamentaria priísta ha montado semejante espectáculo en el Congreso. Les vale Veracruz. Les valen los veracruzanos. Los mueven las fobias y los miedos, la consigna de parar a Yunes en su avance hacia la gubernatura.

El Cisne es único. Su talento tiene un límite: los 140 caracteres del tuit. Así enfrentaba a Miguel Ángel Yunes Linares, polemizando como si esas fueran las funciones del coordinador de Comunicación Social del gobierno de Veracruz.

Hoy vuelve a lo mismo. Como la PGR no reacciona, no exculpa oficialmente a la pandilla duartista, exhibe oficios de no acción penal por las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por desvío de recursos federales. O sea, las ratas y el proceso de autoexculpación. Tercer distractor.

Al fiscal Bravo Contreras también le toca su parte del show. Suelta que uno de los malosos acribillados en Nuevo Veracruz traía entre sus pertenencias un teléfono celular propiedad de uno de los ocho jóvenes universitarios agredidos la madrugada del 5 de junio, en Xalapa. Ajá.

Bendita fortuna. Pretende “Culín” sembrar la hipótesis de que a los jóvenes universitarios los agredió el crimen organizado, no los esbirros de Seguridad Pública, no el grupo parapolicíaco entrenado en la Academia El Lencero, a la que alude un policía que intentó protestar en un evento cívico en Xalapa, y que soltara que ahí, de donde emergen policías acreditables, se viola a los elementos. Eso es tortura extrema.

“Culín” Bravo es la pura fantasía. Sólo falta que alguien le crea. ¿Qué acaso los malosos fueron quienes integraron el reporte Balance Electoral 2015 de Seguridad Pública, donde a los activistas sociales los tildan de “desestabilizadores”, donde aparecen los nombres de maestros universitarios, de alumnos, de defensores de derechos humanos, de ambientalistas, de dirigentes de partidos políticos?

Lo de “Culín” también es psiquiátrico. Arma los casos, los narra, une las piezas y al final no hay quien le crea. ¿De veras imagina que alguien se traga la hipótesis de que a los universitarios los agredió un grupo de malosos, sabido que quienes les traían ganas eran los esbirros del “general” de cero estrellas, Arturo Bermúdez? La obsesión suplanta a la realidad. Cuarto distractor.

Con lo que sea, como sea y al precio que sea, Javier Duarte quiere distraer. Lo apabulla el crimen del fotoperiodista Rubén Espinosa, colaborador de Proceso, Cuartoscuro y AVC, que huía del gobernador, que era asediado por agentes vestidos de civil, que se exilió en el DF, que fue ubicado en la ciudad de México y que el 31 de agosto, lo ejecutaron junto con la activista Nadia Vera y tres mujeres más. Y ahora la Procuraduría del DF enmascara el móvil con un caso de robo de droga.

No soporta Javier Duarte que le griten “asesino”. No admite que en las marchas griten “fuiste tú”. Amenaza, vía su embaucador en turno, Flavino Ríos Alvarado, el nuevo secretario de Gobierno, que irá por quienes le han enjaretado la autoría intelectual del crimen del periodista. Y llora. Quinto distractor.

Al gobernador sólo se le puede imputar el clima de repudio y odio contra los comunicadores, llamarles “manzanas podridas”, recetarles un “pórtense bien”, decirles “expresión de la delincuencia” y que algunos están vinculados a las mafias. Y después, por obra y gracia de la casualidad, los matan. Nada más.

Su responsabilidad es moral. La de algunos miembros de gobierno es real. Su policía golpea y reprime, asesta golpes, roba material fotográfico, intimida, amenaza y encarcela. Es la parte activa de la represión duartista.

Así usa Javier Duarte el distractor. Que acusen a Yunes, que reactiven la agresión a universitarios, que exoneren a las ratas de palacio, que enloden a los adultos mayores, que amenacen a los que difaman.

Se trata de distraer y que no le llamen “asesino”. Eso duele.

Archivo muerto

Le pueden llamar corrupto, acusarlo de enriquecimiento ilícito y de tener cuentas hasta en Indonesia. Le pueden imputar eso y más. Pero dice Miguel Ángel Yunes Linares que no por ello dejará de denunciar a Javier Duarte, de documentar sus dichos ante la Procuraduría General de la República, de llevar a juicio a los diputados que lo embistieron desde la sede del Congreso. Habló ayer el diputado federal electo en XEU, la estación radiofónica de la familia Pazos. Acusa al gobernador de Veracruz de orquestar la denuncia de los 400 Pueblos, de usar como empleados a los diputados priístas y verdes, de ser el artífice de una escalada política. Refiere Yunes Linares que a las denuncias que aún no desestima oficialmente la PGR, se agregan otras más, correspondientes al ejercicio 2012, que implican a Javier Duarte y al grupo compacto, la pandilla, los que se han robado “muchos miles de millones de pesos”. Yunes Linares sostuvo que habló con la procuradora Arely Gómez y le pidió que se abriera la averiguación previa y lo investigara; le ofreció no rendir protesta como diputado federal para no escudarse en el fuero constitucional y enfrentar cualquier pesquisa judicial. “Es una cortina de humo de Javier Duarte”, dice el diputado panista en torno a la embestida de los legisladores. Remata con la revelación del empresario chino Zhenli Ye Gon, acusado de narcotráfico y exonerado en Estados Unidos, quien asegura que tenía relación con el entonces senador y luego gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán. Véase Proceso… Despido masivo en la Sedesol federal de Marcelo Montiel. Dejan la delegación en Veracruz más de mil trabajadoras asignadas al programa Cruzada Contra el Hambre, el programa estrella del peñanietismo. Con ello, se desmantelan 11 mil comités comunitarios. Según una de las trabajadoras despedidas, Karla Mora Cruz, se van y les quedan a deber cinco meses de salario. El argumento es que se termina el empleo por falta de presupuesto… Malas nuevas para la familia Quintanilla. Falla la justicia en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y obliga a que en la disputa de un predio, área afectada por el Libramiento Vial, entre la Central Camionera y el Río Coatzacoalcos, se pague la planilla de liquidación de sentencia por más de 90 millones de pesos a favor de Sistemas de Ingeniería, Medición y Control, S.A. de C.V. Debe erogarlos la SCT, pero el origen del conflicto lleva el sello Quintanilla. Es aquella historia en que los Quintanilla usaron dos sentencias judiciales clonadas y las hicieron aparecer como argumento para acreditar que los terrenos de la Sucesión Bringas no existían. Los números de juicio correspondían a casos totalmente distintos —uno de ellos por pensión alimenticia— y se pudo demostrar que personal del juzgado se embarró en el caso. Eso es fraude y uso de documento falso. De eso se valió Jaime Quintanilla Garza para cobrar 5 millones de pesos, que le pagó la SCT panista, la cual se negó a recuperar esa cifra pese a que judicialmente se demostró fueron pagados con sentencias clonadas. Años después el caso se revierte. Ordena un juez —1 de septiembre— el pago de la planilla de liquidación de sentencia a Sistemas de Ingeniería, Medición y Control, S.A. de C.V. y, en consecuencia, la SCT tendrá que cobrárselos a quien le provocó el daño patrimonial, o sea los Quintanilla, los que usaron el documento falso. Si la SCT no lo hace, será acusada de incumplimiento de un deber legal. El cheque ya existe y los fondos eran para obras en el estado de Baja California, ahora canceladas y que servirán para pagar la liquidación…

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