CAMALEÓN

Si escuchamos con detenimiento el discurso que emplearon Claudia Pavlovich y Jaime Rodríguez siendo candidatos al gobierno de sus respectivos estados, Sonora y Nuevo León, y los comparamos con el que emplean una vez que resultaron ganadores deberíamos asumir que van en serio en eso de aplicar la ley a quienes hayan utilizado las posiciones de poder para  obtener ganancias ilícitas. Ambos actores políticos pertenecen a filiaciones partidistas de diferentes signos políticos respecto de sus antecesores, destaca el de Rodríguez porque obtuvo el triunfo por la vía independiente, pero el denominador común en su discurso fue el tema anticorrupción, una materia que por lo visto es rentable electoralmente.

Aunque no con la determinación que se desea, de cualquier manera asistimos a un espectáculo en el que, ya sea por venganza política o por verdadera vocación para combatir a los corruptos, se ha venido actuando en esa lógica. Si bien a Humberto Moreira se intentó encubrirlo al grado de nombrarlo al frente del PRI nacional, los datos duros del manejo del recurso público durante su gobierno en Coahuila hicieron imposible sostenerlo y tuvo que emigrar del país. No ocurrió lo mismo con Granier, de Tabasco, cuya extrema cleptomanía lo puso a tiro de la justicia pues las evidentes muestras de sus latrocinios facilitaron que su sucesor, Arturo Núñez, lo pusiera tras las rejas. En el primer caso, en Cohauila, el gobierno sucesor es priista y hermano del gobernador saliente, por lo que en inicio hubo encubrimiento, pero la cloaca la destaparon senadores panistas exhibiendo información sobre las corruptelas de Moreira; en el tabasqueño, el sucesor, aunque ex priista ascendió al poder amparado bajo las siglas del PRD, ha aplicado la ley al priista Granier, cuyas burdas tropelías impidieron siquiera un intento por defenderlo desde el PRI.

Pero, ¿realmente existe una correlación entre la alternancia y la lucha contra la corrupción? No es un tema que invite a respuestas apriorísticas pues subyace un acentuado riesgo de llegar a conclusiones erróneas. Esa experiencia ya la comprobaron quienes sostenían que con la llegada al poder de un mayor número de féminas se reducirían los índices de corrupción en la administración pública casi en automático; sin embargo, la realidad arroja informes que develan ausencia de correlación entre género y honestidad en la función pública; casos como el de Amalia García, quien no salió bien librada de los señalamientos que difundió su sucesor priista en el gobierno de Zacatecas en que hacía alusión a presuntos latrocinios; cierto es que una golondrina no hace verano pero se anota como antecedente. En la aldea jarocha no requerimos casos a distancia porque tenemos un voluminoso registro sobre el paso de mujeres al frente de gobiernos municipales donde el balance en términos de transparencia y honestidad no les favorecen: Acayucan, álamo, Alvarado, Minatitlán, Xalapa, Zongolica, etc., son muestras más que fehacientes.

Huelga señalar que en esos casos nada tuvo que ver la alternancia en el poder para exhibir corruptelas, pues los señalamientos surgieron en el seno de la opinión pública de los respectivos municipios, en algunos de los cuales la acción de la justicia llegó hasta el ámbito judicial, pero en los más ha habido manifiesta voluntad de encubrimiento e impunidad.

Estudiosos de la Ciencia Política atribuyen a la desigualdad del ingreso, la globalización económica, el marco regulatorio electoral e institucional moderno, como elementos de una fuerza generadora de la participación ciudadana, que a su vez es considerada como propulsora de la alternancia en el gobierno; los investigadores ubican el inicio de estos fenómenos en la década de 1980, en las recurrentes crisis económicas que derivaron en inflaciones y devaluaciones intermitentes; en el marco normativo de la Reforma Política puesto en práctica en la elección federal intermedia de 1979. La devaluación del peso y las crisis económica durante el gobierno del presidente De la Madrid (1982-1988) impactaron severamente a la clase media mexicana, de allí el resultado de la elección federal de 1988, que pudiera considerarse como un parteaguas electoral por la combinación de una baja votación para el candidato priista a la presidencia de la república, las dudas sobre el resultado electoral y un elevado número de diputados oposicionistas en la Cámara Federal. Circunstancias que coincidieron con la creación del IFE en 1991, y por una intensa participación ciudadana en 1996 arrebataron al gobierno la organización de los procesos electorales con un órgano electoral “ciudadanizado”.

La observación desde nuestra perspectiva de tiempo y lugar nos permite avizorar que en 1989 se produjo la alternancia en un gobierno estatal (Baja California), después vinieron como en cascada en 1991 Guanajuato, San Luis, Michoacán, etc., junto al otro hito de 1997 cuando el PRI pierde el gobierno del Distrito Federal y la mayoría en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; tres años más tarde este proceso culmina con la alternancia en la presidencia de la república, y nueve años después, 19 entidades federativas habían experimentado la alternancia en el gobierno estatal; la era del partido hegemónico había pasado a la historia.

Aún queda en la hipótesis las interrogantes: si la alternancia política no ha detenido la corrupción, ¿qué ingredientes más se requieren para abatirla? Si la solución no está en el género, si la alternancia no garantiza honradez administrativa, ¿dónde radica la causa de la corrupción? Cuando el presidente Peña Nieto señaló causas culturales para este fenómeno pocos se asociaron a esa idea aduciendo que era cuestión de voluntad desde el poder. Pero no es nada oculto que el elemento cultural es aporta importante, muchos años de coloniaje insertaron ese mal entre muchos otros; por otro lado, si es asunto de voluntad entonces debemos esperar los acontecimientos, entre otros la manera en cómo cumplirán sus respectivas alusiones discursivas los flamantes gobernadores de Sonora y de Nuevo León. ¿Resistirán la presión de cercanos y amigos para abstenerse de proceder contra sus antecesores tal cual ofrecieron? Sería un primer planteamiento.

Pero ellos ya se hicieron del poder, otros siguen manejando el discurso anti corrupción desde su posición de pre candidatos, como ocurre en Veracruz en dónde con los matices del estilo personal incluso los pretendientes del PRI subrayan en sus discursos la lucha contra la corrupción. Los senadores José Yunes Zorrilla y Héctor Yunes Landa, del PRI, han asumido la necesidad de aplicar las leyes anti corrupción y hace lo propio el panista Miguel Ángel Yunes Linares; el tema vende, y ya sea por estrategia electoral o por genuina vocación para transformar la administración pública veracruzana, quien llegue al poder en 2016 tendrá que ofrecer resultados para demandar una contraprestación ciudadana en 2018, porque la ciudadanía exige correspondencia entre discurso y realidad y cambios sustanciales en la forma de ejercer el poder y el manejo del recurso público. ¿Los dejarán hacer?

alfredobielmav@nullhotmail.com

20-septiembre-2015.