carreteras2Redacción- 2015-09-2208:26:36

La elevada cantidad de excepciones previstas en la nueva propuesta de reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionado con las Mismas (LOPSRM) propicia la corrupción, la falta de transparencia, la rendición de cuentas y la posibilidad de que la contratación se diluyan en, por lo menos, 300 unidades administrativas del gobierno federal, haciéndola más compleja de observar, coincidieron instituciones de la sociedad civil.

De acuerdo a lo publicado por El Economista, la opacidad en adjudicaciones directas y el discrecional uso del sistema CompraNet también ocupan a expertos de Transparencia Mexicana, el Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura y el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), entre otros, que buscan hacer los cambios requeridos.

Este lunes, representantes de 11 organizaciones civiles y sociales ofrecieron una conferencia para alertar que el actual documento de trabajo que se analiza en el Senado de la República, hecho público a finales del mes pasado, no abona a mejorar los procesos de licitación, algunos de ellos polémicos por presuntos favoritismos a empresas de la construcción con la aplicación de la normatividad vigente.

“Traten de seguir la historia de OHL en México a través de documentos públicos. No van a poder reconstruirla, porque están puestos a cuentagotas, a discreción y conveniencia. Es importante que exista apertura y esta ley necesita generar confianza”, comentó la directora de México Evalúa, Edna Jaime Treviño.

La propuesta del Senado

Una de las “grandes modificaciones” que se han hecho a la minuta entregada por la Cámara de Diputados al Senado el 10 de diciembre del 2014 está referida en la redacción del artículo 1 bis de la ley, que señala que quedan exceptuadas “las personas de derecho público de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los entes de carácter federal que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas…”.

Anteriormente decía “entidades” y al cambiar a “entes”, se abren las puertas a la discrecionalidad, se destacó en el encuentro.

A pesar de que la propuesta del artículo 41 detalla que la selección del procedimiento de excepción que realicen las dependencias y entidades “deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que concurran en cada caso y cumplir con los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que resulte procedente para obtener las mejores condiciones para el Estado”, se considera que no es suficiente para tener los mejores procedimientos.

El Economista / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO