Sin título10 de septiembre de 2015 12:33- 
Guillermo Nieto Arreola, quien causó la muerte de dos personas y dejó tres más en estado delicado de salud, en un accidente automovilístico la mañana del martes, trás ser liberado por las fuerzas policíacas, debido al argumento de que “tenía fuero” por ser magistrado, fue acorralado por gente de su mismo nivel y también con influencias en el sistema político de Veracruz: Los Callejas, quienes ante la agencia del Ministerio Público lo doblegaron para que depositara lo correspondiente a la reparación de daños, como se le conoce en el argot judicial.
La familia Callejas intervino en este asunto, por su relación de parentesco con las dos personas que perdieron la vida en la supercarretera Raudales-Las Choapas.
Ante las autoridades judiciales se confrontaron las dos partes y pusieron en evidencia que la justicia de Veracruz sólo actúa con influyentismo.
El Magistrado del Poder Judicial del Estado de Chiapas, Guillermo Nieto, reflejó el grado de impunidad y corrupción en Veracruz, pues él tenía que haber sido procesado como cualquier ciudadano común y no ser liberado inmediatamente, señaló el vicepresidente de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, Homero Gutiérrez Melchor.
Las personas que fallecieron por la irresponsabilidad del funcionario judicial fueron los choapenses: Alfonso Tadeo Montero de 30 años de edad y su madre, Matilde Montero Montero de 62 años, quienes vivían en el poblado El Sahuayo, perteneciente a este municipio, mientras que tres personas más, entre éstos una menor, se encuentran delicados de salud.
El también presidente de la Barra de Abogados de Coatzacoalcos, Homero Gutiérrez, aclaró que el magistrado no tiene fuero por delitos del orden común, y tenía que responder de manera directa por un acontecimiento de esta naturaleza. Basado en la Constitución Política, en sus artículos 109 y 111, Guillermo Nieto como servidor público tenía que sujetarse a las leyes penales y de ninguna manera se vuelve “intocable” con el simple hecho de ser magistrado.
Desde el momento en que fue retenido por la Policía Federal o Municipal e ingresó a la cárcel o en el lugar que lo hayan mantenido, estaban obligadas las autoridades a realizarle inmediatamente un certificado médico, pero como no se le hizo se cayó en el delito de encubrimiento e incumplimiento de un deber legal, porque como autoridad preventiva ellos debían ponerlo a disposición de la agencia del Ministerio Público del fuero común.
No obstante, bajo el pretexto de que era servidor público, es evidente que las autoridades policíacas y judiciales lo encubrieron en todo momento. Y sostuvo que “casos como éstos, dejan pruebas palpables e indiscutibles de corrupción, fomento de la impunidad y como consecuencia abonan al alto índice delincuencial que se ha dado precisamente en todo el país”.
Asimismo, lamentó que este magistrado, quien es perito en materia de derecho, haya ignorado que, al encontrarse bajo los influjos del alcohol, violaba la ley desde el momento mismo en que se puso al volante de un vehículo automotor, lo hizo desplazarse, condujo de manera temeraria y provocó un accidente que causó no sólo daños materiales, sino que provocó la muerte de dos personas y dejó tres más lesionadas.
El abogado Homero Gutiérrez dijo que se cometió una serie de abusos y delitos en este caso, donde incluso hasta el Ministerio Público faltó a su ética y responsabilidad como autoridad, pues permitió la excarcelación del causante del accidente y en ningún momento sancionó a nadie, convirtiéndose en cómplice de esa impunidad y cayó en el incumplimiento de un deber legal.
Al plantearle al especialista en materia penal que las autoridades se excusaron en decir que recibieron órdenes “desde arriba” para liberar al magistrado que causó la muerte de dos personas, respondió: “No importa, podrá venir del cielo, con el respeto de nuestro Señor Jesucristo, pero no tiene la obligación de obedecer instrucciones ilegales que constituyen un delito, él puede resistirse a esa orden y tiene la obligación de proceder, y si el Ministerio Público tiene consecuencias porque actuó conforme a derecho, le cae la viga al que le quiso imponer o lo cesó de una manera arbitraria”.
Guillermo Nieto Arreola, es magistrado del Poder Judicial del Estado, en la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 04, de Pichucalco, Chiapas, el cual provocó un aparatoso choque en la supercarretera Raudales-Las Choapas a la altura del kilómetro 34+750, ya que con su camioneta de lujo impactó por alcance a un vehículo Pontiac, lo lanzó contra los pilares de un puente peatonal y posteriormente volcó y se arrastró la unidad por más de 50 metros.
Paga la “reparación de daños”
El magistrado Nieto Arreola después de ser liberado por la policía, estuvo hasta las cuatro de la mañana en la agencia del Ministerio Público del fuero común en el careo con los familiares de las víctimas (los Callejas), quienes no lo dejaron ir hasta que firmaron los acuerdos, por lo que declaró lo que según había sucedido y se mantuvo en la postura de que él circulaba de manera normal y que “el vehículo Pontiac se le atravesó”.
Como reparación del daño, el magistrado pagó cinco mil salarios mínimos por cada difunto; es decir, depositó 350 mil pesos por cada víctima, en total fueron 700 mil pesos, aparte pagaría el vehículo en el que viajaba la familia accidentada y los gastos funerarios, con lo que prácticamente quedó absuelto de todo delito.
 
Los cuerpos de Alfonso Tadeo y Matilde Montero fueron velados ayer en un domicilio de la calle Encinos de la colonia La Sabana y este jueves serán sepultados en el panteón municipal. Alfonso se dedicaba a la ganadería y dejó dos menores de edad en la orfandad; Doña Matilde sededicada a labores del hogar. Ambos vivían en el poblado El Sahuayo.
Magistrado utilizó influencias
Una vez ocurrido el accidente, el funcionario judicial se comunicó con sus familiares en el estado de Chiapas, reportándole lo sucedido, la versión la dio a su manera; también tuvo contacto con altos funcionarios del gobierno del Estado de Chiapas, a quien les solicitó su intervención para que “abogaran” por él, contactándose con autoridades de la Fiscalía del estado de Veracruz.
De acuerdo con funcionarios judiciales de este municipio, ciertamente la “orden vino de arriba”, al magistrado se le tenía que dar todas las atenciones, el certificado clínico que le realizaron varias horas después resultó que sólo tenía resaca, pues un día antes había ingerido bebidas alcohólicas; todo salió a su favor y el tiempo que estuvo en la agencia del Ministerio Público fue en calidad de libre.
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