Que se recuerde, las fiscalías creadas para investigar el asesinato de Luis Donaldo Colosio, como tampoco la que se designó para clarificar responsabilidades en el atentado en contra del cardenal Posadas Ocampo, lograron aceptables niveles de credibilidad en la opinión pública, por el contrario dejaron más enredos que claridad.

Lo anterior parece no entenderse en el gabinete presidencial y al llegar a un año sin haberse resuelto en todas sus aristas la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la respuesta oficial ha sido la misma que en otros casos: una fiscalía especial que investigue los hechos; es muy entendible que la protesta social siga en ascenso.