Las tragedias que han sucedido con el desgajamiento de cerros e inundaciones tienen que ver con las precarias condiciones en que viven miles de familias que sin opción alguna se ven obligadas a ocupar las márgenes de los ríos o las laderas de los cerros, ante la falta de ofertas de parte del estado en materia de vivienda o de suelo apto para uso habitacional.

A eso hay que agregar la espiral de corrupción que se establece entre desarrolladoras inmobiliarias y las oficinas responsables de regular el crecimiento de las zonas urbanas mediante el otorgamiento de licencias de construcción y dictámenes de uso del suelo. Desde luego los estudios de impacto ambiental se extienden sin control alguno, de otra manera no se explicaría la proliferación de miles de casas habitación construidas sobre médanos, pantanos o lagunas.