Camaleón
Por Alfredo Bielma Villanueva
08 de octubre de 2015

Cuando en 2009 Rodrigo Medina tomó posesión del gobierno de la entidad nuevoleonesa muchos ojos en la república estuvieron atentos a cuanto hacía, se destacaba su juventud pues a pesar de su inexperiencia había confianza en su desempeño. Después vino Veracruz, en donde la juventud y el noviciado político de Duarte de Ochoa eran “peros” que la esperanza superaba; había ilusionadas expectativas, tras la terrible cruda al despertar del maléfico embeleso de seis largos años de retórica prestidigitadora. Un sexenio después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informa que la deuda heredada a Medina por su antecesor José Natividad González Parás ascendía-al 4 de octubre de 2009- a 27 mil millones de pesos; sin embargo, para 2014, en el quinto año de gobierno de Medina, ya superaba los 46 mil 952 millones 900 mil pesos, y para este año la cifra es de 61 mil 179 millones 600 mil pesos, aunque el sucesor de Medina en el gobierno, Jaime Rodríguez, estima que supera los 100 mil millones de pesos y anuncia que dedicará los próximos seis meses a aclarar y buscar las raíces de la corrupción.

En Nuevo León se produjo la primera elección de un gobernador de origen apartidista; utilizando la vía independiente que la reforma constitucional puso a la disposición de la ciudadanía mexicana, Jaime Rodríguez, “El Bronco”, ganó la elección el 7 de julio pasado en un escenario donde la premisa principal de su campaña fue el discurso anticorrupción que utilizó con bastante éxito, el mismo del que la candidata priista decidió utilizar en el último tercio de su campaña proselitista, pero ya era demasiado tarde: los empresarios, una ciudadanía agraviada por la elevada corrupción en el gobierno estatal, y el bajo perfil competitivo de la propia candidata dieron el triunfo al independiente.

Al quinto año de gobierno de Duarte de Ochoa los números de la deuda pública navegan en la especulación porque es más creíble el discurso de la realidad que la retórica oficialista: de cien mil calculan algunos, otros ochenta mil, el gobierno estatal la supone en 45 mil millones. Lo único que es dable asegurar con certeza es la inconformidad de diversos sectores de la población veracruzana respecto de las acciones del gobierno estatal, al que el sector empresarial exige transparencia e informes acerca del destino que se le dio al recurso proveniente del impuesto al 2% a la nómina antes de incrementar su tasa al 3 %.

Una democracia cabal no encuentra explicación sin la presencia de Partidos Políticos y la activa participación ciudadana, son organizaciones sine qua non para que la sociedad mantenga abiertas las vías para manifestar su voluntad. Sin embargo, en los tiempos que corren, en México la aceptación de los Partidos Políticos está en su mínima expresión a causa de la Partidocracia, un fenómeno incubado al interior del Sistema Político Mexicano como reacción de la clase política para defender intereses con raíces en el corporativismo, el ejercicio patrimonialista del poder, los cacicazgos sociales, económicos y políticos (en cámaras de empresarios, en sindicatos, en organizaciones campesinas) y en las Cámaras legisladoras cuyas bancadas atienden consignas partidistas al margen del interés general.

Cuando Vicente Fox no pudo implementar los programas ofrecidos en su campaña proselitista repartió entre los gobernadores-21 de ellos priistas- cientos de millones de pesos para que sus respectivas diputaciones no opusieran resistencia a las pocas políticas públicas que logró aplicar; de esa manera se pervirtió aún más la política mexicana y acentuó el grave divorcio de la clase política respecto de los intereses de la sociedad, que paradójicamente es el ente que le delega el poder.

Como resultado de la disociación del político respecto del compromiso social, al privilegiar los intereses de la elite en el poder sobre los de la sociedad, las cúpulas partidistas y de gobierno obedecen a consignas ajenas al interés colectivo; una expresión de esto último es notable cuando al crearse instituciones para adecentar las elecciones o la función pública, colateralmente se legisla a modo, de tal manera de mediatizarlas a través del nombramiento de sus titulares, ya directamente por parte del gobernante o bien disfrazándolo a través de los Congresos, cuyas bancadas legislativas obedecen la consigna tirada desde sus respectivos partidos. Así se ha comprobado en el antiguo IFE cuando se decidió el cambio de ciudadanos a consejeros, o en el INE cuyos consejeros en el fondo son producto de cotos por bancada legislativa. Respecto de nombramientos por los gobernadores a nadie escapa que se legisló para que la designación de los titulares de los órganos de Control y de Fiscalización se acomodara para someterlos en base a comprometidos y complicidades con quien propició su asunción al cargo.

De esta manera, la sociedad permanece en ayuno participativo porque los legisladores atienden la consigna que se les señala desde las elites de poder. El ciudadano que al ingresar a la arena política desea ejercitar los mecanismos de auténtica representatividad es cooptado y sumado sin más a grupos y grupúsculos. Una muestra de esto último lo ejemplifica paladinamente la bancada priista en el Congreso local y sus adláteres de los partidos satélites, a punto de votar, sin más, la ampliación de 2 % a 3 por ciento del impuesto a la nómina, sin escuchar previamente al sector empresarial, el que crea los empleos. (Lo mismo hizo al aprobar que los hoteleros contrataran a un contador que acreditara su pago del impuesto al hospedaje, medida rechazada por los empresarios). Es muestra también del autoritarismo que permea en las acciones de gobierno cuya situación política-financiera cada vez se torna más grave.

Contra esa clase de políticos sin compromiso social se votó mayoritariamente en Nuevo León, por la esperanza de un cambio; el voto fue contra la partidocracia, “contra la corrupción sin llenadera y el delirio de muchos que se creyeron reyes y no gobernantes; que donde había ciudadanos, veían súbditos; que donde había dinero público, veían botín. Hoy les digo claro y fuerte: se les acabó la fiesta a los bandidos…” dijo El Bronco”. Pero, y sin embargo, inició ¡qué coincidencias! contraviniendo su discurso de campaña: al igual que en Veracruz Duarte de Ochoa ofreció en 2010 desaparecer el impuesto a la tenencia y no cumplió, tampoco Jaime Rodríguez lo cumplirá “por problemas financieros”.

De cualquier manera, semejanzas y desemejanzas aparte, en Nuevo León Jaime Rodríguez ganó la elección postulado como independiente y como tal vapuleó durante la campaña electoral al gobierno priista de Rodrigo Medina acusándolo de corrupto; acá en Veracruz la oposición personificada por Miguel Ángel Yunes Linares dice lo mismo del gobierno de Duarte de Ochoa. La “pequeña” diferencia es que aquí  se escuchan voces admonitorias contra la corrupción oficial  también desde el interior del PRI. ¿Qué vendrá?

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