1 Tronco
Por Alfredo Bielma Villanueva
Columna CAMALEÓN

 

 Definitivamente, aparte de onerosas las asesorías en el gobierno veracruzano no funcionan como debieran o simplemente no se les escucha; de lo contrario no asistiríamos a los desaciertos a que nos tienen acostumbrados desde la cúpula del poder político veracruzano, un día sí y al otro también.

Lo más reciente, una vez que el hilarante caso de la caña de pescar pasó a formar parte de la anécdota (aunque subyace en el virtuosismo de un conflicto con efectos a futuro), ahora se nos receta el caso contra el alcalde de Boca del Río, a quien diputados de la fracción priista local acusan de enriquecimiento ilícito y la Fiscalía General con eficiencia nunca vista, se apresta a cumplimentar ese proceso. Por si algo faltara en este conflictivo y ya desaforado escenario, de ñapa se agrega la solicitud de desafuero que presenta la Fiscalía General del estado en contra del diputado Renato Tronco.

Por sus antecedentes, a estas alturas resultaría ocioso que desde la esfera gubernamental se pretendiera persuadir a la opinión pública veracruzana arguyendo que la vocación tras de estas acciones está en la estricta aplicación de la ley, sería una empresa inútil porque la tendencia a utilizar los mecanismos de la “justicia” en contra de los adversarios políticos es comprobadamente genética: justicia y gracia para los de casa, garrote y cárcel contra el adversario. ¿Puro cuento? Mejor les cuento, pero antes una premisa: “En Veracruz si se es incondicional del gobierno se tiene garantizada la impunidad”.

En 2007 se celebró la elección intermedia de alcaldes y diputados locales del gobierno de Fidel Herrera Beltrán; una de las estrategias del gobierno consistía en menguar al adversario atacando sus lados débiles; así se hizo contra Renato Tronco, alcalde panista con licencia que competía para diputado local; el Procurador de Justicia, Emeterio López Marquez le recordó el caso del asesinato del regidor de Las Choapas en el que se le imputaba la autoría intelectual; hay “un expediente abierto, que en su momento habrá de desahogarse y se aplicará la ley contra quien resulte responsable; no puedo revelar cuando podría ejercitarse la acción por la secrecía de la investigación”, fue el mensaje intimidante.

Apuntalando esa intención Reynaldo Escobar, Secretario de Gobierno, en carta abierta le hizo saber a Tronco: “…El ciudadano Renato Tronco Gómez, alcalde con licencia del municipio de Las Choapas y candidato del PAN a la Diputación Local por el XXX Distrito Electoral, es de esos seres que tergiversando la realidad de los hechos que el pueblo de Las Choapas conoce, en relación a la muerte del regidor de su comuna Alfredo Pérez Juárez, pretende convertirse en mártir, fingiendo ser víctima de una persecución que sólo existe en su conciencia y que seguramente lleva muchas noches de insomnio por el gran remordimiento que en la intimidad de su casa le ha de invadir! …debe tener la seguridad de que en el Estado de Veracruz, se vive el Estado de Derecho (sic) que en materia constitucional y penal establece el artículo 21 de nuestra Carta Magna y se respeta el fuero constitucional que para los Presidentes Municipales establece el artículo 115 de nuestra Ley Fundamental, por lo que tiene garantizada su libertad personal y política para seguir actuando, y cuando se hayan agotado los presupuestos jurídicos que lo protegen, entonces sí tendrá que enfrentar al aparato judicial que conoce de este penosos asunto”.

Sólo fue una tentativa y Tronco fue diputado.

Pero, ¡Oh! Sorpresa, para 2010 Renato Tronco es nuevamente candidato ¡ahora por el PRI! a alcalde, entonces el gobernador Herrera Beltrán le ofrece todo su apoyo: “¿Cuánto necesitas? Yo te lo hago llegar. —Renato Tronco: Sí, mire, la verdad a mí me apena señor, créame que me apena, porque a usted se lo dije y se lo prometí. Mi lealtad es para usted, pero sí hay cosas que sí me han dejado…—Fidel Herrera: Todo lo que te hayan dejado tirado lo levantamos, pues estoy ahorita en plenitud del pinche poder; tengo el gobierno en la mano”.

Tronco fue diputado y otra vez alcalde y nuevamente diputado, ¿y la acusación por el asesinato del regidor? Permaneció guardada, como espada de Damocles, mientras se asoció al gobierno todo se olvidó y el caso fue sobreseído en 2011, pero ahora es “opositor” y la solicitud de desafuero pende sobre su cabeza. (Que conste: sólo destacamos la aplicación diferenciada de la ley, si Tronco es o no culpable es asunto que no nos corresponde juzgar).

En 2010, el alcalde de Pánuco, Ricardo García Guzmán renunció al PRI para apoyar la candidatura del candidato panista al gobierno del estado, Miguel Ángel Yunes Linares. De inmediato, en abril de ese año la Procuraduría de Justicia dio entrada a un documento en que se le acusa de presuntos delitos de peculado, abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal, por lo que se solicitó el juicio de desafuero en su contra.

Se dio entrada a la LXI Legislatura del Estado al oficio PJG/FESP/093/2010VI para iniciar la investigación ministerial. El Orfis había dictaminado un faltante de 12 millones 26 mil pesos en la Cuenta Pública 2008; pero la Procuraduría General de Justicia del Estado solicitó a la Legislatura estatal el desafuero de García Guzmán por los presuntos delitos en agravio de la Hacienda Municipal de Pánuco por 2 millones 635 mil 960 pesos. (Para hacer los señalamientos se utilizaron los servicios de los ediles: Miguel Paz Ponce, Roberto Rivera Argüelles, Rigoberto Castellanos Ahumada, Carolina Dulce Navarrete, Sofía del Sagrario de León Maza, Carlos Javier Rivera Mata y María Celia Rocha).

Antes de la elección de 2010, hubo arreglos y el alcalde acusado por “agravio” a la hacienda municipal fue nombrado en la dirección del Instituto de Administración Pública y ahora está al frente de la Contraloría del estado en el gobierno de Duarte de Ochoa.

El actual alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez,  ya conoce de estos manes, pues en su primera gestión se inició en su contra la Averiguación Previa 522-2010, basada en la denuncia presentada por el Presidente del Comité Municipal del PRI y el testimonio de una persona que dice haberlo escuchado cuando pidió el voto a favor del PAN durante su visita a una colonia (Nada ocurrió).

Otro caso es el del minatitleco Pablo Pavón Vinales, reconocido ex priista, que cuando anunció su candidatura a alcalde por el PAN, de inmediato se inició en su contra una averiguación por el delito de amenazas que presentó un trabajador petrolero (fue encarcelado).

 José Abella, de Córdoba, apenas fue presentado como candidato del PAN a Presidente Municipal se presentó en su contra una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Similarmente, a Gonzalo Guízar Valladares, candidato del PAN a Presidente Municipal de Coatzacoalcos, se le amagó con iniciar averiguación previa por no haber comprobado viáticos durante su gestión como diputado local priista.

Sui géneris y maltratado Estado de Derecho el nuestro, porque entre políticos que no se rebelan hay decenas de casos con probadas tropelías y sin embargo han sido promovidos políticamente. ¿Nombres?

Están en Acayucan, Minatitlán, Coatzacoalcos, Córdoba, Xalapa, y decenas de etcéteras más que vox populi conoce.

¿Estado de Derecho?

¡Bah!

alfredobielmav@nullhotmail.com

11-octubre-2015.