Enojo y decepción ha causado entre  el sector empresarial la decisión del Gobierno del Estado para destinar al pago de deuda pública una parte de la recaudación que se logre del cobro del impuesto a la nómina; la condena es unánime y señalan diferentes líderes empresariales que el manejo de estos recursos originados en la creación del empleo ha sido irregular; se dejaron de lado los propósitos de este impuesto que en su origen tenía la creación de obras de infraestructura y de carácter social.

Es en este sexenio cuando más se agudizaron los manejos irregulares, la opacidad y las obras inconclusas como el túnel sumergido en Coatza, los libramientos de Cardel y de Tlacoltalpan. Peor aún se acaba de incrementar en un 50 por ciento dicho impuesto, por lo que resulta una verdadera afrenta enterarse que ese esfuerzo económico será destinado a pagar una deuda que sólo el gobierno sabe cómo ha utilizado.