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Insólito: Tribunal Estatal de Conciliación solicitó la vinculación del Ejecutivo

El mandatario debe responder por un despido injustificado en José Azueta 

Resultó contraproducente el blindaje duartista para evitar los embargos 

Por Jaime Ríos Otero

 

En pleno martes 13, la cabeza del gobernador de Veracruz vuelve a ponerse en la picota:

El Juzgado Segundo de Distrito en la Entidad le ordena al mandatario Javier Duarte de Ochoa que reinstale a un trabajador del ayuntamiento de José Azueta y le pague los salarios caídos y otras prestaciones, bajo la advertencia de que, si no lo hace en el término de 3 días, procederá a separarlo del cargo como titular del Poder Ejecutivo.

El juez federal Alejandro Quijano Álvarez, determinó este martes realizar la vinculación del gobernador, de los Integrantes del Cabildo del Ayuntamiento Constitucional de José Azueta, Veracruz, y del Congreso estatal, para que cumplan la sentencia amparadora que le da la razón al empleado azuetense.

Lo anterior se publica hoy miércoles en la página web del Poder Judicial Federal, relacionado con el expediente laboral 462/2007-II y el incidente de inejecución de sentencia, tramitado en el juicio de amparo 2381/2013.

Firmada por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito, Juan Guillermo Gasca Esperón, la resolución ya fue emitida y publicada este día, a la vez que enviada a los vinculados y comienza a correr el término. La abogada litigante es la licenciada Pía Irene Salazar Santana.

Este asunto es similar a las situaciones anteriores, en que tanto el titular del Poder Ejecutivo como la totalidad de los integrantes del Congreso, son requeridos (vinculados es el término jurídico) para que cumplan lo que no ha podido o no ha querido realizar una autoridad diversa.

La primera información sobre una situación de este extremo, fue cuando el Poder Judicial Federal emitió la mañana del viernes 10 de octubre de 2014, un acuerdo mediante el cual vinculó al gobernador y al Congreso para que cumplieran la sentencia dentro del amparo indirecto 2285/2013, que ordenó reinstalar a 2 trabajadoras despedidas por el Poder Legislativo y pagarles alrededor de 7 millones de pesos, con la advertencia de que si no ejecutaban lo ordenado serían separados de sus cargos y consignados penalmente.

El asunto fue litigado por el Despacho Viades, Llanes y Asociados, y sentó un precedente en cuanto a los criterios para resolver este tipo de asuntos, derivado de que el propio gobierno intentó evadir el embargo de bienes del Estado mediante un “blindaje” legal.

Aunque tanto el gobernador como el Congreso, vía su director jurídico, Vito Lozano y el propio presidente, Juan Nicolás Callejas Arroyo, intentaron desviar la atención y atacar el prestigio de los abogados, acabaron por pagar.

José Azueta no obedeció

En el caso presente, los antecedentes revelan que el 21 de agosto de 2015, dentro del expediente laboral 462/2007-II, el veintiuno de agosto de dos mil quince, no se llevó a cabo la diligencia de reinstalación del quejoso Víctor Manuel Hernández Acevedo, en el Ayuntamiento Constitucional de José Azueta, Veracruz.

En la misma fecha, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado, requirió al Presidente Municipal, Síndico, Regidores Primero, Segundo, Tercero, Cuarto del mencionado Ayuntamiento para que se reunieran para señalar bienes del dominio privado, susceptibles de ser embargados y suficientes para cubrir la cantidad adeudada al actor (aquí quejoso), o procedieran a desincorporar bienes de uso común o los afectos a un servicio público, para convertirlos en bienes de dominio privado.

El veintiuno de septiembre del presente año, el tribunal responsable acordó que la entidad demandada se encontraba tomando las medidas a fin de solucionar el conflicto de que se trata, la cual le informó que determinó aprobar por unanimidad la desincorporación del inmueble propiedad del Ayuntamiento, ubicado en la Avenida Benito Juárez, sin número, colonia Tejeda, de José Azueta,  Veracruz.

Sin embargo, la autoridad responsable no proveyó lo conducente respecto a la reinstalación del quejoso Víctor Manuel Hernández Acevedo, en el Ayuntamiento Constitucional de José Azueta, Veracruz.

El trabajador mandó un escrito con el que manifiesta que la autoridad responsable no dio cumplimiento al fallo protector de veintiuno de marzo de dos mil catorce, aun cuando ha transcurrido el término señalado en la Ley de Amparo, sin que el Tribunal responsable ejecutara el laudo emitido en el expediente laboral 462/2007-II.

Multan a Fernando Charleston, presidente del Tribunal estatal

El juzgado menciona que la sentencia de referencia causó ejecutoria el veinticuatro de abril de dos mil catorce, y se ordenó su cumplimiento en  ¡28 acuerdos!, por lo que finalmente concluye que “analizadas las constancias enviadas en diversas ocasiones por la autoridad responsable, las cuales obran agregadas en autos, se concluye que no ha dado cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo”.

Por lo anterior, decide que: se impone al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado (TECA), con sede en esta ciudad, una multa por el equivalente de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal”.

En el caso, el multado es el magistrado Fernando Arturo Charleston Salinas, que por cierto estaba recién llegado al puesto.

Suprema 2Magistrado Charleston, presidente del TECA

De esta manera, finalmente fue el propio Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje el que le pide al juzgador federal que vincule al Gobernador y al Congreso del Estado.

Con lo anterior, el Tribunal estatal se aparta de una línea clásica de sometimiento y protección tanto al Ejecutivo como al Legislativo, en que prefería violentar los derechos laborales que molestar a gobernadores y diputados.

Está siendo víctima de su propia maldad

El hecho de que tanto el gobernador como el Congreso estén siendo vinculados al cumplimiento de la sentencia de amparo es producto de la decisión tomada por el régimen duartista, a través del entonces secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, para no cumplir los laudos que terminaban en embargo de bienes y cuentas estatales.

La historia comienza cuando Rubén Ricaño Escobar enderezó duras críticas periodísticas al entonces alcalde Reynaldo Escobar Pérez por las obras de saneamiento, pero luego Reynaldo llegó a la Secretaría de Gobierno, donde Ricaño trabajaba, y lo cesó.

Entonces el profesor, analista y retórico presentó demanda laboral por despido injustificado, que litigaron los especialistas del prestigioso despacho Viades, Llanes y Asociados. Como consecuencia, los abogados le vaciaron las cuentas de Banorte a la Secretaría de Gobierno, lo que irritó al recién llegado Gerardo Buganza Salmerón, quien, apenas asumir la Secretaría de Gobierno, se vio sin recursos.

Así que Buganza le ordenó al Congreso que le “blindara” los haberes estatales mediante la reforma a la Ley de Bienes del Estado de Veracruz, para que quedara, desde 2011, señalando, en su artículo 7, que: “Todos los bienes muebles o inmuebles que son propiedad del Estado son inembargables. En consecuencia, no podrá emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado o de su Hacienda. En este caso, la sentencia se comunicará al Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga”.

RubénMaestro Rubén Ricaño Escobar.

Esto aparentemente cerraba la posibilidad de que los trabajadores despedidos pudieran hacer efectivos sus derechos económicos. Esa reforma fue conocida como la “ley Ricaño”.

Sin embargo, ante la imposibilidad de usar la vía de apremio y los actos de ejecución, el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Séptimo Circuito, resolvió un recurso de revisión donde estableció que:

“… para hacer efectivas las sentencias dictadas a favor de particulares en contra del Estado de Veracruz, la sentencia debe comunicarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado para que de acuerdo con la Ley autorice la erogación que se imponga en el laudo; es decir, que la legislación del estado de Veracruz, prevé otra forma para cumplir los laudos, y no sólo el embargo de bienes y la vía de apremio o mandato de ejecución. Máxime que el propio Congreso del Estado de Veracruz, emitió esa disposición legal y, por tanto, es el principal obligado a observarla….