CAMALEÓN

“Es patológicamente honesto”, esta fue una expresión que el gobernador Rafael Murillo Vidal (1968-1974) solía utilizar con mucha frecuencia para destacar la honestidad con la que se conducía en la Dirección de Obras Públicas el ingeniero Francisco Ríos Cano, quien permanecía en ese cargo desde el gobierno de Fernando López Arias (1962-1968). Como Ríos Cano,  en gran proporción, los servidores públicos respetaban la integridad del presupuesto a su cargo, eran tiempos en los que la sociedad no gastaba en mantener Contralorías que “evalúan”,  “controlan” y “vigilan” el manejo del recurso público, había corruptelas sin duda, pero las atemperaba la moderación y el escrúpulo por exhibir un súbito cambio de condición económica.  ¿Cuándo, en qué periodo pudiéramos ubicar en Veracruz el año axial a partir del cual se potenció la corrupción en el manejo de los recursos públicos por una clase política que de pronto se convirtió en voraz presupuestívora?

Vale anticipar: no que la corrupción fuera desconocida en México y en Veracruz durante el siglo XX, pues este fenómeno social representa uno de los elementos históricos que venimos cargando desde la colonia, cosificado en los actos de rapiña de las tropas al servicio del Poder, hasta la venta de indulgencias por la Iglesia, acompañados por la voracidad de inmigrantes europeos ávidos de riqueza fácil expoliando a los aborígenes y arrebatándoles sus tierras. Ni el movimiento de independencia ni la Revolución Mexicana lograron menguar la corrupción; no pasamos del lacrimoso “ya nos saquearon, no nos volverán a saquear”, de López Portillo, ni del tímido y frustrado intento de la renovación moral de De la Madrid.

Sin embargo, en el caso particular de nuestra entidad, la corrupción se ha entronizado en el servicio público de manera escandalosa, vino escalando hasta llegar al ejercicio del poder con sentido inmoderadamente patrimonialista. No es ésta una versión de la realidad que extrañe o sorprenda, pues entre otras muchas, una referencia inobjetable son los fraccionamientos “de lujo”, en Xalapa y otras ciudades veracruzanas de importancia, poblados y sexenalmente acrecentados por la arribazón de los “nuevos ricos”.

Aquí, en esta sufrida aldea, sostenemos un aparato administrativo obeso, plagado de “aviadores” suculentamente bonificados, con burocracia cuyo crecimiento incontrolado absorbe anualmente una gran tajada del presupuesto. El caso del Poder Legislativo es típico, sirve para un estudio de caso sobre el crecimiento desordenado e injustificado de la empleomanía: En la década de los setenta del siglo pasado este Poder de gobierno contaba apenas con un medio centenar de empleados; la Oficialía Mayor, la Jefatura de Glosa y una Jefatura Jurídica formaban sus mandos medios, no más; 16 diputados integraban este Poder, y la entidad veracruzana se dividía políticamente en 203 municipios. No había calculadoras, mucho menos computadoras; los 15 o 20 empleados ocupados en el departamento de Glosa para revisar las cuentas municipales hacían lo que podían para “vigilar” el gasto público municipal. Un auditor, dependiente de la Dirección de Gobierno del Poder Ejecutivo, era comisionado a municipios señalados por sus cuentas irregulares. Obviamente, sin control alguno los ayuntamientos se llevaban lo poco que había.

Para otorgarle “genuina representación” a los diferentes sectores de la población mexicana se acrecentó el número de distritos electorales y se crearon diputaciones de representación proporcional, de tal manera que ahora son 50 “representantes populares”; y para  evitar latrocinios en el ámbito municipal se creó un Órgano Fiscalizador cuyo presupuesto anual rebasa los 350 millones de pesos; en el Congreso se creó una Comisión de Vigilancia y la empleomanía llega a 616 trabajadores, la entidad cuenta con 212 municipios, sólo 9 más que en los setenta del siglo XX. El equipamiento administrativo del Congreso consta de un número considerable de computadoras, copiadoras, moderno sistema de conteo de votos, un conmutador telefónico con tecnología “de punta. ¿Esto ha servido para reducir la corrupción en el nivel de gobierno municipal? ¿Cuál es el costo-beneficio de los “avances” referidos?  La respuesta es obvia, de esos nuevos órganos solo obtenemos información previamente seleccionada sobre quienes cometieron abusos y cuánto se llevaron, pero ninguna señal de que la corrupción va en menoscabo. El daño al erario es como antaño, solo que investigarlo resulta más oneroso.

Por otro lado, en el Poder Ejecutivo se creó una Contraloría, que con el correr del tiempo se multiplicó para ubicarse una en cada Secretaría o entes fiscalizables. Pero de poco ha servido porque cuando encuentra irregularidades no se registran con la autenticidad que se desea para limpiar de corruptelas al sector público. De acuerdo a la apreciación ciudadana y al discurso de actores políticos que aspiran gobernar la entidad la corrupción asume proporciones extraordinarias en el sector público, tal presunción invita a que los sectores organizados de la población veracruzana debieran unificar sus respectivas representatividades para luchar al unísono contra ese cáncer social. Que es enorme, si consideramos que el propio gobernador Duarte de Ochoa pareció reconocer en su discurso del domingo 27 de septiembre en el World Trade Center, cuando le sugirió al senador Yunes Landa que “pesque” al otro lado del estero en donde los “peces” “son peores”. O sea, de este lado son corruptos, pero poquito.

Por cierto, y a propósito de la corrupción, la OCDE recomienda a los senadores de la república que cuando formateen la Ley secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción “establezcan medidas para evitar actos de simulación, como el hecho de que personajes políticos juzguen casos de corrupción de otros políticos, como ha sido la constante en el sistema mexicano”. “Si son los políticos los que a su vez van a juzgar a los políticos, entonces el sistema nacerá muerto”, les expresó José Roldán Xopa, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Prueba de esa inferencia la encontramos en el marco normativo veracruzano porque acomoda la ley para que el gobernador nombre al Contralor del estado; y esa disposición legal propicia, más que el combate a la corrupción y a la impunidad, una obsecuente complicidad entre el designado y quien lo nombra para que se le “vigile” y “controle”. Así, ¿cómo?

alfredobielmav@nullhotmail.com

4-Octubre-2015.